Tal y como publicó Diario Sabemos, el día 27 de abril de 2.016 se celebró una reunión del Consejo de Administración del Banco Popular en la que, entre otros temas, se comunicó que la Audiencia Nacional había solicitado al banco información sobre operaciones de blanqueo realizadas a través del Banco Pastor y que estaban relacionadas con la Trama Gürtel. Ante tales acusaciones, el ex presidente del Pastor, José María Arias, ocultó que toda esa información había sido destruida. A partir de ahí, con la puesta en marcha de una investigación interna ordenada por Ángel Ron, el comportamiento de Arias se tornó en obstruccionista y vio en la operación de Antonio del Valle la oportunidad de que todo se parara.
El diario El Independiente publicó que, según la investigación interna iniciada por el Popular, Yolanda Díaz Cagiao, directora de Auditoría Interna del Popular, y que había desarrollado la misma función en el Pastor, afirmó que antes «de la fusión con Banco Popular Español, José María Arias le dio orden expresa de destruir cuantos documentos internos de trabajo, ya fueran físicos o en soporte informático, hubiera en su unidad en relación con la operaciones de las oficinas de representación, lo que se llevó a efecto por parte del personal de dicha unidad de Auditoría».
Por tanto, la persona que había recibido la orden de destruir esa documentación fue Yolanda García Cagiao. Saracho conocía este asunto por una denuncia que había recibido en el mes de marzo, precisamente cuando la directora de Auditoría Interna estaba realizando el informe para la reexpresión de las cuentas. No se sabe cuándo Saracho puso en conocimiento del Juzgado la denuncia, pero no había constancia de que lo hubiese hecho antes de junio de 2017. ¿Actuó, quizás, Yolanda García Cagiao presionada por ese hecho?
Sin embargo, el 2 de junio de 2017, el mismo día en que Saracho recibió las instrucciones de Uría y Menéndez para el día de la resolución (Día R) y en el que Elke König convocó la reunión en la que se dio inicio al Proyecto Hipócrates, Emilio Saracho recibió a las 11.20 horas un correo de su jefa de gabinete, Rocío López Yeste, una mujer a la que incorporó el propio Saracho, que había trabajado previamente en el Santander y que, tras la resolución, fue una de las personas de confianza de Rodrigo Echenique. En esa comunicación, a la que ha tenido acceso Diario Sabemos, se indica lo siguiente:
En este correo se reenviaba una comunicación de Salvador Espinosa de los Monteros, socio de Garrigues, en el que se explicitan las condiciones a ofrecer a Yolanda García de cara a su despido, entre las que se encontraba una subida de la base salarial –una práctica inhabitual– y pactando su salida «en diferido» al 31 de diciembre de 2017. ¿Era una compensación por sus servicios?:
El hecho de que esas condiciones a ofrecer a Yolanda García se remitieran precisamente el 2 de junio, cuando ya se estaban preparando las estrategias para el día 7 de junio, es sintomático de que no se querían dejar cabos sueltos. Nada podía fallar, nadie se podía poner de frente a la operación porque la señora García Cagiao, en su responsabilidad de directora de Auditoría Interna, hubiera sido consciente de que la inviabilidad no era tal, puesto que el Popular era un banco solvente y viable, como bien afirman los peritos del Banco de España en el informe presentado ante la Audiencia Nacional.