La guerra en Oriente Próximo empieza a trasladarse a la economía real. El Gobierno se reunirá con representantes del sector agroalimentario y pesquero para evaluar el impacto que el conflicto y la tensión energética están provocando en agricultores, ganaderos y pescadores. El Ejecutivo estudia medidas fiscales y apoyos específicos para mitigar el aumento de los costes de producción y evitar que la crisis internacional termine afectando al suministro alimentario.
El Ejecutivo ha iniciado una ronda de contactos con los principales sectores económicos afectados por la escalada internacional. Este lunes será el turno del ámbito agroalimentario y pesquero, dos actividades especialmente sensibles al encarecimiento de la energía y de las materias primas.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, abrirá la jornada con una reunión con representantes del sector pesquero. En el encuentro participarán la patronal Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que acudirán con un diagnóstico claro sobre la mesa. El aumento del precio del combustible está poniendo en riesgo la rentabilidad de parte de la flota.
Las organizaciones pesqueras prevén trasladar al Gobierno la necesidad de activar medidas compensatorias urgentes. Entre las propuestas que plantearán figura la reducción del coste del combustible para los barcos, el aumento de los límites de ayudas públicas por embarcación y la posibilidad de revisar temporalmente la fiscalidad aplicada a los productos pesqueros.
El sector teme que el encarecimiento energético provoque paradas de actividad si no se adoptan medidas de apoyo.
Impacto en la cadena alimentaria
La agenda del Gobierno continuará con un segundo encuentro que reunirá al ministro Planas y al titular de Economía, Carlos Cuerpo, con representantes de la industria alimentaria, fertilizantes y piensos.
La reunión busca analizar el impacto del contexto internacional en toda la cadena de producción de alimentos. Las industrias vinculadas a fertilizantes y alimentación animal están especialmente expuestas a la volatilidad energética y al encarecimiento de materias primas.
En un escenario global tensionado, los costes de producción pueden trasladarse rápidamente a precios finales.
Por la tarde, el ministro de Agricultura mantendrá un tercer encuentro con las principales organizaciones profesionales agrarias. Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, junto con representantes de cooperativas agroalimentarias, expondrán su evaluación sobre la situación del sector agrícola y ganadero.
La preocupación es compartida. El aumento de los costes energéticos y de transporte amenaza con estrechar los márgenes de explotación en un sector que ya viene soportando años de volatilidad en precios y costes.
Un plan económico en preparación
Las reuniones forman parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para anticipar el impacto económico de la crisis internacional. El Gobierno trabaja en un real decreto ley destinado a contener el efecto de la subida energética y proteger a los sectores más expuestos.
El ministro de Economía ya adelantó que el plan incluirá medidas fiscales dirigidas a reducir el impacto del precio de la energía, así como ayudas específicas para actividades especialmente vulnerables como el transporte por carretera o el sector primario.
El Ejecutivo, sin embargo, parece descartar por ahora algunas de las medidas más generalizadas que se aplicaron durante la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Entre ellas, la bonificación directa al precio de los combustibles o una rebaja general del IVA de los alimentos. La estrategia actual se orienta más hacia medidas selectivas y sectoriales.
El Gobierno también quiere mantener abierta la capacidad de adaptación del plan. Según ha explicado el ministro de Economía, las medidas se irán ajustando en función de la evolución de la situación internacional.
El marco general incluye actuaciones estructurales vinculadas a la transición energética, el impulso de las energías renovables y la electrificación de la economía. El Ejecutivo considera que estas políticas constituyen una forma de reducir la dependencia energética exterior, uno de los factores que amplifican el impacto económico de las crisis geopolíticas.
Mientras tanto, el diálogo con los sectores productivos busca detectar con rapidez los problemas más urgentes.
El campo y la pesca suelen ser de los primeros en notar los efectos de cualquier perturbación internacional. Y también de los primeros en reclamar respuestas cuando el coste de producir empieza a crecer más rápido que el precio de vender.