El voto contra uno mismo

En los antiguos cinturones industriales de Europa occidental, en ciudades que durante décadas identificaron el progreso con el Estado del bienestar y en barrios donde el voto de izquierdas parecía casi una tradición familiar, empieza a repetirse una escena que hace apenas veinte años habría resultado difícil de imaginar. Trabajadores con salarios modestos, pensionistas o jóvenes con enormes dificultades para acceder a una vivienda respaldan hoy opciones políticas que cuestionan parte de las políticas públicas de las que ellos mismos dependen.

España no constituye una excepción. Basta recorrer algunas ciudades medianas o barrios populares para comprobar que el mapa electoral ya no responde a los patrones que durante décadas sirvieron para interpretar el comportamiento político de las clases trabajadoras.

Durante buena parte del siglo XX existía una relación relativamente estable entre la posición económica y el voto. Nunca fue una regla matemática, pero sí una tendencia suficientemente sólida como para explicar buena parte de la política europea. Quien dependía del empleo asalariado, de los servicios públicos o de la protección social tendía a confiar en quienes defendían reforzarlos. Quien apostaba por una menor intervención del Estado encontraba acomodo en opciones conservadoras o liberales. Ese equilibrio ha dejado de funcionar con la misma claridad.

La explicación más sencilla consiste en afirmar que una parte de la ciudadanía vota contra sus propios intereses. Sin embargo, esa interpretación resulta demasiado cómoda y probablemente también demasiado superficial. Las personas no depositan una papeleta después de comparar programas económicos como quien analiza una oferta hipotecaria. Votan desde su experiencia cotidiana, desde sus preocupaciones, desde sus emociones y desde la forma en que interpretan el momento histórico que les ha tocado vivir. Y ahí es donde se ha producido uno de los cambios más profundos de nuestro tiempo.

Durante décadas la política giró alrededor del empleo, los salarios, la negociación colectiva o la expansión del Estado del bienestar. Hoy la conversación pública transita por otros caminos. La inmigración, la seguridad, la identidad nacional, las políticas de igualdad, la ocupación ilegal, la memoria histórica o las llamadas guerras culturales ocupan un espacio que antes pertenecía casi exclusivamente a las cuestiones económicas.

Ese desplazamiento es el resultado de una larga disputa por definir cuáles son los asuntos que una sociedad considera prioritarios. En política, quien consigue formular las preguntas suele partir con ventaja sobre quien únicamente intenta responderlas.

La derecha conservadora y la extrema derecha comprendieron hace tiempo que el terreno principal de la confrontación había cambiado. La discusión ya no consistía únicamente en cuánto debía subir el salario mínimo o qué modelo fiscal resultaba más conveniente. Se trataba, sobre todo, de construir un relato capaz de ordenar las inquietudes de una parte de la sociedad alrededor de conceptos como libertad, seguridad, identidad o mérito.

La izquierda, por el contrario, confió durante mucho tiempo en que una gestión económica eficaz acabaría traduciéndose de manera casi automática en respaldo electoral. Los últimos años demuestran que esa relación se ha debilitado. Gobernar bien sigue siendo imprescindible, pero ya no garantiza por sí solo la capacidad de construir una mayoría social.

España ofrece un ejemplo especialmente interesante. La economía atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. El empleo alcanza cifras récord, el salario mínimo ha experimentado un incremento histórico, las pensiones mantienen su poder adquisitivo y los principales organismos internacionales sitúan al país entre las economías con mejores perspectivas de crecimiento de la Unión Europea. Sin embargo, esos datos conviven con una percepción social mucho más pesimista de la realidad.

La explicación no puede buscarse únicamente en la economía. También hay que observar cómo se forma hoy la opinión pública. Las redes sociales, los algoritmos, determinados medios digitales y los canales de mensajería han alterado profundamente la manera en que millones de personas interpretan la actualidad. La experiencia personal comparte ahora espacio con un flujo ininterrumpido de mensajes donde la emoción suele viajar mucho más deprisa que los datos.

Eso ayuda a entender por qué cuestiones que afectan de forma limitada a la vida cotidiana terminan ocupando el centro del debate político, mientras otros asuntos con consecuencias mucho más profundas apenas consiguen mantenerse unos días en la conversación pública. La percepción de inseguridad puede pesar más que la evolución del empleo. Un debate sobre inmigración puede desplazar la discusión sobre la vivienda. Una polémica cultural puede eclipsar una reforma laboral o la revalorización de las pensiones.

Sería un error interpretar este fenómeno desde la superioridad intelectual. Pensar que millones de ciudadanos votan porque están confundidos solo conduce a dejar de escuchar las razones que explican ese comportamiento. Los electores rara vez consideran irracional su propia decisión. La cuestión consiste en comprender por qué determinados relatos consiguen conectar mejor con inquietudes muy reales, aunque las soluciones que proponen no siempre beneficien materialmente a quienes las apoyan.

Quizá ese sea uno de los grandes desafíos que afronta hoy la política democrática. La disputa ya no se libra únicamente sobre cómo distribuir la riqueza, sino también sobre la manera en que una sociedad interpreta sus problemas, identifica sus prioridades y construye su idea de futuro.

La pregunta ya no consiste en averiguar por qué una parte del voto popular ha cambiado de destino. La verdadera cuestión es si quienes aspiran a recuperarlo han comprendido que el terreno de juego ya no es el mismo que hace veinte años. Porque cuando cambia la forma en que una sociedad mira el mundo, también cambian las razones por las que decide votar.