Al Gobierno aún le falta por ejecutar un tercio de los fondos europeos del Plan de Recuperación

La estabilidad política en España pasa, en buena medida, por el calendario europeo. El Gobierno ha vinculado la finalización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el horizonte de la legislatura, consciente de que una parte importante del crecimiento, la inversión y el empleo depende de la ejecución completa de los fondos europeos. Por eso, no se prevén elecciones anticipadas antes de finales de 2026, y, en todo caso, las próximas generales podrían celebrarse ya en 2027, una vez cerrado el ciclo económico del plan y evaluados sus resultados ante Bruselas.

A menos de un año del cierre definitivo del Plan de Recuperación, España afronta el desafío de ejecutar el último tramo de los fondos europeos Next Generation EU. Aunque el país ha avanzado de forma notable en la distribución de recursos, aún queda por adjudicar cerca de un tercio de las ayudas. Según los últimos datos del Ministerio de Economía, la tasa de ejecución se sitúa en el 68,9%, con 79.854 millones de euros asignados y 56.741 millones resueltos.

El reloj corre. El 31 de diciembre de 2026 marcará el final del programa, tras la ampliación de seis meses lograda por el Gobierno ante Bruselas. Hasta entonces, la administración central, las comunidades autónomas y los entes locales deberán pisar el acelerador para transformar las adjudicaciones pendientes en proyectos ejecutados y comprobables.

Una carrera contrarreloj hacia junio de 2026

El Plan de Recuperación fue aprobado en julio de 2020 con el objetivo de reconstruir la economía española tras la pandemia y acelerar su transición ecológica y digital. Bruselas asignó a España 163.029 millones de euros, una cifra equivalente al 11% del PIB, de los cuales 79.854 millones son transferencias directas y el resto préstamos reembolsables.

A día de hoy, los fondos europeos han llegado ya a más de 1,26 millones de beneficiarios, de los cuales el 68,6% son pymes y microempresas. Se trata, según el Ejecutivo, de la mayor movilización de inversión pública desde la entrada de España en la Unión Europea.

Entre los proyectos ya financiados se incluyen 26.000 viviendas de alquiler social, 383.000 nuevas plazas de Formación Profesional, 270.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga, y la modernización de 572.000 hectáreas de regadíos sostenibles. Además, más de 800.000 personas han recibido formación en competencias digitales, y casi 776.000 pymes y autónomos se han beneficiado del Kit Digital, un programa destinado a impulsar la digitalización del tejido productivo.

Los PERTE: la gran apuesta industrial

Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) son el corazón del plan. Estos programas han movilizado más de 23.800 millones de euros en sectores clave como la automoción, las energías renovables o la digitalización industrial.

Gracias a ellos, se han lanzado tres gigafactorías de baterías y se ha iniciado la instalación de 3.701 megavatios de electrolizadores para impulsar el hidrógeno renovable, una de las grandes apuestas para reducir la dependencia energética.

En paralelo, 218 municipios españoles ya cuentan con autobuses de cero emisiones, carriles bici y calles peatonales, avanzando hacia una movilidad urbana más sostenible.

Fondos que cambian el paisaje económico

El Gobierno defiende que los fondos europeos “están transformando la economía española y modernizando su estructura productiva”. El impacto acumulado en el PIB se estima en 2,6 puntos hasta 2026, y podría alcanzar 3,4 puntos al final de la década, según las previsiones oficiales.

Hasta la fecha, España ha recibido más de 55.000 millones en transferencias no reembolsables, lo que la sitúa a la cabeza de la Unión Europea, por delante de Italia y Francia. En total, el país ha cumplido ya 264 hitos y objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que ha permitido desbloquear los sucesivos pagos de Bruselas.

Aun así, la ejecución de los préstamos —66.885 millones de euros— avanza más lentamente. Economía trabaja ya en la sexta solicitud de pago, que servirá para garantizar la continuidad de los proyectos en 2025 y 2026.

El reto final: transformar cada euro en resultados tangibles

La tarea más compleja llega ahora: traducir las adjudicaciones en obras, infraestructuras y programas concretos que puedan auditarse antes del cierre del plan. Cada euro deberá estar comprometido y justificado para que la Comisión Europea lo considere ejecutado.

El Ejecutivo confía en que la colaboración con las comunidades autónomas —que ya han recibido más de 29.000 millones de euros— y con el sector privado permita mantener el ritmo de gasto. A esto se suman los 4.000 millones en préstamos canalizados a empresas y hogares, junto con otros 6.500 millones en fase de evaluación.

Sin embargo, economistas y organismos de control advierten de que la velocidad administrativa será clave para no perder parte de los fondos. La burocracia, los retrasos en licitaciones y la falta de capacidad técnica en algunos niveles de la administración podrían obstaculizar el cierre eficaz del plan.

Una oportunidad que no se puede desaprovechar

El Plan de Recuperación ha supuesto una inyección sin precedentes en vivienda, movilidad, digitalización y transición energética. Pero su éxito final dependerá de si España logra culminar la ejecución total en los próximos quince meses.

El tiempo apremia, y los 24.762 millones de transferencias y 66.885 millones de préstamos aún pendientes marcarán la diferencia entre consolidar una transformación estructural duradera o quedarse a medio camino de una oportunidad histórica.

Como advierte un informe del propio Ministerio de Economía, “cada proyecto ejecutado no solo impulsa el crecimiento inmediato, sino que sienta las bases de una economía más verde, digital y cohesionada”. El desafío es que esa promesa se materialice antes de que el calendario europeo cierre definitivamente la ventana de financiación.