Cuando Veintisiete respaldaron este viernes la firma provisional del acuerdo de asociación con el Mercosur, la foto diplomática parecía un triunfo del libre comercio europeo. Veintisiete banderas, cuatro países latinoamericanos (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y una presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dispuesta a sellar un pacto largamente aplazado. Sin embargo, bajo ese barniz de integración global, hervía el malestar del campo europeo.
La ratificación del acuerdo, que podría firmarse en Paraguay la próxima semana, marca un punto de inflexión histórico: por primera vez desde el Brexit, la Unión Europea (UE) se atreve a reabrir su política comercial en grande. Pero el precio político puede ser tan alto como sus ambiciones. La oposición de Francia y Hungría, junto con la abstención de Bélgica, muestra que el consenso es menos sólido de lo que sugieren los números de la mayoría cualificada.
Apuesta con aroma a geopolítica
Bruselas presenta el acuerdo como una herramienta estratégica frente a China y Estados Unidos: un modo de asegurar el acceso a materias primas críticas, fortalecer lazos con Sudamérica y proyectar influencia normativa en el hemisferio sur. El cálculo es claro: en un orden global fragmentado, la UE no puede permitirse quedar fuera del tablero latinoamericano.
Sin embargo, lo que en los despachos comunitarios se interpreta como un gesto de autonomía estratégica, en los campos europeos se traduce en miedo y resentimiento. Los agricultores ven llegar carne, soja y cítricos de países donde los costes ambientales y laborales son significativamente menores. En términos políticos, el pacto amenaza con convertirse en munición para los movimientos populistas y euroescépticos que ya capitalizan la fractura rural.
Nuevo frente del conflicto agrario
La protesta de los agricultores franceses bloqueando autopistas no es un hecho aislado, sino el síntoma de un malestar estructural. El acuerdo Mercosur ha sido percibido como una rendición de Bruselas ante el libre mercado global. “Competimos con quien no juega bajo las mismas reglas”, repiten los sindicatos agrarios, y el argumento tiene peso: mientras la Política Agraria Común (PAC) exige a los productores europeos cumplir estándares cada vez más estrictos en sostenibilidad, los productos procedentes del Mercosur llegarán con costes mucho menores.
El intento de la Comisión de calmar los ánimos introduciendo salvaguardas comerciales (una cláusula que obligará a iniciar investigaciones cuando las importaciones de productos sensibles crezcan un 5% por encima de la media trianual o cuando sus precios caigan un 5% por debajo del europeo) apenas ha servido como cortafuegos político. Pollo, ternera, huevos, azúcar y cítricos son las categorías en el corazón del conflicto.
La paradoja es que, aun con estas restricciones, los propios negociadores de Bruselas admiten que el impacto psicológico en el sector será profundo. El acuerdo no entra solo en cifras, sino en percepciones: los agricultores se sienten sacrificados en el altar del globalismo.
Librecambismo en tiempos de desafección
En términos macroeconómicos, el acuerdo con el Mercosur podría impulsar marginalmente el PIB europeo y aumentar la competitividad de las exportaciones industriales. Pero ese beneficio global difumina una realidad asimétrica: mientras los fabricantes de maquinaria o automóviles ganarán mercados, los productores de alimentos básicos verán amenazada su supervivencia.
En un clima electoral denso, el acuerdo se convierte en una prueba de fuego para la legitimidad del proyecto comunitario. La Comisión defiende que abrirse al Mercosur es una forma de imponer estándares medioambientales europeos fuera de sus fronteras; los críticos responden que esa apertura equivaldrá a importar deforestación y dumping social.
Fractura entre las élites comerciales y el campo europeo
El núcleo del problema no es económico, sino político. El proyecto europeo del siglo XXI está atrapado entre dos fuerzas opuestas: la integración de mercados, necesaria para sobrevivir en un mundo multipolar, y la protección del Estado social que sostiene su contrato ciudadano. Cada nuevo acuerdo comercial revela la tensión de esa dualidad.
Cuando Ursula von der Leyen firme en Paraguay, la foto puede parecer triunfal. Pero detrás de las cámaras, la distancia entre Bruselas y los pueblos rurales de Europa será más visible que nunca. En un continente donde las cosechas de votos valen tanto como las de trigo, ese desequilibrio puede marcar el rumbo de la política europea durante los próximos años