Garamendi se victimiza mientras los beneficios crecen

El presidente de la CEOE acusa al Gobierno de “insultar” a los empresarios por la subida del SMI, pero evita responder a la pregunta de fondo: por qué los salarios deben ir por detrás de los márgenes empresariales en plena expansión económica

18 de Febrero de 2026
Actualizado el 19 de febrero
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Garamendi se victimiza mientras los beneficios crecen
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha vuelto a demostrar por qué es uno de los portavoces más polémicos de las élites empresariales por sus últimas declaraciones realizadas en el Forbes Spain Economic Summit

Antonio Garamendi ha elevado el tono tras la última subida del salario mínimo interprofesional. “Lo que sobra es el Gobierno”, afirmó en un foro empresarial, después de que la CEOE se ausentara de la firma del acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos. La patronal habla de “monólogo social” y denuncia ataques. El contexto es otro: la economía española crece por encima de la media europea, el Ibex encadena máximos y los beneficios empresariales siguen en niveles históricos. La discusión no es de formas, es de reparto.

El diálogo social como coartada

Garamendi invoca el artículo 7 de la Constitución y el diálogo social tripartito. Tiene razón en una cosa: el modelo español se ha construido sobre acuerdos entre Gobierno, sindicatos y empresarios. Pero el diálogo no es un derecho de veto.

La subida del SMI a 1.221 euros no fue fruto de un decreto unilateral sin negociación previa. La CEOE decidió no suscribir el acuerdo. Es legítimo discrepar; lo que resulta menos sólido es presentar la ausencia como exclusión. La mesa estuvo; la patronal optó por levantarse.

Cuando Garamendi habla de “monólogo social” omite que en los últimos años la CEOE ha firmado reformas clave: la laboral de 2021, varios acuerdos salariales y pactos en materia de ERTE. El diálogo ha funcionado cuando el resultado ha sido asumible para la patronal. Cuando no lo es, se convierte en agravio.

Beneficios récord, salarios moderados

En 2025 la economía española creció en torno al 2,8%, con especial dinamismo en turismo, energía y servicios. Las grandes compañías han presentado resultados sólidos y el mercado bursátil ha consolidado su recuperación. Mientras tanto, la negociación colectiva ha cerrado subidas salariales medias inferiores al incremento de márgenes empresariales en varios sectores. El debate no es si subir salarios, sino a qué ritmo y con qué distribución sectorial.

El relato de la empresa asfixiada

Garamendi advierte de absentismo “escalofriante” y de falta de actitud. Es un argumento recurrente: el problema no estaría en la estructura productiva ni en la baja productividad de ciertos sectores, sino en el trabajador. Sin embargo, los datos del Ministerio de Trabajo muestran que el absentismo tiene componentes vinculados a salud laboral y precariedad. Convertirlo en eslogan simplifica un fenómeno complejo.

También sostiene que subir salarios es “muy difícil” fuera de la negociación colectiva. Es cierto que el SMI es un suelo, no una política integral de rentas. Pero el salario mínimo ha demostrado tener efectos limitados sobre el empleo y positivos sobre la reducción de desigualdad salarial. Desde 2018 ha aumentado un 66% sin que se haya producido el colapso anunciado en cada subida.

Cuando el presidente de la CEOE afirma que “sin la empresa no hay nada”, enuncia una obviedad económica. Lo que no menciona es que sin trabajadores tampoco hay empresa. El capital y el trabajo no compiten en el vacío; se necesitan mutuamente. El problema surge cuando uno de los dos concentra el poder de negociación.

La cuestión fiscal

Garamendi critica que el Gobierno “engorde su bolsa de ingresos” con cada subida salarial. Es cierto que mayores sueldos generan más recaudación vía IRPF y cotizaciones. También es cierto que esa recaudación financia servicios públicos de los que se benefician empresas y empleados.

La propuesta de pagar en bruto para que el trabajador “sea consciente” de lo que aporta al Estado no es nueva. Pero en un país con presión fiscal por debajo de la media de la eurozona y con amplias bonificaciones empresariales, el debate debería ser más amplio: qué modelo fiscal sostiene el Estado social y quién contribuye proporcionalmente.

Un pulso político

La intervención de Garamendi no es solo económica; es política. En un momento en que el Gobierno insiste en trasladar el crecimiento a las nóminas, la patronal busca marcar límites. El riesgo es que el discurso derive en confrontación simbólica en lugar de negociación efectiva.

La CEOE representa a grandes compañías y a miles de pymes. Es cierto que no todas atraviesan la misma situación. Pero generalizar la narrativa de asfixia en un contexto macroeconómico expansivo erosiona la credibilidad del argumento.

El debate sobre salarios no se resolverá con declaraciones grandilocuentes ni con reproches cruzados. Se resolverá en mesas sectoriales y en la correlación de fuerzas. Lo que está en juego no es la supervivencia de la empresa, sino la distribución de un crecimiento que, según todos los indicadores, existe.

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