La efectividad de un golpe político no se mide por su viabilidad jurídica, sino por el nivel de ruido que genera en la conversación pública. La reciente ofensiva de Vox al solicitar que el Congreso de los Diputados promueva una investigación penal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de traición y contra la seguridad del Estado tras la crisis migratoria de Ceuta, constituye un movimiento diseñado para fracasar en la Cámara Baja pero triunfar holgadamente en el ecosistema digital. No importa que el artículo 102 de la Constitución exija una barrera infranqueable de 88 diputados para proponer la iniciativa y una mayoría absoluta para aprobarla; la iniciativa de Santiago Abascal no buscaba el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo, sino la conquista definitiva del algoritmo.
El uso de los mecanismos del Estado de derecho como caja de resonancia mediática es una constante en la trayectoria de la formación ultraderechista. En el pasado, el partido recurrió a los tribunales denunciando al Ejecutivo por homicidio imprudente durante la gestión de catástrofes naturales como incendios o inundaciones. Sin embargo, acusar al jefe del Gobierno de traición representa dar un salto cualitativo inédito desde el inicio del periodo democrático. Al encuadrar la entrada irregular de miles de personas a través de la frontera marroquí como un episodio de guerra híbrida donde el propio Gobierno español habría actuado de forma negligente o cómplice, Vox no busca aportar pruebas concluyentes, sino sembrar la duda permanente sobre la legitimidad patriótica del presidente.
La tiranía del algoritmo
Desde la perspectiva del procedimiento parlamentario, la pretensión de llevar a Sánchez ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo carece de recorrido real. Con solo 32 escaños en el Congreso, la extrema derecha se encuentra muy lejos de la cuarta parte de los miembros de la Cámara exigida por la Carta Magna para elevar una acusación de esta magnitud. El llamamiento desesperado a otras fuerzas de la oposición busca trasladar la presión política al Partido Popular, forzando a sus dirigentes a posicionarse ante una iniciativa extrema o arriesgarse a ser tachados de tibios por la base electoral más radicalizada.
Sin embargo, el verdadero terreno de juego no se ubica en las sesiones del Pleno del Congreso ni en las votaciones por papeleta. La victoria de la iniciativa se cobra en la pantalla de los teléfonos móviles. La maquinaria de propaganda digital de la extrema derecha opera bajo una lógica donde la repetición constante de un concepto termina por suplir la ausencia de pruebas. A través de la difusión masiva en redes sociales y la amplificación coordinada por sus principales cuadros dirigentes, la palabra traición se desvincula de su tipificación en el Código Penal para convertirse en una etiqueta emocional que cala profundamente en sectores de la población ya desencantados con el sistema político.
Para cuando la Mesa del Congreso o los portavoces parlamentarios certifiquen la inviabilidad formal de la propuesta, el objetivo estratégico ya se habrá cumplido. La arquitectura de las plataformas digitales prioriza la indignación y el conflicto sobre la veracidad de los hechos, logrando que el titular acusatorio sustituya al análisis riguroso de la gestión diplomática y fronteriza. Para millones de usuarios, la afirmación de que el presidente ha traicionado a la nación se transforma en una convicción inamovible, impermeabilizada frente a cualquier desmentido oficial o falta de sustento probatorio.
La deshumanización del lenguaje
La narrativa construida alrededor de los acontecimientos en Ceuta utiliza un vocabulario bélico orientado a elevar el clima de crispación social. Al calificar la llegada masiva de personas como una agresión teledirigida en el marco de un conflicto asimétrico, la formación ultra logra desplazar el foco del debate desde los derechos humanos y la cooperación regional hacia la defensa de la soberanía nacional amenazada por enemigos internos y externos. En este esquema comunicativo, el Gobierno deja de ser un actor político con una estrategia diplomática cuestionable para convertirse en un elemento pasivo o colaborativo frente al desafío marroquí. Es cierto que los hechos de Ceuta fueron un acto de guerra híbrida, pero de ahí a colegir que Pedro Sánchez estuvo involucrado hay un trecho muy importante.
En paralelo a la petición de investigación penal, la exigencia de desclasificar todas las comunicaciones mantenidas con el Reino de Marruecos antes, durante y después de los sucesos de la frontera responde a la misma lógica de sospecha preventiva. Al insinuar la existencia de pactos ocultos o concesiones inconfesables entre Madrid y Rabat, la extrema derecha apela al escepticismo de la ciudadanía para argumentar que la negativa a difundir material clasificado por razones de seguridad nacional es la prueba definitiva del delito.
El peligro de esta estrategia reside en la destrucción progresiva de las instituciones democráticas. Cuando las figuras penales reservadas para las agresiones más graves contra el Estado se utilizan de forma cotidiana como mera táctica de desgaste político, el lenguaje institucional se vacía de contenido y la confianza pública se quiebra. La polarización extrema alimentada por el control de los flujos de información digital demuestra que, en la política contemporánea, la verdad objetiva ha dejado de ser un requisito para la victoria ideológica, consolidando un escenario donde la sospecha sembrada pesa más que la realidad de los hechos.
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