El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece una lectura agridulce sobre el estado de la economía nacional al cierre del primer mes del año. La revisión a la baja del índice de precios de consumo (IPC) hasta el 2,3% representa una moderación significativa de seis décimas respecto al mes anterior, un dato que a priori sugiere un respiro en la escalada inflacionaria. Sin embargo, este alivio responde principalmente a factores exógenos y volátiles, como la menor presión en el mercado eléctrico y el abaratamiento de los combustibles y lubricantes, elementos que suelen oscilar según la coyuntura internacional y que no garantizan una estabilidad a largo plazo.
La verdadera radiografía de la salud económica se encuentra en la inflación subyacente, que el organismo estadístico ha mantenido inalterada en el 2,6%. Al excluir la energía y los alimentos no elaborados de la ecuación, esta cifra revela una resistencia estructural que preocupa a los analistas, pues confirma que el incremento de los costes de producción se ha filtrado ya de manera profunda en el sector servicios y en los bienes manufacturados. Esta parálisis de la subyacente indica que, a pesar del abaratamiento de la gasolina, el núcleo de la economía sigue operando bajo una inercia de precios elevados que dota de una preocupante rigidez al sistema.
En la esfera de lo cotidiano, la estadística macroeconómica choca frontalmente con la realidad del supermercado. Aunque los alimentos registraron un aumento general del 3% en el arranque del año, ciertas categorías fundamentales han experimentado ascensos desproporcionados que castigan la capacidad de ahorro de las familias. Resulta especialmente alarmante el encarecimiento de los huevos, con un repunte del 30,7%, y de la carne de vacuno, que se sitúa en un 16,3%. Estos incrementos en productos básicos de proteína animal evidencian que el control de la inflación general es, en gran medida, un efecto óptico impulsado por la energía, mientras que la cesta de la compra sigue asumiendo subidas de doble dígito.
En conclusión, España se enfrenta a una desinflación de doble velocidad que genera una falsa sensación de normalidad. Mientras los indicadores energéticos actúan como un sedante temporal para el IPC general, la carestía de los bienes de primera necesidad y la inmovilidad de la tasa subyacente sugieren que el desafío inflacionario está lejos de ser superado. El riesgo latente es que la pérdida de poder adquisitivo se cronifique en los hogares con rentas más bajas, para quienes el descenso del precio del combustible no compensa la factura de una alimentación cada vez más inaccesible.