La Segunda República no abandonó el Protectorado español de Marruecos y heredó un Ejército de África formado durante décadas de guerras coloniales. En julio de 1936, Ceuta, Melilla y Tetuán se convirtieron en escenarios iniciales de la sublevación militar, mientras la posterior independencia marroquí de 1956 dejó abierta una discrepancia territorial sobre Ceuta que se cruzaría después con otro conflicto sin resolver: el Sáhara Occidental.
La proclamación de la Segunda República en abril de 1931 transformó profundamente el sistema político español, pero no significó el final del Protectorado. Los sucesivos gobiernos republicanos introdujeron cambios administrativos y trataron de reforzar determinados componentes civiles de la presencia española, aunque mantuvieron la estructura colonial y continuaron dedicando importantes recursos al conocimiento y administración del territorio.
Los estudios del CSIC sobre la cartografía colonial han demostrado una considerable continuidad entre la etapa monárquica y la republicana. Durante los años 1931-1936 siguieron destinándose recursos económicos y humanos a la elaboración de cartografía del Protectorado, mediante estructuras dependientes del Ministerio de la Guerra, sin que pueda hablarse de una ruptura sustancial con los planes anteriores.
La República heredaba además algo mucho más importante que mapas y organismos administrativos: un poderoso Ejército de África, con oficiales formados durante años de campañas coloniales y unidades como los Regulares y la Legión que disponían de una experiencia de combate incomparable con la de la mayoría de las tropas peninsulares.
Marruecos, primer escenario de la sublevación de 1936
La conspiración militar contra la República convirtió el control del Protectorado en un elemento estratégico decisivo. La sublevación comenzó allí el 17 de julio de 1936 y rápidamente se extendió por Melilla, Ceuta y Tetuán, donde los militares rebeldes se hicieron con los principales centros de poder y comenzaron la represión contra quienes permanecieron leales al Gobierno republicano.
Los sublevados tenían, sin embargo, un problema inmediato. El Ejército de África podía convertirse en una de sus principales fuerzas militares, pero estaba separado de la Península por el Estrecho y buena parte de la Marina había permanecido inicialmente bajo control gubernamental.
La ayuda alemana e italiana permitió multiplicar la capacidad de trasladar tropas y material hacia la Península. De este modo, el Protectorado creado en 1912 y el Ejército colonial configurado durante las campañas que culminaron en Annual y Alhucemas adquirieron una función completamente nueva: proporcionar al golpe militar algunas de sus unidades más experimentadas.
Existe, por tanto, una continuidad histórica entre la guerra del Rif y 1936 que no significa que Annual hiciera inevitable la Guerra Civil, pero sí que las campañas marroquíes habían creado mandos, unidades y una cultura militar que desempeñaron después un papel fundamental en el conflicto español.
Alemania vuelve a mirar hacia Ceuta
La importancia estratégica del Estrecho tampoco desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. Una investigación publicada por Oxford sobre las redes de la inteligencia alemana documenta que la Abwehr organizó en el Marruecos español una estructura con centro en Tetuán y estaciones subordinadas en Tánger, Melilla, cabo Espartel y Ceuta.
La razón era evidente, porque desde aquella zona podían observarse Gibraltar, el tráfico naval y uno de los pasos marítimos más importantes del mundo. Ceuta volvía así a aparecer dentro de la estrategia alemana, aunque en circunstancias muy distintas de las operaciones clandestinas desarrolladas durante la Primera Guerra Mundial.
1956: termina el Protectorado, pero Ceuta permanece
La independencia marroquí de 1956 abrió el problema contemporáneo. La declaración conjunta hispano-marroquí del 7 de abril estableció que el régimen creado mediante el convenio de 1912 ya no podía gobernar las relaciones entre ambos países y España reconoció la independencia y plena soberanía de Marruecos.
Ceuta y Melilla no fueron transferidas porque España sostenía que jurídicamente nunca habían formado parte del Protectorado. Ceuta, en particular, llevaba siglos vinculada a Portugal y posteriormente a España, mientras el convenio de 1912 había establecido un régimen completamente diferente para territorios que continuaban nominalmente bajo la autoridad del sultán.
Marruecos ha mantenido una interpretación territorial distinta y ha reivindicado ambas ciudades como parte del territorio que considera pendiente de recuperar. La discrepancia ya apareció formalmente en Naciones Unidas durante los primeros años posteriores a la independencia, donde representantes españoles y marroquíes defendieron posiciones incompatibles sobre su historia y situación jurídica.
La cuestión presenta además una particularidad internacional importante: Ceuta y Melilla no figuran en la actualidad entre los Territorios No Autónomos sometidos al procedimiento de descolonización de Naciones Unidas. Esa circunstancia no equivale a una sentencia internacional que resuelva cualquier reclamación bilateral, pero sí diferencia jurídicamente su situación de la del Sáhara Occidental.
El Sáhara añade un segundo conflicto territorial
La descolonización española en África no terminó en 1956. España conservó Ifni hasta 1969 y mantuvo el Sáhara Occidental hasta la crisis de 1975-1976.
La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de octubre de 1975 reconoció que habían existido determinados vínculos jurídicos entre el sultán de Marruecos y algunas tribus del territorio, pero no encontró vínculos de soberanía territorial capaces de eliminar el principio de autodeterminación aplicable al Sáhara Occidental.
La retirada española, la Marcha Verde y el enfrentamiento entre Marruecos y el Frente Polisario dejaron abierto un conflicto que todavía condiciona las relaciones del Magreb. Décadas después, ese problema terminaría afectando directamente a Ceuta.
Mientras tanto, la integración de España en las Comunidades Europeas en 1986 modificó nuevamente la naturaleza de la ciudad. Ceuta ya no era solamente una frontera española situada en África, sino también una frontera vinculada al proyecto europeo, con particularidades fiscales y aduaneras y una creciente importancia migratoria.
El Estatuto de Autonomía aprobado en 1995 definió jurídicamente a Ceuta como «parte integrante de la Nación española», mientras Marruecos continuó sosteniendo su reclamación histórica.
A finales del siglo XX quedaban así superpuestas varias capas históricas: una soberanía española procedente de muchos siglos atrás, la memoria colonial del Protectorado, una reivindicación marroquí posterior a la independencia y el conflicto todavía abierto del Sáhara Occidental.
En el siglo XXI, todas ellas terminarían encontrándose en una frontera de apenas unos kilómetros.
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