La batalla judicial que España libra desde hace más de una década por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables acaba de sufrir un importante revés. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado admitir el recurso presentado por el Estado español, una decisión que consolida el criterio de los tribunales inferiores y facilita que los acreedores continúen con la ejecución de los laudos arbitrales en territorio estadounidense.
El procedimiento afecta al litigio impulsado por Blasket Renewable Investments, uno de los fondos que representa a parte de los inversores internacionales perjudicados por la reforma energética aprobada en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Aquella modificación alteró de forma retroactiva el sistema de incentivos a las energías renovables y dio lugar a decenas de reclamaciones internacionales amparadas por el Tratado de la Carta de la Energía.
Con la decisión del Supremo estadounidense, queda cerrada una de las principales vías procesales utilizadas por España para cuestionar la competencia de los tribunales federales norteamericanos. El propio Gobierno de Estados Unidos había recomendado previamente que el recurso fuera rechazado.
La consecuencia inmediata es que los procedimientos de reconocimiento y ejecución de los laudos seguirán avanzando, aunque la resolución no implica todavía el pago automático de las indemnizaciones. España mantiene abiertas otras líneas de defensa jurídica y continuará oponiéndose a la ejecución alegando motivos de fondo relacionados con el derecho de la Unión Europea.
El conflicto tiene una enorme dimensión económica. España acumula alrededor de 27 laudos internacionales pendientes de ejecución y una deuda que supera los 2.300 millones de euros, incluyendo intereses y costas. Además de Estados Unidos, existen procedimientos abiertos en Bélgica, Países Bajos, Australia, Reino Unido y Singapur.
En algunos de esos países las medidas cautelares ya han comenzado a producir efectos. En Bélgica permanecen bloqueados fondos españoles y en los Países Bajos se han iniciado actuaciones sobre bienes vinculados al Estado, como el inmueble que alberga la sede del Instituto Cervantes en Utrecht. Australia y Singapur también han dictado resoluciones favorables a distintos grupos de inversores.
El Ministerio para la Transición Ecológica insiste en que la decisión del Supremo estadounidense no pone fin al litigio y recuerda que la Comisión Europea considera incompatibles con el mercado interior determinados laudos arbitrales, entre ellos el conocido como caso Antin. Bruselas ha instado a España a no proceder a su pago por entender que supondría una ayuda de Estado prohibida.
El enfrentamiento jurídico refleja una colisión cada vez más evidente entre el sistema internacional de arbitraje de inversiones y el ordenamiento comunitario. Lo que está en juego ya no es únicamente el coste económico de unas indemnizaciones millonarias, sino también la seguridad jurídica de las inversiones internacionales y la capacidad de los Estados para modificar sus políticas energéticas sin afrontar litigios durante años. El desenlace de este largo conflicto seguirá marcando un precedente relevante tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea.
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