Las estanterías de las bibliotecas están llenas de títulos intentando explicar quién gobierna el mundo. Los libros sobre la materia acusan dos tendencias: una encarna el poder en personas, instituciones y lobbys; otra oculta el manejo de la influencia sobre el poder en oscuros cónclaves, conspiraciones, fraternidades, logias, sectas… Las dos opciones no niegan que ciertas multinacionales, fortunas ‘anónimas’ en paraísos fiscales y magnates del planeta deciden lo que firman presidentes, reyes o autócratas.
Inicialmente vemos que detentan el poder porque posan serios junto a banderas nacionales, ocupan despachos con maderas y dorados, usan coches blindados oscuros y les protegen escoltas. Hacen, de alguna forma, creíble cualquier gobierno que les administra los recursos estatales.
Si viajamos hasta la vieja España la historia de su siglo XIX es más que convulsa. Alternaron en el poder reyes, validos, una efímera república y militares. Hasta varias guerras carlistas hubo. Y se liquidaron en su agonía los restos coloniales. Del siglo XX qué decir, más líos: absolutismo con dictadura que resucitó, república que se ansió y fratricidio que no se evitó. Tras la sangre, represión y exilio se restauró una dictadura y después una monarquía encarnada por el hoy expatriado rey emérito.
Felipe VI limitó la influencia que detentó su padre transgresor. Hasta hoy se comporta; equilibra su estatus a los cánones constitucionales. Mientras tanto, el poder español lo sitúan sus analistas en varios espacios: fortunas del Ibex 35, estirpes con apellidos entre guiones e ‘y’, élites del bipartidismo y mecenas de fines nobles que se forran en páginas del BOE.
La verdad que se escondía
Desde que las ballenas del franquismo multiplicaron cachalotes en democracia, la fauna del poder oculto pulula por la cúpula de la administración. Lo ilustramos con un singular ejemplo: ujieres del Pardo apostaban por la vigencia de la jura de los ministros, ‘provisionales’ en sus charlas. La misma moto que los escoltaba hasta El Pardo llevaría el telegrama de su cese. Y los ujieres seguían en su puesto. Es decir, el funcionario se queda, los políticos pasan.
Más o menos es la fundada tesis de un periodista que indaga en la médula del poder en el estado sobre la temporalidad de los gobiernos. La sesuda investigación de Rafael Méndez tiene fruto en la obra Los Dueños del estado (Península, 2026). El informador trabajó en medios (El Confidencial, El País, elDiario.es) y productoras casi 30 años. Sacó jugo visionario del iceberg del poder que enseñan Moncloa y ministerios. La verdad es otra.
La recomendable obra de Méndez articula su índice sobre frases que atribuye a altos funcionarios. Estos plasman la capitanía del gobierno del Estado español. Dicho autor se refiere a Letrados de Cortes y Consejo de Estado, Inspectores de Hacienda y Abogados del Estado. Añadimos Técnicos Comerciales, Interventores más otros inspectores estatales (laborales, sanitarios, industriales, medioambientales…) y diplomáticos.
Multinacionales, fortunas ‘anónimas’ en paraísos fiscales y magnates del planeta deciden lo que firman presidentes, reyes o autócratas
Las indagaciones de Méndez no lo fueron sobre juristas que superaron duras pruebas para integrar la plantilla funcionarial. Se centran sobre las élites de cuerpos que están ahí, gobierno tras gobierno, anclados a su cargo técnico. El que decide e influye sin firmar. Son, en suma, quienes orientan las normas, bloquean o franquean decisiones políticas.
El panorama que leemos en Los dueños del Estado pivota entre el servicio púbico y la codicia privada. O sea, y como relata Méndez con oficio, hay abogados del Estado matutinos que -por la tarde- son consultores de millonarios que logran licitaciones. La obsoleta Ley 53/84 sobre incompatibilidades de empleados públicos permite desvaríos como licenciar a un arquitecto municipal el firmar proyectos en localidad vecina.
O que un magistrado cobre conferencias o artículos de un banco al que ejecuta hipotecas o le agiliza embargos. Otro ejemplo sería la rapidez con que la Oficina de Conflictos de Intereses permitió a la ex vicepresidente del Gobierno Soraya Sáenz trabajar para bufete que pleitea contra el estado. La ‘puerta giratoria’ se abrió antes de los dos años preceptivos.
Las páginas de Méndez merecen reproducirse en parte. En 2009 sucedió un conflicto en el Consejo de Estado: "Con un Gobierno de izquierdas que venía de aprobar el matrimonio gay y la Ley de Memoria Histórica, un veterano de la Guerra Civil del bando franquista con más de noventa años logró que se introdujera una enmienda clandestina en los presupuestos para cobrar una pensión, porque sin ella no pensaba dejar su puesto vitalicio". Un ex letrado logró cobrar tal ‘paguita’: ¿tenacidad o caradura?
Otra perla sobre quienes mandan en el estado Méndez la data en 1980. Entonces se aprobó norma que reintrodujo a los consejeros permanentes en el Consejo de Estado. ‘Fue un Pacto transversal con la fontanería de dos padres de la Constitución de apellidos compuestos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD) y Gregorio Peces-Barba (PSOE). Debido sin duda a una coincidencia, cuatro años después, el padre de Peces-Barba, jurista, fue nombrado consejero permanente del Consejo de Estado, permaneciendo en el cargo hasta su muerte a los 85 años. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, por su parte, accedió luego al mismo cargo de consejero vitalicio que él mismo había ayudado a crear. Ahí sigue a los 85 años’. Uno de los pocos padres de la Constitución vivos no se jubila.
Como vemos quienes conocen las entretelas del estado saben de sus vulnerabilidades o brechas. Tienen -según Méndez- rimbombantes apellidos de sagas familiares madrileñas y son invisibles ante el ojo público. Están detrás de decisiones políticas mientras son adoptadas.
