La economía española cerró 2025 con un dato que trasciende el balance contable: casi 14.000 millones de euros movilizados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). La cifra no solo refleja confianza financiera, sino también un cambio de época en el que Europa busca reforzar su autonomía industrial, energética y estratégica. España, por crecimiento y necesidad, se ha convertido en uno de los laboratorios de ese viraje.
Durante años, el BEI fue percibido como un banco discreto, técnico, alejado del ruido político. Hoy es otra cosa: una palanca de política económica europea que opera allí donde el mercado no llega o no quiere llegar solo. La presidenta del organismo, Nadia Calviño, eligió un término poco habitual en la jerga institucional —“extraordinario”— para describir el ejercicio de 2025. No era solo una forma de celebrar resultados; era la constatación de que la financiación europea ha entrado en una fase de madurez tras el despliegue de los fondos de recuperación.
Los números ayudan a entender el alcance. A los 11.000 millones en financiación directa se sumaron casi 2.900 millones procedentes de Next Generation, ya plenamente activados. La economía española, que ha resistido mejor que otras grandes economías del euro las turbulencias inflacionarias y el frenazo industrial alemán, se ha convertido en un destino prioritario para el capital europeo.
Pero más relevante que la cantidad es el destino del dinero. El BEI ha colocado buena parte de sus recursos en infraestructuras críticas: transporte, redes eléctricas y vivienda. Solo en energía, cerca de 1.900 millones. Traducido a una frase que en Bruselas se repite cada vez con menos prudencia: uno de cada dos euros invertidos en redes energéticas en España tiene sello europeo. La transición energética dejó de ser únicamente una agenda climática para convertirse en una cuestión de soberanía económica.
Vivienda: inversión frente a emergencia
Si hay un terreno donde la inversión adquiere tono político es el de la vivienda. No tanto por ideología como por urgencia social.
El BEI ha duplicado en dos años su financiación destinada a vivienda asequible y sostenible, un movimiento que responde a una presión creciente en toda Europa: precios tensionados, alquiler inaccesible para los jóvenes y escasez estructural de parque público.
La estrategia que se dibuja desde Luxemburgo —sede del banco— combina varios frentes: financiar nueva oferta, estimular el alquiler social y corregir distorsiones como la expansión descontrolada de pisos turísticos. No es intervención directa en el mercado, pero sí una forma de orientar el modelo urbano desde la financiación.
La lectura económica es clara: sin vivienda accesible, el crecimiento pierde base. La laboral, también: sin movilidad residencial, el empleo se rigidiza. Y la política, inevitablemente, aparece después.
Más silencioso, aunque no menos significativo, es el giro hacia la defensa. El BEI destinó 500 millones a la industria militar española, cuadruplicando el esfuerzo anterior. Durante décadas, este tipo de financiación habría sido impensable para una institución nacida con vocación de desarrollo civil. Hoy se presenta como un ajuste realista a un entorno internacional menos estable.
Europa empieza a asumir —con cierto retraso— que la seguridad también es un vector económico.
España, tradicionalmente rezagada en inversión militar, emerge ahora como receptor relevante gracias a proyectos tecnológicos vinculados a compañías como Indra u Oesía. No es solo gasto: es industria, innovación y capacidad tecnológica y la frontera entre política económica y geopolítica se vuelve cada vez más porosa.
Otro movimiento menos visible, pero de largo alcance, es la inversión de 300 millones en un megafondo gestionado por Seaya, destinado a escalar empresas innovadoras. Hace apenas tres años, el ecosistema español carecía de vehículos financieros de ese tamaño. Hoy empiezan a aparecer.
Europa ha entendido algo que Estados Unidos domina desde hace décadas: sin músculo financiero, la innovación se vende antes de crecer. El objetivo es evitar ese destino recurrente de startups prometedoras que terminan absorbidas por capital extranjero cuando alcanzan cierta escala.
No se trata solo de competitividad. También de retener valor estratégico.
El trasfondo de esta ofensiva inversora es más amplio que el ciclo económico español. El BEI actúa como instrumento de una Unión Europea que intenta ganar margen en un mundo fragmentado: tensiones comerciales, competencia tecnológica y dependencia energética todavía reciente.
España ofrece una combinación difícil de ignorar: crecimiento superior a la media europea, capacidad de absorción de fondos y estabilidad macro relativa. Pero también necesidades evidentes —vivienda, electrificación, modernización industrial— que convierten cada euro invertido en algo más que contabilidad.
Hay una transformación silenciosa en marcha: la del capital público europeo como arquitecto de mercado. No sustituye a la iniciativa privada, pero la empuja en determinadas direcciones. La pregunta ya no es si Europa debe intervenir más, sino cómo y hacia dónde canaliza esa intervención.
De momento, el mapa es reconocible: energía para sostener la transición, vivienda para evitar fracturas sociales, defensa para reducir dependencias e innovación para competir.
El récord de inversión, en ese sentido, es menos un punto de llegada que un síntoma. Europa empieza a gastar como quien ha entendido que el futuro también se financia.