Repsol ha conseguido aplazar el pago de otros 120,3 millones de euros correspondientes al gravamen extraordinario sobre las grandes empresas energéticas. La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la ejecución de la liquidación exigida por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), una decisión que permite a la compañía mantener esa cantidad fuera de las arcas públicas mientras se resuelve el litigio.
Conviene aclarar desde el principio una cuestión fundamental, la Justicia no ha declarado ilegal el gravamen ni ha eximido definitivamente a Repsol de pagarlo. La suspensión tiene carácter cautelar y está condicionada a la presentación de un aval bancario que cubra el principal, los recargos y los intereses de demora correspondientes. El auto, fechado el 28 de septiembre, recoge que la Abogacía del Estado no se opuso a la medida solicitada por la compañía. Esta circunstancia facilitó la decisión judicial, aunque no supone que la Administración haya renunciado a defender la legalidad de la liquidación.
La resolución se suma a otra adoptada en junio, cuando la Audiencia Nacional suspendió también cautelarmente una liquidación de 152,4 millones correspondiente al ejercicio 2023. En conjunto, Repsol ha obtenido la suspensión de la exigibilidad inmediata de más de 272 millones de euros, pendientes de que los tribunales resuelvan sobre el fondo de los recursos.
Los beneficios privados y la contribución pública
El gravamen temporal energético fue aprobado por el Gobierno para los ejercicios 2023 y 2024 en un contexto marcado por la crisis de precios de la energía y las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania.
Su diseño establecía una prestación del 1,2% sobre determinados ingresos de las grandes compañías del sector que superaban los 1.000 millones de euros de cifra de negocios. No era, por tanto, un impuesto directo sobre los beneficios empresariales, una distinción importante para comprender tanto las críticas de las compañías como el debate sobre su aplicación. Repsol fue una de las empresas que más abiertamente combatió la medida. La compañía presidida por Antonio Brufau y dirigida por Josu Jon Imaz cuestionó su configuración y sus consecuencias sobre la inversión, al tiempo que acudió a los tribunales para impugnar las liquidaciones.
La discusión adquiere especial relevancia cuando se examinan las cuentas del grupo. En 2022, Repsol obtuvo un beneficio neto de 4.251 millones de euros, y en 2023 ganó otros 3.168 millones. En 2024 registró un resultado neto de 1.756 millones. Son cifras correspondientes a ejercicios distintos y no permiten, por sí solas, determinar qué cuantía tributaria resulta jurídicamente exigible. Pero sí explican por qué el Gobierno defendió que las grandes empresas energéticas debían realizar una aportación extraordinaria durante una crisis que afectó directamente a hogares y empresas.
El debate de fondo es quién debe soportar el esfuerzo económico cuando los precios de la energía disparan los costes de vida de millones de ciudadanos. Y también hasta qué punto los beneficios empresariales obtenidos en ese contexto justifican mecanismos fiscales excepcionales, siempre dentro de los límites constitucionales y legales.
La polémica también tiene una dimensión política. El Ejecutivo intentó prolongar el gravamen, pero la iniciativa decayó por falta de apoyos parlamentarios. El PNV y Junts se situaron entre las fuerzas que cuestionaron su continuidad, especialmente por las posibles consecuencias sobre la inversión industrial y el empleo. Es un argumento que merece examinarse, porque una fiscalidad mal diseñada puede perjudicar proyectos estratégicos. Pero tampoco debería aceptarse sin discusión que cualquier contribución extraordinaria de las grandes compañías compromete necesariamente la actividad económica.
La propia Repsol anunció en su momento la paralización de decisiones de inversión en proyectos de descarbonización e hidrógeno renovable por la incertidumbre regulatoria. Ese conflicto pone de manifiesto la necesidad de reglas fiscales claras, estables y compatibles con la transición energética.
Una batalla judicial que todavía no ha terminado
La posición jurídica de Repsol se apoya, entre otros argumentos, en su discrepancia con la configuración del gravamen sobre los ingresos y en la interpretación de los principios constitucionales de capacidad económica e igualdad tributaria. Son cuestiones que deberán resolver los tribunales y que no quedan prejuzgadas por las medidas cautelares. Tampoco debe confundirse el importe de las liquidaciones suspendidas con la totalidad de las aportaciones realizadas por la empresa. Repsol ha soportado cerca de 800 millones de euros por el gravamen durante los dos ejercicios de aplicación, según las cifras difundidas sobre este conflicto.
La Audiencia Nacional ha protegido provisionalmente los intereses procesales de la compañía mediante un mecanismo de garantía previsto en el ordenamiento jurídico. Esa decisión debe respetarse. Pero el debate sobre la contribución de las grandes energéticas no desaparece porque una empresa consiga aplazar una liquidación tributaria. La cuestión que permanece abierta es cómo distribuir de forma equitativa los costes de las crisis y qué instrumentos fiscales permiten hacerlo sin vulnerar la seguridad jurídica ni comprometer inversiones necesarias.
Repsol tiene derecho a recurrir las decisiones de Hacienda y a defender sus intereses ante los tribunales. El Estado, por su parte, tiene la responsabilidad de diseñar una política fiscal que responda al interés general y garantice una contribución adecuada de los grandes operadores económicos. La suspensión de 120 millones es una resolución cautelar, no una victoria definitiva sobre el gravamen. Y mucho menos una respuesta al debate sobre quién debe contribuir más cuando una crisis energética encarece la vida de millones de personas.
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