El malestar en el transporte por carretera vuelve a hacerse visible. El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha advertido de posibles “protestas masivas” si el Gobierno no actúa con rapidez y pone en marcha un segundo paquete de ayudas que permita sostener la actividad de un sector que lleva semanas operando con márgenes cada vez más estrechos.
El mensaje es claro y viene acompañado de plazos. El organismo, en el que está integrada la patronal Astic, señala que la situación no puede prolongarse más allá del 27 de marzo sin consecuencias. Si no hay una rectificación, advierten, muchas empresas no podrán mantener su actividad en las condiciones actuales.
La preocupación no se limita al propio sector. El CNTC apunta directamente a la cadena logística y al suministro de bienes esenciales. Si las empresas comienzan a detener su actividad por falta de rentabilidad, el impacto no tardará en trasladarse al resto de la economía. Es un escenario que el transporte viene anticipando desde hace semanas y que ahora sitúa como un riesgo inmediato.
Las medidas adoptadas hasta ahora no han conseguido despejar ese escenario. El sector reconoce que algunas iniciativas pueden tener efectos positivos en términos generales, pero insiste en que, en su caso, resultan insuficientes y, en algunos puntos, contraproducentes.
Uno de los ejemplos más repetidos es la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Según el CNTC, esa cifra se reduce en la práctica a 15 céntimos al descontar los mecanismos ya existentes del gasóleo profesional. A eso se añade la incertidumbre sobre si ese ahorro llegará realmente al transportista o quedará absorbido por los ajustes en tarifas y sistemas de indexación.
Ahí es donde el sector pone el foco desde hace tiempo. Reclama una revisión del sistema que permita adaptar de forma más ágil el peso del combustible en los costes de explotación. En otras palabras, evitar que las subidas del gasóleo se trasladen de forma inmediata mientras las bajadas tardan en reflejarse o directamente no lo hacen.
El contexto internacional ha acentuado esa presión. Desde el inicio de la guerra en Irán, el precio del combustible ha incrementado de forma sostenida los costes operativos. El CNTC calcula que cada camión está asumiendo un sobrecoste cercano a los 600 euros semanales, lo que sitúa el impacto global del sector en torno a los 450 millones de euros.
A esa situación se suman las limitaciones en el acceso a ayudas. El organismo considera que restricciones como las del régimen ‘de minimis’ dejan fuera a empresas que están soportando incrementos de costes significativos sin poder acceder a un respaldo proporcional.
También hay críticas hacia las petroleras. El sector denuncia que las subidas del petróleo se trasladan con rapidez a los precios finales, mientras que las bajadas no se reflejan con la misma intensidad. Por ello, reclama una mayor vigilancia por parte de la Administración y no descarta la imposición de sanciones si se detectan prácticas que distorsionen el mercado.
El balance que hace el transporte de las últimas semanas es negativo. Marzo está a punto de terminar sin que se hayan adoptado soluciones que alivien de forma efectiva la situación, y eso empieza a notarse en la viabilidad de muchas empresas.
En este contexto, el CNTC insiste en la necesidad de abrir de inmediato una negociación con los ministerios de Transporte, Economía y Hacienda que permita concretar nuevas medidas. Sobre la mesa no está solo la rentabilidad de un sector concreto, sino el funcionamiento de una actividad que sostiene buena parte de la cadena de suministro y distribución.