El Gobierno ha aprobado la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo comprendido entre 2026 y 2030. Detrás de una decisión de apariencia particularmente técnica hay una cifra bastante más fácil de interpretar: la industria española recibirá gratuitamente permisos de emisión con un valor aproximado de 3.000 millones de euros cada año, según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica.
El acuerdo afecta concretamente a 664 instalaciones industriales, que dispondrán de una media de 38,1 millones de derechos de emisión anuales durante los próximos cinco años. Cada uno de esos derechos permite emitir una tonelada equivalente de dióxido de carbono dentro del sistema europeo creado para poner precio a las emisiones contaminantes.
La gratuidad, sin embargo, no significa que Europa haya decidido aliviar las obligaciones climáticas de las empresas. Su finalidad es otra. El sistema busca que las industrias sometidas a una fuerte competencia internacional no soporten unos costes que puedan empujarlas a trasladar su producción a países con exigencias medioambientales menores, un fenómeno conocido como fuga de carbono. Las reglas que determinan estas asignaciones son comunes para todos los Estados miembros de la Unión Europea.
La idea consiste, por tanto, en mantener un equilibrio difícil. Europa quiere encarecer progresivamente la contaminación para favorecer tecnologías más limpias, pero intenta hacerlo sin colocar a su propia industria en una situación de desventaja frente a productores que operan fuera de sus fronteras con normas climáticas mucho menos exigentes.
Menos derechos gratuitos para elevar la presión climática
El nuevo periodo supone un paso adicional en esa dirección. Entre 2025 y 2026, la cantidad de derechos asignados gratuitamente disminuirá un 1,6%. Como consecuencia, la parte de las emisiones industriales que deberá afrontar un coste pasará del 20% al 21,3%, incluyendo las instalaciones de cogeneración y otras plantas de combustión.
El Ministerio para la Transición Ecológica vincula esta reducción con el aumento de la ambición climática. Dicho de otra manera, las empresas seguirán recibiendo una protección importante, pero tendrán que asumir progresivamente una proporción mayor del coste de contaminar.
La evolución se aprecia mejor al comparar los distintos periodos. Para 2021-2025, el Gobierno aprobó inicialmente una media de 47,6 millones de derechos gratuitos al año para 734 instalaciones. Para 2026-2030, la cifra baja hasta los 38,1 millones y alcanza a 664 instalaciones.
La generación eléctrica queda fuera de estas asignaciones gratuitas, como sucede desde el 1 de enero de 2013. Las centrales sometidas al mercado europeo de emisiones deben, por tanto, adquirir los derechos que necesitan para cubrir sus emisiones.
El mecanismo con el que Europa pone precio al CO₂
El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea funciona desde 2005 y constituye uno de los principales instrumentos comunitarios contra el cambio climático. Su lógica consiste en establecer un límite sobre determinadas emisiones y obligar a las instalaciones afectadas a disponer de derechos suficientes para cubrirlas.
El sistema abarca actualmente actividades industriales, generación eléctrica, aviación y transporte marítimo. Según los datos difundidos por Transición Ecológica, las emisiones españolas sometidas a este régimen se han reducido un 62% desde su puesta en funcionamiento.
El acuerdo aprobado también contempla un tratamiento específico para los pequeños emisores, que pueden acogerse a regímenes con menores obligaciones administrativas. Las instalaciones incluidas inicialmente en estos mecanismos de exclusión y que habían solicitado derechos gratuitos tienen reservados 3,3 millones de derechos para el conjunto del periodo 2026-2030. Solo los recibirán si vuelven al régimen general por superar los niveles de emisiones establecidos.
La decisión refleja, en definitiva, la transición que Bruselas pretende acelerar durante los próximos años. La industria conserva una protección frente a competidores sujetos a normas climáticas menos estrictas, pero el margen gratuito se va estrechando. El objetivo es que emitir CO₂ tenga cada vez un coste mayor y que invertir en procesos productivos menos contaminantes deje de ser únicamente una cuestión medioambiental para convertirse también en una decisión económica.
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