La Administración Trump ha convertido el uso de los fondos federales en una herramienta de coerción política sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. Lo que comenzó como un pulso ideológico en torno a la inmigración y la autoridad de los gobiernos estatales se ha transformado en una política sistemática de represalia institucional contra los estados que votaron en su contra en las elecciones de 2024.
La señal más reciente llegó con la exigencia extraordinaria de información sobre casi la totalidad del gasto federal asignado a catorce estados y Washington DC. Ningún precedente respalda una intrusión de tal magnitud. Según el informe de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), al que Diario Sabemos ha tenido acceso, el objetivo sería "identificar" los flujos de financiación hacia gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro en dichos territorios. No obstante, el propio texto admite implícitamente que esta información sería la base para retenciones futuras de fondos, una estrategia ya declarada ilegal por múltiples tribunales federales.
El patrón está perfectamente documentado. A comienzos de enero, la Casa Blanca intentó congelar ilegalmente miles de millones de dólares destinados al cuidado infantil y programas sociales en cinco estados dirigidos por gobernadores demócratas. Los tribunales intervinieron con rapidez, pero el movimiento reveló la lógica interna del Ejecutivo: castigar mediante la financiación pública. La misma dinámica se observó en la cancelación de 7.000 millones de dólares para proyectos de energía limpia, decisión que un juez calificó de “claramente discriminatoria” por estar motivada en el voto político de cada estado.
En lo que va del año, la Administración no se ha limitado al ámbito presupuestario. Distintas informaciones del New York Times y Politico señalan que funcionarios políticos instruyeron al Departamento de Justicia (DOJ) para abrir investigaciones selectivas contra universidades situadas en estados demócratas, sin indicios previos de violaciones legales. Un abogado del propio Departamento, que más tarde dimitió, describió así la dinámica: “Solo se nos indicó investigar estados demócratas; los demás casos quedaron archivados”. La frase resume la esencia del nuevo orden administrativo: la justicia y la financiación federal como extensiones de la lealtad política.
El impacto trasciende la coyuntura electoral. Esta instrumentalización del gasto público debilita la confianza acumulada entre el gobierno federal, los estados y el sector civil, pilares de la gobernanza estadounidense desde el New Deal. Cada intento de retener fondos federales introduce incertidumbre en ámbitos clave: desde la infraestructura y la respuesta sanitaria hasta la investigación científica y la educación pública. Universidades, empresas y gobiernos locales operan ya bajo la sospecha de que sus recursos dependen no de méritos ni de necesidad, sino de su alineamiento con Donald Trump.
En términos económicos, el efecto es corrosivo. La inseguridad regulatoria inhibe la inversión privada, retrasa los proyectos estratégicos de largo plazo y debilita el crecimiento. Pero sus implicaciones políticas son aún más graves: bajo la apariencia de un federalismo competitivo, Estados Unidos se desliza hacia una forma de clientelismo institucionalizado, donde la lealtad partidista determina el acceso a los bienes públicos nacionales.
La corrupción, en este contexto, deja de ser una anomalía y se convierte en una consecuencia estructural del poder discrecional. Cuando el dinero de los contribuyentes se gestiona para castigar adversarios y premiar aliados, no sólo se deforma la economía; también se socava el alma del Estado de derecho estadounidense.