La última Junta General de Accionistas de Banco Santander, celebrada como es tradición en "viernes de dolores", no fue únicamente el escenario donde se validaron unos resultados históricos, sino también un espacio de confrontación discursiva en el que distintas voces, que iban desde el activismo social hasta la representación sindical, pusieron en cuestión el modelo de negocio, las prioridades estratégicas y el impacto real de la entidad presidida por Ana Patricia Botín. Lo que sobre el papel debía ser una celebración corporativa se transformó, una vez más, en una crónica densa de tensiones acumuladas, donde la rentabilidad convivió con acusaciones de enorme gravedad y donde el éxito financiero se vio atravesado por preguntas incómodas que no fueron respondidas.
La sesión comenzó bajo el signo de los beneficios récord, una constante en los últimos ejercicios de la entidad. Sin embargo, el relato oficial pronto se vio destruido por la intervención de la campaña Banca Armada, que introdujo en el debate una dimensión geopolítica que desbordó el marco habitual de estas reuniones. “Hace dos años y medio que se inició una nueva ofensiva genocida contra Gaza”, afirmó Miren Coldovique, antes de formular una pregunta que atravesó toda la jornada: “¿Cuál puede haber sido la contribución del Banco Santander en ayudar a aumentar las capacidades militares del ejército israelí y en sus crímenes de guerra?”.
La intervención no se limitó a la denuncia retórica, sino que aportó cifras concretas para sustentar su acusación. Según los datos expuestos, la entidad habría financiado con miles de millones de dólares a empresas vinculadas a la producción de armamento utilizado en conflictos activos. En ese sentido, la activista fue tajante: “Con estos más de 23.600 millones de dólares, Banco Santander y sus dirigentes se convierten en corresponsables del genocidio y la ocupación del pueblo palestino”. La gravedad del lenguaje empleado elevó el tono del encuentro, situando al banco en el centro de un debate ético de alcance internacional.
Esta línea argumental se vio reforzada por una segunda intervención de la misma campaña, en la que se amplió el foco hacia la economía global de la guerra. María de la Fe Navarro planteó una reflexión que conectaba la actividad financiera con las dinámicas de rearme: “Vivimos tiempos en que invertir en la industria militar al calor de la guerra, el belicismo y la ley del más fuerte parece ser una excelente oportunidad para enriquecerse, pero ¿creen que es ético?”. La pregunta, formulada directamente al consejo de administración, no encontró respuesta inmediata, pero dejó instalada una tensión latente en la sala.
Navarro fue más allá al señalar el papel estructural del sector financiero en la industria armamentística: “3 de cada cuatro armas en el mundo no se podrían fabricar si no fuera por el apoyo de entidades como Santander”. Con esta afirmación, el debate dejó de ser coyuntural para adquirir un carácter sistémico, cuestionando no solo decisiones concretas, sino el modelo de intermediación financiera en su conjunto.
El impacto de estas intervenciones no puede entenderse sin situarlas en un contexto más amplio de creciente escrutinio sobre la responsabilidad social de las grandes entidades financieras. En los últimos años, la presión de organizaciones civiles, inversores institucionales y organismos internacionales ha ido configurando un nuevo marco de exigencias, donde la rentabilidad ya no es suficiente para legitimar la actividad empresarial. En este escenario, las acusaciones vertidas durante la junta adquieren una dimensión estratégica, al poner en cuestión la coherencia entre los discursos corporativos y las prácticas reales.
Pero si el activismo centró el foco en la dimensión global del negocio bancario, los sindicatos devolvieron la discusión al terreno interno, donde las tensiones no son menos intensas. La intervención de Comisiones Obreras destruyó con realidades el relato de éxito presentado por la dirección. Noemí Trabado comenzó reconociendo los resultados, pero rápidamente señaló una contradicción fundamental: “son precisamente las personas que trabajan en esta entidad, las únicas que no ven una recompensa adicional por estos beneficios”.
Esta afirmación sintetiza una de las principales críticas recurrentes en las juntas de accionistas del sector financiero: la desconexión entre la evolución de los beneficios y las condiciones laborales de las plantillas. En el caso del Santander, esta brecha se manifiesta, según los sindicatos, en una política sostenida de reducción de costes que ha impactado directamente en el empleo y en la calidad del trabajo.
Trabado aportó datos concretos que ilustran esta tendencia: “Se han cerrado más de 160 oficinas en 2025 y se han prejubilado 893 personas, pero esas personas no se han reemplazado con nuevas contrataciones”. Este proceso de ajuste, enmarcado en la transformación digital del sector, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo y sobre su impacto en la atención al cliente.
La representante sindical también alertó sobre las condiciones en las que se desarrolla el trabajo diario en la entidad, describiendo un entorno marcado por la presión constante: “presiones comerciales diarias, constantes y asfixiantes”. Este diagnóstico fue compartido por otras organizaciones sindicales presentes en la junta, que coincidieron en señalar un deterioro progresivo de las condiciones laborales.
Desde UGT, la crítica se articuló en torno a la idea de que la presión comercial ha dejado de ser una circunstancia puntual para convertirse en un elemento estructural del modelo de negocio. “La presión comercial ha dejado de ser algo puntual para convertirse en una condición estructural de nuestro trabajo”, afirmaron, antes de plantear una pregunta directa a la presidenta, Ana Botín: “¿cómo se sentiría usted cada mañana si empezara su jornada sin saber exactamente qué se le exige?”.
La formulación de esta pregunta revela un problema más profundo relacionado con la gestión interna de la organización: la falta de claridad en los objetivos, la variabilidad de los criterios de evaluación y la incertidumbre sobre las expectativas laborales. Estos elementos, según los sindicatos, generan un entorno de trabajo inestable que afecta tanto al rendimiento como al bienestar de la plantilla.
La intervención de CGT añadió una dimensión especialmente preocupante al debate al introducir datos sobre el impacto en la salud de los trabajadores. “Se están logrando beneficios millonarios mientras la salud mental, emocional y física de la plantilla se deteriora al máximo”, afirmó Silvia Armendáriz, quien detalló un aumento significativo de las bajas médicas: un 25% en el ámbito psiquiátrico y un 43,8% en el neurológico.
Estos datos apuntan a una problemática que trasciende el caso concreto del Santander y que afecta al conjunto del sector financiero en un contexto de transformación acelerada. La digitalización, la automatización y la presión competitiva han redefinido las dinámicas laborales, generando nuevas formas de estrés y de precariedad que todavía no han sido plenamente abordadas.
En paralelo a estas críticas laborales y éticas, la cuestión ambiental emergió como otro de los ejes centrales de la junta. La intervención de Ecologistas en Acción puso en duda el compromiso del banco con la transición ecológica, señalando cambios recientes en sus políticas de riesgo. “¿Por qué ha decidido el Banco Santander restar visibilidad al cambio climático en su política de riesgos?”, preguntó Marina Gros.
La organización denunció la eliminación o el debilitamiento de ciertos criterios ambientales, así como el aumento de la financiación a proyectos vinculados a combustibles fósiles. Estas decisiones, según los activistas, contradicen los compromisos adquiridos previamente por la entidad en el marco de iniciativas internacionales como la Net Zero Banking Alliance.
La crítica ambiental se inscribe en un contexto de creciente presión sobre las entidades financieras para que alineen sus carteras de inversión con los objetivos climáticos globales. En este sentido, las decisiones estratégicas del Santander no solo tienen implicaciones reputacionales, sino también financieras, en la medida en que pueden afectar a su relación con inversores institucionales cada vez más sensibles a estos criterios.
La Federación Independiente de Trabajadores del Crédito aportó una reflexión que, sin abandonar el plano laboral, conectó con una dimensión más amplia del debate. “La verdadera fortaleza de un banco también se mide por la grandeza con la que trata a su activo más valioso, sus trabajadores”, afirmó su representante, subrayando la necesidad de coherencia entre el discurso corporativo y las prácticas internas.
Esta idea de coherencia aparece como uno de los ejes transversales de la junta. Tanto en el ámbito ético como en el laboral y el ambiental, las críticas convergen en señalar una disonancia entre lo que el banco declara y lo que hace. Esta disonancia no solo afecta a la percepción pública de la entidad, sino que puede tener consecuencias directas en su sostenibilidad a largo plazo.
A lo largo de la sesión, la figura de Ana Patricia Botín permaneció en el centro de todas las interpelaciones. Las preguntas dirigidas a la presidenta no solo buscaban respuestas concretas, sino que también apuntaban a una cuestión más profunda: falta de liderazgo y la orientación estratégica del banco en un entorno cada vez más complejo.
La junta del Banco Santander se cerró sin respuestas concluyentes a muchas de las cuestiones planteadas. Sin embargo, dejó una impresión clara: la rentabilidad, por sí sola, ya no basta para sostener la legitimidad de una entidad de esta magnitud.