La Administración Trump amenaza a sus aliados y exige la destrucción sistemática de la Corte Penal Internacional

A mediados de julio de 2026, una reunión ordinaria de los treinta y dos embajadores atlánticos se transformó en el escenario de un ultimátum geopolítico. El enviado de la administración Trump, Matthew Whitaker, pidió la palabra para lanzar un mensaje directo, desprovisto de los adornos habituales de la diplomacia tradicional: Estados Unidos exige la destrucción sistemática de la Corte Penal Internacional y reclama a sus socios que rompan de inmediato con el Estatuto de Roma.

Tal y como ha publicado Político, la escena, revelada por tres diplomáticos presentes en el encuentro que exigieron mantener el anonimato para proteger sus funciones, concluyó con una advertencia tajante por parte del representante norteamericano. Washington advirtió de forma explícita que se mantendría extremadamente atento para fiscalizar qué países apoyan los intereses estadounidenses y cuáles eligen situarse al lado del tribunal de La Haya. Lo que en el orden del día figuraba como un asunto secundario terminó convirtiéndose en el punto de inflexión de una relación transatlántica exhausta, mermada por meses de fricciones acumuladas sobre el equilibrio militar y la soberanía jurídica.

La intervención verbal de la delegación estadounidense no fue un exabrupto improvisado, sino la punta de lanza de una campaña gubernamental minuciosamente planificada desde el Departamento de Estado. En paralelo a la reunión de los embajadores, la misión de Washington distribuyó un documento de trabajo a las delegaciones diplomáticas con una consigna contundente: acelerar la demolición operativa del tribunal internacional antes de que sus investigaciones alcancen a personal o mandos militares norteamericanos.

El dossier insta a las cancillerías europeas a revisar la supuesta amenaza que el tribunal representa para sus propias soberanías nacionales, demandando que condenen de manera pública la que consideran una injerencia inaceptable. El texto exhorta a los países miembros de la OTAN a suspender de forma inmediata cualquier contribución económica o soporte logístico destinado a sostener la infraestructura del organismo. La meta expresada en la nota norteamericana apela a poner fin a lo que califica como una farsa jurídica. La maniobra busca neutralizar un tribunal creado en 2002 para juzgar los crímenes más deplorables de la humanidad, en un momento en que la Casa Blanca percibe el derecho internacional como una trampa diseñada para limitar el margen de maniobra de sus fuerzas armadas.

Esta embestida contra la justicia transnacional no constituye un hecho aislado, sino que se integra en una doctrina exterior volcada en desmantelar los marcos multilaterales que restrinjan la capacidad de acción de la administración norteamericana. La campaña de la administración Trump contra los organismos internacionales se ha traducido en los últimos meses en el abandono definitivo del Acuerdo de París sobre el clima, la salida de la Organización Mundial de la Salud y la congelación de fondos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El diseño conceptual de esta ofensiva lleva el sello inequívoco del secretario de Estado Marco Rubio. El jefe de la diplomacia estadounidense ha elevado el tono de sus intervenciones, denunciando que las instituciones multilaterales utilizan los tratados internacionales para restringir la soberanía de Washington. En sus declaraciones más tajantes, ha llegado a calificar la actividad del tribunal de La Haya como una agresión formal contra el país, librada no con armamento pesado, sino con normas y tratados multilaterales.

La respuesta de los aliados europeos ha puesto de manifiesto la distancia que separa las visiones del orden internacional a ambos lados del Atlántico. Durante la sesión en Bruselas, potencias como Francia y los Países Bajos encabezaron la resistencia interna, reafirmando de inmediato su compromiso incondicional con la corte. Mientras las autoridades holandesas recordaban que la sede de La Haya encarna la defensa del derecho frente a la arbitrariedad de la fuerza, la delegación francesa ratificó la validez del Estatuto de Roma. Todos los países integrados en la alianza atlántica, con la única excepción de Turquía y los propios Estados Unidos, son Estados parte del tribunal internacional.

Para contrarrestar la firmeza europea, la diplomacia estadounidense ha empezado a trasladar la presión al ámbito bilateral. El escrutinio del Departamento de Estado a los países de la OTAN amenaza con vincular la asistencia militar y la cobertura de seguridad atlántica a la posición que adopte cada nación frente al tribunal. Esta estrategia coercitiva se ha visto respaldada por medidas de represalia directa, como la imposición de sanciones financieras y restricciones de visado dirigidas contra altos mandos de la corte, incluida su presidenta, Tomoko Akane.

Esta disputa judicial irrumpe en un contexto de vulnerabilidad extrema para la arquitectura defensiva del bloque occidental. Las crecientes tensiones en la Alianza Atlántica venían acumulando fricciones de envergadura, desde la negativa europea a secundar las operaciones militares en Oriente Medio hasta los episodios de tensión diplomática provocados por las aspiraciones de Washington sobre el territorio autónomo de Groenlandia.

El intento de forzar la liquidación de la corte penal coincide con la implementación de la denominada agenda OTAN 3.0, un marco con el que Washington busca reestructurar el reparto de cargas financieras dentro de la alianza. La distribución de un cuestionario enviado por la diplomacia norteamericana para evaluar el grado de alineamiento de los aliados ha sido interpretada en varias capitales como un mecanismo de chantaje destinado a condicionar la garantía de defensa mutua.

Desde el tribunal penal, sus portavoces oficiales han reiterado la determinación de la institución de mantener la independencia funcional y la imparcialidad que exige el Estatuto de Roma, recordando que su misión prioritaria radica en dar voz a las víctimas y evitar la impunidad de los crímenes de guerra. No obstante, al trasladar el contencioso al corazón de las deliberaciones de la alianza atlántica, la Casa Blanca sitúa a las democracias europeas ante un dilema de consecuencias imprevisibles: ceder ante las exigencias de su principal socio protector o preservar los pilares del derecho internacional sobre los que se cimentó el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial.