Hay un silencio denso, casi palpable, en los lugares donde antes se firmaban los grandes tratados de derechos humanos. Quien lleva décadas pateándose los centros de poder, gastando suela de zapato y pisando el barro en zonas de conflicto sabe bien que el poder jamás ha llevado bien que le vigilen. El político de turno siempre ha mirado con recelo al que lleva una libreta o una cámara. Pero lo que estamos viendo ahora es algo muy distinto. Es más metódico. Más frío. Es una maquinaria diseñada al milímetro para derribar los contrapesos de la sociedad civil. Las organizaciones no gubernamentales (ONG), esas que nacieron precisamente para sacarle los colores a los gobiernos y poner orden donde la política miraba para otro lado, están encajando hoy la embestida más feroz y coordinada que se recuerda desde la Segunda Guerra Mundial.
No se trata de un arrebato aislado o del típico mandatario acorralado que le grita a un activista en una rueda de prensa. Qué va. Estamos ante una estrategia transnacional, una cruzada global impulsada por la extrema derecha que ha identificado en el llamado "tercer sector" a su enemigo ideológico prioritario. El objetivo es bien sencillo de enunciar, aunque aterrador en sus consecuencias: asfixiar el dinero independiente, manchar el nombre de cualquiera que haga preguntas incómodas y convertir el gesto más básico de solidaridad humana en un delito tipificado en el código penal.
Tomemos como ejemplo las aguas del Mediterráneo central, ese gran cementerio líquido a las puertas de Europa. Allí, barcos de salvamento humanitario que hace solo una década recibían medallas e insignias de honor por parte de las instituciones europeas, hoy terminan amarrados en puerto por orden judicial o bloqueados por burocracia trampa. En Italia y en España, la receta política ha sido idéntica: soltar el bulo en los platós de televisión de que estas ONG compadrean con las mafias que trafican con personas en el norte de África. Crearon la etiqueta facilona de los "taxis del mar" y caló en el imaginario colectivo. ¡Vaya si caló! Fue el pretexto perfecto para dictar leyes a la carta, clavar multas de seis cifras a organizaciones sin ánimo de lucro y sentar en el banquillo de los acusados a capitanes y tripulaciones cuyo único "crimen" fue sacar del agua a personas a punto de ahogarse. Cumplir a rajatabla el derecho internacional del mar, ni más ni menos.
Pues bien, la cosa no acaba en las olas ni en las playas de Lampedusa. Para que este tipo de narrativa de persecución funcione y movilice votos, le hace falta un ingrediente clave: inventarse un enemigo gigante, omnipresente y con tintes casi diabólicos que asuste a la gente de a pie. El gran laboratorio de la extrema derecha eligió al magnate y filántropo George Soros y a su red de fundaciones. En la Hungría de Viktor Orbán, en los mítines del movimiento conservador en Estados Unidos o en los discursos de los líderes populistas en América Latina, el guion ha sido rigurosamente el mismo. Se presenta a las ONG de derechos humanos como meros peones de una oscura "conspiración globalista" destinada a destruir las identidades nacionales. Con esa excusa argumental, los parlamentos han ido aprobando las llamadas leyes de "agentes extranjeros", copias más o menos descaradas de la legislación rusa, diseñadas a medida para congelar cuentas bancarias, estrangular fiscalmente y cerrar los despachos de cualquiera que oses criticar los abusos del ejecutivo.
Con el ecologismo ha pasado tres cuartos de lo mismo. Recuerden la etapa de Jair Bolsonaro al frente de la presidencia de Brasil. Cuando las imágenes de satélite mostraban sin lugar a dudas que la Amazonía ardía a una velocidad récord para abrir paso a la ganadería intensiva, el gobierno no dudó en salir a los medios a culpar... a las propias organizaciones ecologistas. Las acusaron, sin aportar una sola prueba, de provocar los incendios forestales para arruinar la reputación internacional del país. Así, sin despeinarse. En Estados Unidos y en el norte de Europa la música suena extrañamente parecida. A los grupos que investigan el impacto del cambio climático o que se encadenan pacíficamente para protestar contra nuevos macroproyectos de hidrocarburos ya no se les trata como manifestantes pesados o radicales descarriados: se promueve abiertamente su catalogación como "ecoterroristas". Una maniobra legal que busca aplicarles leyes antiterroristas y caerles encima con penas de cárcel que quitan el hipo. En España, las últimas catástrofes naturales y los incendios también han tenido ofensiva contra los activistas de defensa del medioambiente. Se les culpa de ser responsables de que no se limpien los cauces de los ríos o de que no se permitan talas controladas en los bosques para construir cortafuegos.
Al final, lo que persigue esta ofensiva coordinada es dejar el escenario político absolutamente limpio de testigos. Sin periodistas independientes que pregunten y sin ONG en el terreno que documenten lo que ocurre, la extrema derecha tiene vía libre. No hay nadie que grite cuando se violan derechos humanos en una valla fronteriza, ni nadie que audite las cuentas cuando el dinero público desaparece por la alcantarilla de la corrupción institucional.
Pero si hay un lugar donde esta batalla contra la empatía se ha vuelto brutalmente física, cotidiana y dolorosa, ese lugar es la ciudad autónoma de Ceuta donde, tras el ataque hibrido marroquí del 30 de julio, la tensión política no es un concepto abstracto que se lee en los periódicos de la tarde; es algo que se respira en el aire húmedo del Estrecho, que se siente en la piel de cada vecino. En este enclave, formaciones políticas como Vox y los sectores más duros de la extrema derecha española han convertido el municipio en su laboratorio de pruebas preferido. Han lanzado una cacería dialéctica y política feroz contra las entidades sociales que intentan poner un mínimo de dignidad en medio del caos, atendiendo a los chavales y familias que cruzaron la línea fronteriza o rodearon a nado los espigones.
El argumento ultra es tan simple como falaz: acusan a las ONG de ser el "efecto llamada" personificado. Les dicen a los vecinos, mirando a cámara, que si la gente sigue cruzando desde Marruecos es porque al otro lado hay voluntarios esperándoles con mantas, comida y un techo. El señalamiento ya no se queda en los atriles del Congreso o en los hilos de las redes sociales. Ha bajado directamente al asfalto, a las plazas y a los callejones de los barrios ceutíes.
El resultado de esta siembra de odio es escalofriante. Voluntarios de la Cruz Roja y trabajadores de pequeñas asociaciones locales que llevan media vida dejándose la piel para ayudar a los más vulnerables ven ahora cómo les miran mal cuando entran a comprar el pan. Les increpan por la calle e, incluso, les amenazan con agredirles. Les acusan en grupos de aplicaciones de mensajería instantánea de estarse lucrando con el drama humano o de estar compinchados con las mafias que gestionan los pasos fronterizos. Esta criminalización metódica pretende asfixiar socialmente al voluntario, romper la moral de las organizaciones y forzar la retirada de los recursos públicos mediante el chantaje parlamentario.
Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente trágica. El fenómeno más desolador de este asedio mediático es comprobar cómo la desesperación real de una población exhausta ha terminado por tragarse el anzuelo del discurso más salvaje. Ceuta es una ciudad golpeada por una crisis económica estructural, con unas tasas de desempleo juvenil que asustan, servicios públicos que rozan con frecuencia el colapso y una ciudadanía que vive bajo el miedo atávico a la inestabilidad que genera Marruecos cada vez que decide abrir el grifo de la presión migratoria. En ese clima de agotamiento colectivo, el discurso ultraderechista ha encontrado el cultivo perfecto.
Sectores de la ciudadanía ceutí han terminado por abrazar la falsa promesa ultra de que paralizar la ayuda vital detendrá de golpe las llegadas. La retórica radical ha llegado a un extremo que roza el delirio inhumano: instar activamente a frenar o bloquear el reparto de alimentos entre los migrantes. Se ha llegado a difundir y respaldar la idea de que, si se les niega un plato de comida caliente y un trozo de pan, si se les somete a la inanición forzada y al raso, terminarán por cansarse y emprenderán el camino de vuelta a Marruecos por su propio pie.
Detenerse a pensar en esto solo un segundo produce un escalofrío en la espalda. Que una parte de la sociedad llegue a considerar la privación del alimento básico a seres humanos como una medida de gestión fronteriza válida y aceptable muestra hasta qué punto la manipulación ideológica puede adormecer la empatía y congelar el sentido común de toda una comunidad.
Quitarle el plato de comida a un chaval que ha arriesgado la vida en el mar no va a hacer que Marruecos cambie sus planes de guerra híbrida, ni va a frenar las causas profundas que obligan a miles de personas a huir del hambre, la sequía o las guerras que asolan el Sahel. Eso lo sabe perfectamente cualquiera que haya pisado el terreno y mirado a los ojos a quienes llegan a la playa. Pero el relato populista no busca resolver el problema; necesita un chivo expiatorio rápido y visible. Resulta infinitamente más fácil señalar con el dedo al voluntario que repartió la sopa caliente en el Tarajal que exigir responsabilidades a los despachos diplomáticos de Madrid o Bruselas por sus fracasos estructurales en política exterior.
Las consecuencias de esta destrucción de la convivencia en Ceuta son ya devastadoras. Al destruir la reputación del tejido asociativo, la extrema derecha no solo deja desamparadas a personas en situación de extrema vulnerabilidad, sino que rompe por la mitad la cohesión social del propio municipio. Se crea una fractura donde el vecino que ayuda al necesitado pasa a ser visto como un traidor a los intereses de su propio pueblo.
En Ceuta, exactamente igual que en las costas de Italia, en las fronteras de Europa del Este o en las selvas de Centroamérica, la resistencia de las organizaciones humanitarias se ha situado sin buscarlo en el epicentro de un pulso histórico. Lo que se está debatiendo en esos comedores sociales y en esos barcos de rescate no es solo si se entrega una manta o se firma una subvención. Nos jugamos algo mucho más profundo: la defensa de la dignidad humana más elemental frente al avance de un modelo político que pretende institucionalizar la crueldad y convertir el hambre en una herramienta de control fronterizo. Si permitimos que se normalice que tenderle la mano al de al lado es un acto delictivo, lo que se hunde bajo nuestros pies no es una entidad social más. Lo que se resquebraja, de arriba abajo, es el propio suelo moral de nuestras democracias. Porque, no se puede olvidar, los migrantes que están ahora en Ceuta son las víctimas, el agresor pisa alfombras mullidas en Rabat planificando con una sisha el próximo ataque contra Ceuta y contra España.
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