La rebaja fiscal aplicada a la electricidad y al gas entra desde este lunes en una nueva fase. El IVA de la luz, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña vuelve al tipo general del 21%, después de haber estado reducido al 10% dentro del paquete de medidas aprobado por el Gobierno en marzo para amortiguar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio. También decae la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que recupera su tipo habitual tras haber estado temporalmente reducido al 0,5%.
La decisión no responde a un cambio político improvisado, sino a una cláusula automática incluida en el decreto anticrisis. El Gobierno había vinculado la continuidad de estas rebajas a la evolución de los precios energéticos. Si en abril el IPC de carburantes, electricidad y gas se situaba más de un 15% por encima del registrado un año antes, las ayudas continuarían. Al no superarse ese umbral en electricidad y gas, las rebajas vinculadas a esos suministros empiezan ahora a desactivarse.
La lectura económica es clara. El Ejecutivo considera que las medidas han cumplido su función principal, contener parte del golpe inflacionista provocado por un shock externo. El INE confirmó que el IPC de abril se situó en el 3,2%, dos décimas por debajo del dato de marzo, con una inflación subyacente del 2,8%. La bajada de la luz y el gas ayudó a moderar el índice general, aunque los carburantes siguieron presionando al alza.
La retirada, sin embargo, no significa que la crisis haya terminado. Significa que el Gobierno empieza a modular la respuesta pública allí donde los precios han dado señales de alivio. Es una diferencia importante, porque la inflación sigue situada por encima del objetivo del Banco Central Europeo y porque el contexto energético continúa condicionado por la guerra en Oriente Medio, la volatilidad del petróleo y la incertidumbre sobre los mercados internacionales.
El diseño de la medida muestra también el equilibrio delicado en el que se mueve la política económica. Mantener rebajas fiscales generalizadas durante demasiado tiempo tiene un coste para las cuentas públicas y puede resultar poco eficiente si los precios ya se han moderado. Retirarlas demasiado pronto, en cambio, puede trasladarse de nuevo a los recibos de los hogares y alimentar la percepción de pérdida de poder adquisitivo. En esa frontera se sitúa ahora la decisión del Ejecutivo.
Las ayudas no desaparecen por completo. Las medidas fiscales sobre carburantes, incluidos los tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes y la devolución parcial del gasóleo profesional, seguirán vigentes hasta el 30 de junio. También continúan las ayudas sectoriales a agricultores y transportistas y los descuentos reforzados del bono social eléctrico, que se mantienen en el 42,5% para consumidores vulnerables y en el 57,5% para vulnerables severos.
La clave política estará en lo que ocurra durante junio. El Gobierno ha anunciado que seguirá monitorizando los precios y reuniéndose con los sectores afectados para decidir si prorroga, retira o rediseña parte del escudo económico. Esa será probablemente la discusión de fondo en las próximas semanas, porque el debate ya no consiste solo en bajar impuestos de forma temporal, sino en decidir qué ayudas deben mantenerse cuando el impacto de una crisis externa empieza a ser desigual entre hogares, sectores y territorios.
La retirada parcial de las rebajas energéticas marca, en definitiva, el paso de una respuesta de emergencia a una gestión más selectiva del riesgo. España deja atrás una parte del escudo fiscal sobre la luz y el gas, pero no abandona todavía la intervención pública sobre los precios más sensibles. Y ahí se resume bien la tensión de este momento: proteger a quienes siguen expuestos sin convertir cada crisis internacional en una rebaja fiscal permanente.