La guerra en Irán empieza a aparecer con claridad en el bolsillo de los españoles y el Gobierno ha decidido recuperar buena parte del arsenal económico utilizado durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. Rebajas fiscales a la gasolina y el diésel, límites a la subida del gas, un precio máximo para la bombona de butano y una cláusula para reducir los impuestos sobre la electricidad forman parte del tercer paquete aprobado desde marzo para contener el traslado del encarecimiento energético a hogares y empresas.
La decisión llega con una señal difícil de ignorar. La inflación se situó en septiembre en el 4,9% interanual, seis décimas por encima de agosto y en su nivel más elevado desde febrero de 2023, según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística. Los carburantes vuelven a encontrarse detrás de buena parte del repunte.
El Gobierno calcula que los tres paquetes adoptados desde el comienzo de la crisis movilizan ya más de 12.000 millones de euros y pretende atravesar el último trimestre del año evitando que el shock del petróleo y del gas termine extendiéndose al conjunto de la economía.
La experiencia de 2022 explica buena parte de la estrategia. La energía no se queda en la factura eléctrica o en el surtidor. Entra en los costes del transporte, la agricultura, la pesca y la industria y termina trasladándose, con retraso, al precio de numerosos bienes de consumo. Economía calcula que durante la anterior crisis energética el mayor impacto sobre los alimentos se produjo aproximadamente entre diez y doce meses después del encarecimiento inicial. El objetivo no consiste únicamente en pagar menos por llenar el depósito en octubre, sino en impedir que la subida del petróleo termine instalada en la cesta de la compra durante 2027.
Veinte céntimos menos en octubre
La medida que tendrá un efecto más visible desde este jueves será la rebaja fiscal de los carburantes. El Impuesto sobre Hidrocarburos se reducirá en el equivalente a 20 céntimos por litro de gasolina y gasóleo durante octubre, 13 céntimos en noviembre y seis céntimos en diciembre. El diseño es decreciente porque el Gobierno espera que las tensiones energéticas puedan moderarse, aunque incorpora una salvaguarda que permitirá recuperar los descuentos superiores si los precios continúan disparados.
Si el indicador previsto supera el umbral establecido, noviembre mantendrá los 20 céntimos y diciembre pasará a 13. También existe la posibilidad de conservar los 20 céntimos en diciembre si la evolución de los precios en octubre activa nuevamente el mecanismo.
La rebaja supone volver a intervenir directamente sobre la fiscalidad de los combustibles, aunque con una fórmula diferente de la bonificación general aplicada durante la crisis de Ucrania. España parte además de una presión fiscal sobre los carburantes inferior a la media de la zona euro: según los datos utilizados por el Gobierno, los impuestos representan alrededor del 39% del precio final de la gasolina frente al 48,1% de media en la eurozona, y el 26,7% en el diésel frente al 39,1%.
La incógnita será cuánto de esa rebaja llega efectivamente al consumidor y qué evolución registra el precio antes de impuestos. Precisamente por eso el Ejecutivo ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un estudio sobre la formación de los precios mayoristas y minoristas de la energía, desde la distribución hasta la comercialización.
El Gobierno intenta evitar así que una reducción fiscal termine absorbida total o parcialmente por movimientos de márgenes dentro de la cadena energética.
El gas iba camino de subir más de un 45%
El segundo frente está en los hogares que utilizan gas natural. La cotización europea superó los 80 euros por megavatio hora durante la segunda semana de septiembre y, sin intervención, su incorporación a la fórmula de la Tarifa de Último Recurso habría provocado una subida superior al 45% en la revisión del 1 de octubre. El Ejecutivo ha decidido impedir ese salto.
La cotización del gas que se incorpora al cálculo de la TUR solo podrá aumentar un 35% respecto al valor vigente, lo que permitirá que la subida final de la tarifa regulada quede alrededor del 15%. La medida afecta a más de tres millones de consumidores y tendrá continuidad durante el invierno. En las posteriores revisiones trimestrales, el aumento máximo de la cotización incorporada a la tarifa quedará limitado al 15% hasta recuperar progresivamente el déficit generado por la intervención.
No significa, por tanto, que desaparezca el encarecimiento. El Gobierno aplaza y reparte parte del impacto para evitar que una subida internacional excepcional llegue de golpe a las facturas precisamente al comienzo de la temporada de calefacción.
El mismo principio se aplica al butano. La bombona regulada cuesta actualmente 18,84 euros y tendrá un precio máximo de 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027. Sin el límite, las sucesivas revisiones podrían trasladar progresivamente el encarecimiento internacional de los gases licuados del petróleo al consumidor. La protección tiene especial importancia porque el butano mantiene un peso considerable en hogares con rentas bajas y en viviendas que no disponen de otros sistemas de calefacción o agua caliente.
La luz tiene su propio cortafuegos
La electricidad presenta por el momento una situación diferente. El crecimiento de las renovables ha reducido la exposición del mercado eléctrico español al encarecimiento internacional del gas respecto de la anterior crisis energética, aunque el Ejecutivo ha decidido mantener preparada una salvaguarda fiscal.
Aquí conviene precisar una cuestión importante. El mecanismo no se activa porque el IPC general supere el 15%, sino si la inflación de la electricidad en septiembre aumenta un 15% respecto al mismo mes del año anterior.
Si se cumple esa condición, el IVA de la electricidad bajará del 21% al 10% para los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios y para los beneficiarios del bono social. El Impuesto Especial sobre la Electricidad descenderá simultáneamente del 5,1% al 0,5%. La reducción del IVA se extendería también al gas natural, las briquetas, los pellets y la leña.
A ello se suma el escudo social aprobado con anterioridad para todo 2026. Los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico se mantienen en el 42,5% para consumidores vulnerables y en el 57,5% para vulnerables severos, continúa la ayuda mínima de 50 euros del bono social térmico y permanece la prohibición de cortar los suministros básicos de agua y energía a hogares vulnerables.
El Ejecutivo intenta así establecer varias líneas defensivas diferentes: contener los combustibles que alimentan directamente la inflación, impedir saltos bruscos en las facturas domésticas y reforzar la protección de los hogares con menor capacidad económica.
Campo, pesca y transporte ante el encarecimiento
El paquete tampoco termina en los consumidores particulares. El transporte profesional por carretera mantendrá durante el último trimestre las ayudas vinculadas al gasóleo profesional, con un sistema que oscilará entre cinco céntimos por litro en octubre, 12 en noviembre y 19 en diciembre, sujeto también a los ajustes previstos por el mecanismo de salvaguarda.
Los profesionales que no puedan acogerse a esa devolución dispondrán de ayudas directas extraordinarias en función del número y tipo de vehículos. También habrá apoyo para el transporte marítimo y una nueva línea destinada al ferrocarril de mercancías, con 15.000 euros por locomotora diésel.
En el campo se mantiene hasta el 31 de diciembre la ayuda sobre el gasóleo agrario, y la pesca conservará la compensación destinada a los armadores por el incremento del coste del combustible.
La lógica vuelve a ser preventiva. Un litro de gasóleo más caro no afecta únicamente al agricultor, al camionero o al barco pesquero que lo compra. Acaba incorporándose al coste de producir, transportar y distribuir los alimentos que llegan al supermercado.
Por eso Economía ha pedido también a la CNMC un estudio específico sobre la cadena alimentaria y la formación de precios. El recuerdo de la crisis de Ucrania pesa especialmente en este punto: el traslado del shock energético hacia los alimentos no fue inmediato y continuó presionando los precios mucho después de los primeros incrementos del petróleo y del gas.
Un escudo que compra tiempo
Las medidas aprobadas contienen precios, pero no pueden eliminar la causa que los está elevando. España continúa importando buena parte de los combustibles fósiles que consume y sigue expuesta a las oscilaciones internacionales del petróleo y del gas.
El propio diseño del paquete lo reconoce. Las rebajas a los carburantes disminuyen progresivamente, los límites al gas generan cantidades que deberán recuperarse posteriormente y las reducciones fiscales de la electricidad están condicionadas a la evolución de los precios.
El Estado puede amortiguar el golpe, repartirlo durante más tiempo y proteger especialmente a quienes tienen menos capacidad para soportarlo, pero no puede aislar indefinidamente a la economía española de una crisis energética internacional.
De ahí que el paquete incluya también medidas menos visibles para aumentar las reservas de gas natural licuado durante el invierno y reforzar los mecanismos de ahorro energético. Las reservas previstas en las plantas de regasificación aumentarán hasta el equivalente a 21 días distribuidos durante los cinco meses invernales, frente a los 16,5 días contemplados el año anterior.
La gran incógnita estará en la duración de la guerra y en la evolución del petróleo. Si las tensiones se prolongan, los 12.000 millones comprometidos hasta el momento pueden no ser el final de la factura pública. Si los mercados energéticos se estabilizan, el Gobierno podrá retirar progresivamente las ayudas sin convertirlas en permanentes.
Por el momento, el IPC del 4,9% ha enviado una advertencia suficientemente clara. La guerra ha dejado de ser únicamente una noticia internacional y vuelve a aparecer en el depósito del coche, en la calefacción y, si el encarecimiento energético persiste, terminará haciéndose notar también en muchos otros precios.
España vuelve así a una estrategia conocida desde la crisis de Ucrania. Utilizar impuestos, tarifas reguladas, ayudas y reservas energéticas para levantar un cortafuegos entre una guerra exterior y las economías domésticas. La cuestión decisiva será cuánto tiempo tendrá que permanecer encendido.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.