La innovación suele asociarse a laboratorios, inteligencia artificial o grandes empresas tecnológicas. Sin embargo, una parte decisiva de esa innovación depende de algo mucho menos vistoso. La capacidad de las administraciones para adaptarse a la velocidad con la que cambia la economía.
Ese es precisamente el objetivo de la reforma del sandbox financiero que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros. Detrás de un término técnico se esconde una herramienta que ha permitido durante los últimos cinco años que empresas innovadoras puedan probar nuevos productos y servicios financieros bajo la supervisión de los reguladores, antes de su llegada definitiva al mercado.
Los resultados avalan la experiencia. Diez convocatorias, 117 proyectos y más de cuarenta iniciativas que ya han podido desarrollarse en condiciones reales demuestran que el modelo ha funcionado. Ahora el reto consiste en hacerlo más útil, más rápido y más accesible.
Carlos Cuerpo ha entendido que uno de los mayores enemigos de la innovación no siempre es la falta de talento o de inversión. En demasiadas ocasiones es la burocracia. Un procedimiento que tarda meses en iniciarse, una convocatoria cerrada o una tramitación diseñada para empresas consolidadas terminan expulsando precisamente a quienes más capacidad tienen para transformar el mercado.
La sustitución del sistema de cohortes por una ventanilla abierta permanentemente responde a esa lógica. También la reducción de los plazos de evaluación en torno a un treinta por ciento o la adaptación de la documentación exigida a la complejidad real de cada proyecto. La Administración deja de obligar a todas las empresas a recorrer el mismo camino y empieza a reconocer que innovar exige también flexibilidad institucional.
La otra gran novedad merece una atención especial. La creación de una línea específica del ICO para empresas que participen en el sandbox aborda uno de los problemas más frecuentes del emprendimiento tecnológico. Muchas compañías consiguen desarrollar una buena idea, pero encuentran enormes dificultades para financiar su crecimiento en las primeras fases.
España ha mejorado notablemente en la creación de empresas innovadoras durante la última década. Lo que sigue resultando más complicado es convertir esas iniciativas en compañías capaces de competir internacionalmente. Facilitar financiación pública en condiciones razonables no significa sustituir al mercado. Significa corregir uno de sus principales fallos cuando el riesgo inicial expulsa proyectos con un enorme potencial económico.
La reforma incorpora además otra idea especialmente relevante. Amplía el propio concepto de innovación. Ya no se limita únicamente al producto presentado, sino que reconoce también modelos de negocio cuya esencia reside en innovar. Es una diferencia importante. La transformación digital ya no consiste únicamente en desarrollar una nueva aplicación. También implica nuevas formas de organizar los servicios financieros, utilizar la inteligencia artificial o incorporar tecnologías como la tokenización.
Durante demasiado tiempo España ha convivido con un prejuicio que identificaba regulación y progreso como conceptos enfrentados. La experiencia demuestra exactamente lo contrario. Los países que lideran la economía tecnológica suelen combinar ecosistemas empresariales dinámicos con reguladores capaces de ofrecer seguridad jurídica sin bloquear la innovación.
Ese equilibrio es el que intenta reforzar ahora el Ministerio de Economía. Carlos Cuerpo no acostumbra a protagonizar los grandes titulares políticos. Su perfil técnico explica, en parte, esa discreción. Pero precisamente ahí reside una de las fortalezas de esta etapa. Frente a la política convertida tantas veces en confrontación permanente, el Ministerio de Economía acumula reformas que rara vez ocupan las portadas y que, sin embargo, terminan condicionando la capacidad de crecimiento de un país.
La modernización económica no depende únicamente de grandes planes industriales o de inversiones multimillonarias. También avanza cuando una empresa tarda cuatro meses y no siete en obtener una autorización, cuando un emprendedor encuentra financiación para desarrollar un proyecto o cuando la Administración deja de convertirse en un obstáculo para quienes quieren innovar.
La competitividad de una economía se mide también por su capacidad para acompañar el cambio en lugar de perseguirlo. Esa es, probablemente, la principal virtud de esta reforma. No promete milagros. Hace algo mucho más útil. Intenta que el Estado deje de llegar tarde allí donde el futuro ya ha empezado.
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