El crecimiento sostenido de las afiliaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ocupa un lugar destacado como síntoma de dinamismo emprendedor en la propaganda económica y laboral del gobierno de Pedro Sánchez. Es más, en todos y cada uno de sus mítines, el presidente del Gobierno, no hace más que soltar la matraca de los 22,6 millones de cotizantes. Sin embargo, nuevamente los datos oficiales vuelven a desmontar la propaganda para mostrar la cruel realidad que viven las clases trabajadoras en la España actual. Al cruzar las cifras de afiliación con la fría contabilidad de la Agencia Tributaria, emerge una radiografía mucho más compleja que cuestiona el relato oficial de prosperidad generalizada.
Según un exhaustivo análisis elaborado por el Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de UPTA España a partir de la estadística fiscal correspondiente al ejercicio 2024, el colectivo de los autónomos opera bajo una profunda dualidad económica. El 57% de los declarantes, cerca de 1,8 millones de personas, se sitúa en los tramos de base imponible inferiores a los 21.035 euros anuales.
Los registros de Hacienda contabilizan un total de 3.142.701 declarantes de actividades económicas divididos en dos velocidades claramente diferenciadas. Mientras 1.791.732 contribuyentes permanecen en la franja baja de ingresos, el 43% restante (1.350.969 declarantes) concentra las rentas superiores, incluyendo a más de 340.000 profesionales que superan los 60.101 euros anuales.
Más allá de esta polarización, el dato que genera mayor inquietud en el análisis de UPTA es el rendimiento neto reducido medio declarado. Se sitúa en 16.427 euros anuales, unos 1.369 euros mensuales. Es decir, queda por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) vigente en 2026, fijado en 17.094 euros al año. Incluso al aislar exclusivamente las declaraciones con saldo positivo, la media apenas alcanza los 19.133 euros anuales, lo que refleja la presión que ejercen los alquileres comerciales, los suministros energéticos y el estrechamiento de los márgenes sobre la rentabilidad real de los pequeños negocios.
IRPF frente a bonificaciones de cotización
Según Eduardo Abad, presidente de UPTA España, estas cifras evidencian algo fundamental. El éxito económico del trabajo autónomo no puede medirse únicamente por el volumen bruto de altas en la Seguridad Social, sino por la capacidad efectiva de los trabajadores para sostenerse dignamente con su actividad.
Desde la organización advierten de que el debate político de los últimos años se ha centrado de forma casi exclusiva en las cuotas, las tarifas planas y las bonificaciones transitorias al emprendimiento, dejando intacto el verdadero nudo gordiano de la rentabilidad: la carga fiscal directa a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
En su diagnóstico dirigido tanto al Ejecutivo como a las distintas formaciones políticas en el actual contexto electoral, UPTA subraya que recortar las cotizaciones sociales no constituye una solución válida. Estas garantizan prestaciones esenciales como las pensiones públicas, la incapacidad temporal o el cese de actividad. En su lugar, la entidad reclama una reforma tributaria específica que reduzca el tipo del IRPF para aquellos autónomos con rendimientos inferiores a los 20.000 euros anuales, amplíe el catálogo de gastos deducibles vinculados a la actividad profesional y avance hacia una mayor equiparación fiscal entre los trabajadores por cuenta propia y las sociedades mercantiles.
El auge de la pluriactividad
El análisis de UPTA incorpora además un fenómeno estructural que matiza las estadísticas de creación de empleo: el crecimiento sostenido de la pluriactividad. Según los datos correspondientes a septiembre de 2026, un total de 275.567 trabajadores compatibilizaban su actividad como autónomos con un empleo por cuenta ajena, lo que supone un incremento de 8.215 personas respecto al año anterior y representa ya cerca del 7,9% del conjunto del colectivo.
Para los analistas de la organización, este repunte responde en buena medida a la necesidad de miles de asalariados de complementar unos ingresos principales insuficientes mediante actividades adicionales, estacionales u ocasionales más que a la consolidación de proyectos empresariales autónomos. Ante esta realidad, el informe plantea la necesidad de diseñar esquemas fiscales y de cotización proporcionados a la dimensión real de estas actividades complementarias sin mermar su protección social y pone sobre la mesa una exigencia de calado: sustituir los incentivos coyunturales por una reforma fiscal profunda que alivie la presión sobre quienes sostienen la base del tejido productivo con los márgenes más estrechos.
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