Los centros de datos tienen una peculiaridad bastante fácil de explicar y bastante complicada de resolver. Necesitan muchísima electricidad y la necesitan todo el tiempo. No pueden apagar servidores porque se haya puesto el sol, esperar a que sople el viento ni organizar la inteligencia artificial según venga el parte meteorológico. España quiere atraer estas inversiones y tiene buenas razones para hacerlo, pero también necesita evitar que su desembarco se convierta en una nueva carrera por hacerse con una capacidad de red que empieza a ser un bien bastante codiciado.
El Gobierno intenta poner orden mediante un real decreto que vinculará el acceso de los nuevos centros de datos a exigencias energéticas, medioambientales y de soberanía digital. Entre ellas aparece una especialmente ambiciosa. Cada hora de funcionamiento deberá quedar respaldada al menos en un 80 % por electricidad procedente de nueva generación renovable producida durante esa misma hora. La Asociación Empresarial Eólica comparte la idea de que estas instalaciones no pueden crecer a costa de aumentar el consumo fósil, aunque cree que llevar el reloj a ese extremo desde el primer día puede crear más problemas de los que pretende resolver.
Detrás de la discusión hay bastante más que una pelea sectorial por colocar molinos. España ha concedido desde finales de 2023 más de 6 GW de capacidad de acceso en la red de transporte a proyectos de centros de datos y, desde 2020, alrededor de otros 6 GW en las redes de distribución. A eso se suma una enorme cantidad de solicitudes todavía pendientes. El propio Ministerio reconoce que atender todo ese interés obligaría a dedicar una parte importante de las inversiones previstas en la red eléctrica a alimentar estas instalaciones.
Los centros de datos pueden convertirse en una magnífica noticia para un sistema renovable que necesita nuevos consumidores, pero también en un problema considerable si todos quieren conectarse deprisa, consumir las veinticuatro horas y hacerlo en los mismos lugares.
El problema de pedirle puntualidad suiza al viento y al sol
La idea del Gobierno tiene una lógica bastante evidente. Si llega una nueva instalación capaz de consumir como una ciudad, parece razonable exigirle que ese incremento de demanda venga acompañado por nueva energía limpia y no termine provocando más generación con gas. De hecho, esa fue una de las razones que llevaron al Ejecutivo a introducir estos requisitos en el Real Decreto-ley 7/2026, donde advirtió de que un crecimiento rápido de los centros de datos sin nueva generación renovable podría aumentar tanto el uso de gas como los costes eléctricos del conjunto del sistema.
La discusión empieza al intentar conseguir que ambas curvas encajen prácticamente al minuto. La producción renovable no funciona como un grifo que pueda abrirse exactamente cuando un centro de datos necesita electricidad. La fotovoltaica concentra buena parte de su generación en las horas solares, mientras que la eólica tiene un comportamiento diferente y suele aportar más durante otoño, invierno y numerosos periodos nocturnos. El almacenamiento permite trasladar electricidad de unas horas a otras, aunque hacerlo exige baterías, inversión y capacidad suficiente.
AEE sostiene que imponer desde el comienzo una correlación estrictamente horaria puede empujar a los promotores a instalar una cantidad de almacenamiento o de determinadas tecnologías que no responda a lo que necesita realmente el sistema, sino a la obligación administrativa de conseguir que dos columnas cuadren hora por hora.
Su alternativa resulta bastante más flexible. Propone dividir el año en cuatro grandes bloques, combinando día y noche con primavera-verano y otoño-invierno, y comprobar dentro de cada uno si la generación renovable contratada compensa el consumo realizado. Después, cuando el sistema disponga de más renovables, almacenamiento y herramientas para gestionar la demanda, esa correspondencia podría estrecharse progresivamente hasta periodos estacionales, mensuales y eventualmente horarios.
AEE no quiere quitar el objetivo renovable, sino concederle algo más de cintura. Existe además una razón tecnológica detrás de esa petición. Si se obliga a un centro de datos a demostrar que dispone de suficiente producción limpia exactamente a las cuatro de la madrugada de un martes de agosto, habrá que construir generación o almacenamiento capaz de cubrir también esas horas, aunque durante otras partes del día el sistema español esté tirando energía renovable porque produce más de la que puede consumir.
España empieza a tener electricidad limpia que algunas horas no sabe dónde meter
Ese fenómeno explica otra de las objeciones de la patronal eólica. Los denominados vertidos renovables se producen cuando existe electricidad disponible procedente del viento o del sol que no puede incorporarse al sistema por falta de demanda, capacidad de red u otras limitaciones técnicas.
Desde un punto de vista bastante elemental cuesta explicar que una instalación tenga delante electricidad renovable que nadie puede aprovechar y, al mismo tiempo, deba demostrar que ha provocado la construcción de otra planta nueva para cumplir administrativamente con su consumo.
AEE pide por eso que las horas en las que existan vertidos renovables o restricciones técnicas acreditadas queden fuera de determinados cálculos. También quiere que las repotenciaciones de parques existentes y las hibridaciones puedan considerarse nueva capacidad, porque sustituir aerogeneradores antiguos por otros mucho más productivos puede aumentar la generación sin necesidad de ocupar un territorio completamente nuevo.
La discusión sobre la adicionalidad va precisamente por ahí. El Gobierno quiere impedir que los centros de datos se limiten a comprar la electricidad renovable que ya existía y obliguen indirectamente a otros consumidores a utilizar más generación fósil. Su planteamiento exige que el nuevo consumo vaya acompañado por nueva producción limpia, un principio bastante difícil de discutir sobre el papel.
AEE pide ampliar de 18 a 36 meses la ventana de adicionalidad, fundamentalmente para incluir proyectos eólicos que ya están bastante avanzados pero pueden llevar años atrapados entre permisos, declaraciones ambientales, autorizaciones y recursos judiciales.
En el fondo aparece uno de los viejos problemas de la transición energética española. Sobre el papel hacen falta más renovables, más redes, más almacenamiento y mucha más demanda eléctrica. Sobre el terreno, cada una de esas piezas avanza a una velocidad diferente.
Un centro de datos puede construirse relativamente rápido. Un parque eólico puede tardar años en atravesar toda su tramitación y una línea eléctrica tampoco aparece de un día para otro. Si la normativa exige que todas esas piezas lleguen perfectamente sincronizadas, será necesario conseguir antes que las administraciones puedan tramitarlas con una sincronización parecida.
La inteligencia artificial también tendrá que encontrar enchufe
La dimensión de este debate crecerá a medida que lo haga la inteligencia artificial. Entrenar modelos, ejecutarlos y almacenar cantidades gigantescas de información exige centros de datos cada vez mayores, y las grandes tecnológicas están buscando lugares con electricidad abundante, redes capaces de soportar nuevas conexiones y precios competitivos.
España tiene varias cartas buenas en esa partida. Dispone de una elevada producción renovable, suelo, conexiones internacionales de telecomunicaciones y una posición geográfica interesante para las infraestructuras digitales. Precisamente por eso existe una avalancha de proyectos solicitando acceso a la red.
El Ministerio no quiere que esa ventaja termine convirtiéndose en un problema para el resto de los consumidores. El proyecto establece obligaciones para las instalaciones de al menos 1 MW de potencia de acceso y vincula el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad a sus derechos de conexión. Los incumplimientos podrán traducirse en recargos sobre peajes y cargos y, en los casos previstos, incluso en la pérdida del acceso a la red.
Eso da una idea de la importancia que el Gobierno concede al asunto. No está diseñando simplemente una etiqueta verde para que los centros de datos puedan ponerla en su publicidad, sino condicionando uno de sus activos más importantes, la posibilidad de conseguir electricidad.
AEE teme que un mecanismo demasiado rígido termine desanimando proyectos que podrían proporcionar precisamente lo que el sistema necesita en determinadas horas, un consumidor enorme y relativamente estable capaz de absorber una parte creciente de la generación renovable.
Esa nueva demanda puede ser especialmente interesante en un mercado donde cada vez aparecen más horas con precios muy bajos o incluso negativos por exceso de producción limpia. Conseguir que industrias, centros de datos, almacenamiento y otros grandes consumidores utilicen esa electricidad permite aprovechar mejor las instalaciones existentes y mejorar la rentabilidad de nuevas inversiones.
La dificultad consiste en conseguirlo sin regalar capacidad de red a proyectos especulativos ni permitir que una explosión de centros de datos termine disparando las necesidades de generación convencional cuando no haya suficiente viento, sol o almacenamiento. El Gobierno tiene motivos para exigir que quien incorpore una demanda eléctrica gigantesca aporte también nueva generación renovable, mientras la patronal eólica plantea que un sistema eléctrico no funciona como una suma de contratos individuales donde cada consumidor lleva su parque renovable debajo del brazo y consigue que producción y demanda coincidan durante las 8.760 horas del año. Entre ambos planteamientos hay bastante ingeniería y todavía más regulación.
La capacidad eléctrica no es infinita y conceder varios gigavatios a estas instalaciones significa reservar infraestructuras que también necesitarán nuevas fábricas, transporte eléctrico, hogares, producción de hidrógeno y otras actividades llamadas a abandonar los combustibles fósiles. El propio Ministerio reconoce que la cantidad de proyectos solicitados obligaría, si todos siguieran adelante, a dedicar una parte considerable del esfuerzo inversor de la red a atenderlos.
La discusión sobre cuatro bloques horarios, 18 o 36 meses y qué parque puede considerarse adicional parece muy técnica, pero debajo hay una pregunta bastante sencilla. España está intentando atraer una industria que consume cantidades descomunales de electricidad justo cuando necesita electrificar buena parte de su economía.
Puede ser una combinación estupenda si la nueva demanda ayuda a financiar más renovables, aprovecha excedentes y proporciona estabilidad al sistema. Funcionará bastante peor si, para presumir de que cada centro de datos consume electricidad verde, terminamos construyendo generación y baterías donde no hacen falta mientras en otros lugares la red continúa esperando inversiones.
El reto del decreto consiste en encontrar ese equilibrio sin convertir la sostenibilidad en una carrera por cumplir requisitos sobre el papel. España tiene renovables, interés inversor y una industria digital dispuesta a consumir mucha electricidad. Conseguir que las tres piezas encajen sin encarecer el sistema ni desperdiciar energía será bastante más complicado que conseguir que cuadren las horas en una hoja de Excel.
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