La política de vivienda regresa al centro del debate con la ampliación hasta finales de 2026 de la moratoria antidesahucios. La medida, nacida en plena emergencia sanitaria, ha dejado de ser excepcional para convertirse en un instrumento estable de contención social en un mercado inmobiliario cada vez más tensionado. Su nueva configuración intenta ajustar un equilibrio siempre delicado: proteger a los hogares vulnerables sin erosionar la seguridad jurídica de quienes alquilan una o dos viviendas.
La decisión del Consejo de Ministros no supone tanto un giro como una continuidad corregida. Desde 2020, el escudo social ha evitado el lanzamiento de entre 50.000 y 60.000 familias, una cifra que ilustra la dimensión del problema habitacional más allá de los ciclos económicos. La crisis ha dejado de ser coyuntural para integrarse en el funcionamiento ordinario del mercado.
La principal novedad es la exclusión de los pequeños propietarios —quienes poseen una o dos viviendas— de la suspensión automática de desahucios. En estos casos, la responsabilidad se desplaza hacia los servicios sociales, que deberán ofrecer alternativas cuando se acredite la vulnerabilidad del inquilino. La modificación responde a una presión política creciente para diferenciar entre modelos de propiedad y evitar que el coste de la política pública recaiga sobre economías domésticas.
Una arquitectura jurídica más precisa
El funcionamiento de la moratoria mantiene un esquema que ha ido ganando densidad técnica. La suspensión solo se activa cuando existe contrato de alquiler y el arrendatario demuestra incapacidad real para afrontar la renta. No basta la mera falta de pago: la vulnerabilidad debe acreditarse mediante informe social y validarse judicialmente.
El juez conserva la última palabra. El propietario dispone de diez días para demostrar, a su vez, una situación económica comparable o más grave. Si esto ocurre, la Administración debe intervenir con una solución residencial. El mecanismo intenta evitar automatismos y refuerza la idea de que cada caso exige ponderación.
También se mantiene una frontera clara frente a la ocupación violenta o delictiva. El decreto excluye estos supuestos, así como los inmuebles destinados ya a vivienda social o aquellos utilizados para actividades ilícitas. La norma busca reducir zonas de ambigüedad jurídica que en años anteriores alimentaron una fuerte controversia política.
De medida de emergencia a política estructural
La moratoria nació como respuesta excepcional a la pandemia, pero su prolongación refleja un diagnóstico más profundo: el mercado del alquiler no ha recuperado un equilibrio accesible para amplias capas de la población. La combinación de salarios moderados, precios al alza y escasez de parque público ha consolidado un escenario donde la intervención estatal se percibe menos como anomalía y más como necesidad.
El acuerdo con el PNV —clave para la nueva redacción— introduce además una lógica de corresponsabilidad institucional: si el propietario no es un gran tenedor, el problema deja de ser estrictamente bilateral para convertirse en una cuestión de política social.
Grandes propietarios y función social de la vivienda
La prórroga mantiene el foco en fondos de inversión, grandes tenedores y propietarios con tres o más inmuebles. La filosofía es conocida: la vivienda no es solo un activo financiero, sino un bien con función social. Más que una formulación retórica, se trata de un principio que ha ido permeando la legislación española y europea.
Para los arrendadores afectados continúa el sistema de compensaciones públicas, calculadas según el valor medio del mercado y los gastos asumidos. A ello se suma una línea de avales dotada recientemente con 300 millones de euros para cubrir impagos. El mensaje es doble: proteger a los vulnerables sin desincentivar la oferta de alquiler.
Acceso frente a propiedad
El debate no gira únicamente en torno a la moratoria, sino al modelo de vivienda. España sigue mostrando un parque público reducido en comparación con otros países europeos, lo que convierte al mercado privado en principal amortiguador de la demanda social. Cuando ese amortiguador se tensiona, la intervención pública se vuelve casi inevitable.
La medida refleja además una evolución conceptual: el desahucio deja de interpretarse solo como un conflicto contractual para entenderse también como un posible fallo del sistema de protección social. De ahí que la norma insista en la obligación administrativa de ofrecer alternativas cuando la vulnerabilidad queda acreditada.
La prórroga deberá ser convalidada por el Congreso en el plazo de treinta días, pero el debate de fondo trasciende la votación. El escudo social se ha convertido en un termómetro de la política de vivienda y, al mismo tiempo, en un recordatorio de que la emergencia habitacional persiste.
Lejos de la excepcionalidad inicial, la moratoria parece encaminarse hacia una normalización prudente mientras el Estado intenta construir herramientas más estables: aumento del parque público, incentivos al alquiler asequible y mecanismos de garantía.
En ese tránsito, la norma actúa como un dique provisional frente a una realidad que no admite simplificaciones: la vivienda sigue siendo uno de los principales vectores de desigualdad contemporánea y también uno de los terrenos donde se mide con mayor claridad la capacidad de las instituciones para sostener la cohesión social.