El Congreso estudia esta semana la propuesta de actualizar los mínimos familiares en el IRPF para quienes sostienen cuidados de ascendientes, descendientes o cónyuges con discapacidad. La medida llega tras más de dos décadas de congelación de los umbrales de renta que determinan el derecho a estas deducciones, lo que ha dejado fuera a miles de hogares que sí afrontan gastos continuos y responsabilidades diarias.
Los umbrales que regulan la deducción en el IRPF para contribuyentes con personas dependientes a cargo permanecen congelados desde 2003. En términos fiscales, el dato es conocido. En términos de vida cotidiana, implica algo muy concreto: hogares que cuidan más y pagan más, mientras las condiciones para acceder a una reducción fiscal permanecen ancladas en un marco de hace más de veinte años. El resultado es una distorsión evidente entre la norma y la realidad económica: pensiones mínimas que ya superan el límite exigido, rentas familiares ajustadas que quedan excluidas y una doble penalización para quienes sostienen cuidados en el hogar.
La proposición que se debatirá en la Comisión de Trabajo del Congreso propone ajustar estos límites al 80% del Salario Mínimo Interprofesional, una referencia actualizable y ligada a las condiciones reales de la población, no a un importe estático. El cambio permitiría que las deducciones vuelvan a cumplir su finalidad original: no castigar fiscalmente a quienes sostienen cuidados esenciales en su entorno familiar.
La arquitectura fiscal también define qué vidas consideramos sostenibles
La deducción por ascendientes, descendientes o cónyuges con discapacidad no es un “incentivo”. Es una compensación parcial a un trabajo que el Estado delega de forma sistemática en los hogares. Cuando estos umbrales permanecen congelados, lo que se invisibiliza no es sólo el gasto material, sino la carga organizativa y emocional que acompaña al cuidado. Se produce una paradoja estable: quienes destinan tiempo, recursos y disponibilidad a sostener la autonomía o bienestar de otra persona ven cómo su situación fiscal se acerca más a la de un contribuyente sin cargas, aunque la distribución de esfuerzos y tiempos sea incomparable.
El desplome del número de beneficiarios, señalado en la iniciativa, no responde a una caída del cuidado en el hogar (que, de hecho, aumenta), sino a que el marco fiscal ya no reconoce esas realidades. La inflación y el encarecimiento de vivienda, alimentación y servicios han desplazado los márgenes de subsistencia, pero las tablas fiscales siguen respondiendo a un escenario económico previo a la crisis financiera de 2008, a la reestructuración del empleo y a la transición demográfica que ya atraviesa el país.
Un reconocimiento necesario en un sistema que aún descansa en las familias
Más de 29.500 militares, por ejemplo, se acogieron el último año a medidas de conciliación. La cifra es ilustrativa porque procede de una institución donde el tiempo disponible se firma por contrato. Si en ámbitos fuertemente jerarquizados se reconoce la necesidad de flexibilizar tareas para sostener cuidados, la conclusión es clara: las responsabilidades de cuidado están presentes en todas las capas sociales y no pueden seguir tratándose como una carga privada.
El cuidado de personas con discapacidad —hijos, hermanas, padres, parejas— es sostenido mayoritariamente en el hogar. No sólo implica economía: implica tiempo y una reorganización completa del día a día, que afecta a la empleabilidad, a la participación en la vida social y a la salud física y mental. La actualización fiscal no resuelve estos impactos, pero corrige una desigualdad evidente: que quienes cuidan no sean quienes más renuncian.
Vincular el IRPF al SMI: coherencia con los marcos actuales
La propuesta de enlazar el umbral con el 80% del SMI introduce una lógica más sencilla y más justa. El SMI se revisa en función del contexto económico y del coste de vida, lo que permite evitar que las familias queden fuera de la deducción por incrementos automáticos en pensiones o mínimos de subsistencia. Además, dota al sistema de previsibilidad y estabilidad jurídica, dos factores esenciales para hogares que toman decisiones a largo plazo (reducciones de jornada, ceses de actividad, reorganización de horarios, redistribución interna de salarios).
No se trata de abrir una puerta fiscal sin control, sino de adaptar las reglas a la realidad. Mantener los límites actuales solo profundiza una desigualdad silenciosa. La revisión no es una concesión ni una excepción: es una puesta al día de un marco fiscal que ha quedado atrasado frente a la vida real. Reconocer ese desfase implica reconocer también el lugar que ocupa el cuidado en la organización social. La medida que se debate ahora en el Congreso no redistribuye sólo recursos, sino valor y reconocimiento.