En un tribunal federal de apelaciones en California se libra una batalla jurídica que, pese a su apariencia menor, podría redefinir los límites entre política migratoria y bienestar infantil en Estados Unidos. Una decisión parental imprudente, en este caso, dejar a dos niños pequeños solos durante media hora para ir a comprar pijamas puede convertirse, quince años después, en motivo suficiente para la deportación.
Ese es el argumento que sostiene hoy la administración de Donald Trump en el caso de Sotero Mendoza-Rivera, un trabajador agrícola indocumentado que llegó desde México a comienzos de los años 2000. El expediente, iniciado durante la presidencia de Barack Obama y ahora reactivado en el contexto de una campaña de deportaciones masivas, se encuentra ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. Su desenlace podría llegar hasta el Tribunal Supremo.
En 2010, Mendoza-Rivera condujo con su pareja a un Walmart en McMinnville, Oregón. La tienda estaba a siete minutos de su apartamento. Sus hijos, de dos y tres años, dormían. Al regresar, el niño menor había salido a la calle. Un transeúnte lo encontró con un biberón en la mano y llamó a la policía.
El agente constató que los niños estaban sanos y que el apartamento estaba limpio y abastecido. Aun así, los padres aceptaron una declaración de culpabilidad por un delito menor de negligencia, pagaron una multa y quedaron en libertad condicional. No hubo daño físico. No hubo acusaciones de abuso.
Quince años después, ese episodio es presentado por el Departamento de Justicia como un “delito de negligencia infantil” que, bajo la ley migratoria, debe implicar expulsión automática.
El núcleo jurídico del caso se remonta a la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, aprobada bajo la presidencia de Bill Clinton. La norma estableció la deportación obligatoria para no ciudadanos condenados por ciertos delitos, incluidos los de “abuso, negligencia o abandono infantil”.
En el contexto de los años noventa, el debate legislativo giraba en torno a crímenes graves: violencia de género, agresiones sexuales, actos atroces contra menores. Pero el lenguaje amplio de la ley ha permitido una expansión interpretativa. Hoy, el gobierno de Trump argumenta que si un estado tipifica una conducta como negligencia infantil, entonces encaja automáticamente en la categoría federal deportable.
El problema es que las definiciones estatales han evolucionado. Conductas que hace décadas se consideraban decisiones cuestionables, pero no criminales, ahora pueden procesarse como negligencia: dejar a un niño solo en un parque, permitirle caminar sin supervisión o, como en este caso, salir brevemente mientras duerme.
Durante las administraciones de Obama y Joe Biden, el gobierno sostuvo posiciones jurídicas similares en teoría, pero ejerció discreción en la práctica. El caso de Mendoza-Rivera avanzó lentamente durante años sin detención. Eso cambió en agosto, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestó y lo trasladó a un centro en Tacoma, Washington.
Bajo la nueva orientación política, la discreción parece haberse reducido al mínimo. La administración sostiene que incluso una desviación “sustancial” del estándar normal de cuidado infantil basta para invalidar el acceso a la “cancelación de deportación”, un alivio legal disponible para quienes llevan más de diez años en el país, tienen buena conducta y cuya expulsión causaría “dificultades extremas” a hijos ciudadanos estadounidenses.
Los hijos de Mendoza-Rivera cumplen ese criterio. Son adolescentes nacidos en Estados Unidos.
En la audiencia ante el Noveno Circuito, el abogado del Departamento de Justicia reconoció que la ley de Oregón no exige probar intención de daño, daño real ni siquiera exposición concreta a riesgo. Aun así, sostuvo que la negligencia implica un “estado mental culpable”.
El juez federal Jed Rakoff cuestionó esa premisa: la negligencia, por definición, es inconsciente; si hubiera conciencia del riesgo, sería imprudencia, una categoría más grave. La discusión, aparentemente técnica, es en realidad filosófica que podría determinar si miles de padres inmigrantes quedan expuestos a la expulsión por infracciones menores en tribunales de familia.
Expertos en protección infantil temen un precedente peligroso. Cada año, millones de padres, muchos de ellos por razones vinculadas a la pobreza, son investigados por negligencia. La falta de guardería, horarios laborales extensos o carencias materiales pueden derivar en procesos administrativos.
Los padres indocumentados, además, afrontan obstáculos adicionales: evitan interactuar con escuelas u hospitales por miedo a la deportación, trabajan jornadas impredecibles y dependen con frecuencia de hijos mayores para cuidar a los menores. Lo que en otras circunstancias sería un asunto local podría convertirse en detonante de expulsión federal.
Los datos sobre casos de negligencia se reportan al gobierno federal a través del Sistema Nacional de Datos sobre Abuso y Negligencia Infantil. Aunque no hay evidencia pública de que ICE esté utilizando activamente esa base para identificar objetivos, expertos advierten que el cruce de bases de datos amplía el potencial de vigilancia.
La Casa Blanca defiende el caso como parte de un compromiso con la seguridad pública. Sin embargo, juristas señalan la disonancia respecto a cómo contribuye a la seguridad expulsar a un trabajador agrícola sin antecedentes violentos cuya única condena fue una falta menor hace quince años.
El propio Mendoza-Rivera ha vivido casi un cuarto de siglo en McMinnville, donde trabajó recolectando y empaquetando frutas y verduras. Hoy permanece detenido en Washington. Su familia ha perdido ingresos y estabilidad. Sus hijos enfrentan la posibilidad de crecer sin su padre en el país donde nacieron.
El caso puede parecer anecdótico, pero en realidad se sitúa en la intersección de tres tendencias: la expansión del derecho penal en la crianza, la automatización de la deportación y la erosión de la discreción ejecutiva.
Si el Noveno Circuito avala la interpretación amplia del gobierno, el concepto de “delito de negligencia infantil” podría abarcar un espectro de conductas que el Congreso de 1996 difícilmente imaginó. Y en un régimen que prioriza la expulsión masiva, esa expansión doctrinal no sería marginal: redefiniría quién puede quedarse en Estados Unidos y bajo qué condiciones.