La figura de Tom Dundon, conocido por su fortuna en el sector de los préstamos para automóviles, vuelve al centro del debate tras la revelación de documentos internos que cuestionan las prácticas de su antigua compañía, Santander Consumer US, y coinciden con su desembarco en el negocio deportivo mediante la compra de los Portland Trail Blazers.
El punto de partida se remonta a 2020, cuando Oregón y otros estados alcanzaron un acuerdo extrajudicial de 550 millones de dólares tras una investigación que calificó sus prácticas crediticias de “abusivas y perjudiciales”. Aquella resolución, lejos de cerrar el capítulo, adquiere ahora una nueva dimensión tras las revelaciones de ProPublica y Oregon Public Broadcasting, que sitúan a Dundon en el centro de decisiones estratégicas que impulsaron el modelo de negocio cuestionado por los reguladores.
Los documentos internos muestran cómo, en 2013, bajo su dirección ejecutiva, la compañía promovió una política destinada a eliminar uno de los pilares tradicionales del crédito responsable: la verificación de ingresos de los prestatarios. Esta flexibilización, presentada internamente como una vía para agilizar operaciones y aumentar el volumen de negocio, permitía a los concesionarios formalizar préstamos sin acreditar la capacidad real de pago de los clientes. El resultado, según los reguladores, fue un sistema que maximizaba beneficios a corto plazo a costa de incrementar el riesgo de impago de forma estructural.
El modelo no solo implicaba asumir mayores riesgos, sino trasladarlos al consumidor mediante tipos de interés más altos. En la práctica, muchos prestatarios accedían a préstamos bajo la expectativa de adquirir un vehículo en propiedad, cuando las condiciones contractuales hacían “casi seguro” el incumplimiento y la posterior recuperación del automóvil. La financiación se convertía así en una trampa financiera, especialmente para los segmentos más vulnerables del mercado crediticio.
Las advertencias internas no fueron inexistentes. Correos electrónicos de responsables de riesgo y cumplimiento normativo alertaban sobre posibles infracciones legales, incluyendo cuestiones relacionadas con la normativa federal y el riesgo de discriminación en la concesión de crédito. Sin embargo, según las conclusiones de la investigación interestatal, estas preocupaciones fueron ignoradas o minimizadas. Reguladores llegaron a describir la actitud directiva como una decisión de “ignorar esta preocupación interna”, consolidando un patrón que priorizaba la expansión comercial sobre la prudencia financiera.
Expertos en regulación bancaria subrayan que la verificación de ingresos constituye uno de los fundamentos básicos de la concesión responsable de crédito. Su eliminación no solo incrementa el riesgo sistémico, sino que destruye la confianza en el sistema financiero. En este caso, la innovación empresarial se aproximó peligrosamente a la desregulación encubierta.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Santander Consumer US no admitió irregularidades en el acuerdo alcanzado con los estados. La salida de Dundon en 2015, acompañada de un paquete de más de 700 millones de dólares, marcó el cierre de una etapa, pero no el final de su influencia en el sector. Su vinculación posterior con Exeter Finance, actualmente bajo investigación, sugiere una continuidad en el ámbito del crédito subprime.
El giro más llamativo de esta historia se produce, sin embargo, fuera del sector financiero. La adquisición de los Portland Trail Blazers sitúa a Dundon en el centro de un debate político sobre el uso de fondos públicos. Las autoridades de Oregón han aprobado cientos de millones de dólares para la renovación del Moda Center, en una operación que podría alcanzar los 870 millones con aportaciones locales.
Este compromiso público contrasta con precedentes recientes en otras ciudades estadounidenses, donde proyectos similares han contado con una participación significativa de capital privado. Incluso en el propio Portland, la construcción original del estadio combinó financiación pública limitada con una inversión mayoritaria privada. La actual negociación, en cambio, plantea interrogantes sobre el equilibrio entre interés público y beneficio privado.
Las autoridades defienden la inversión en términos de impacto económico y reputacional. Mantener a los Blazers en la ciudad se presenta como un elemento clave para la actividad económica y la proyección internacional de Portland. Sin embargo, voces críticas advierten sobre la falta de salvaguardas para los contribuyentes, especialmente a la luz del historial empresarial de Dundon.
El debate adquiere así una dimensión más amplia. No se trata únicamente de evaluar un proyecto de infraestructura deportiva, sino de determinar hasta qué punto las instituciones públicas deben asociarse con actores cuya trayectoria ha sido cuestionada por prácticas financieras agresivas. La tensión entre desarrollo económico y responsabilidad corporativa emerge como el eje central del conflicto.
En este contexto, la historia de Dundon funciona como un espejo de dinámicas más profundas. Por un lado, ilustra cómo el crédito subprime ha servido como motor de inclusión financiera, permitiendo el acceso a bienes como el automóvil a sectores tradicionalmente excluidos. Por otro, revela los riesgos de un modelo que, sin controles adecuados, puede derivar en ciclos de endeudamiento y pérdida de activos.