Víctor de Aldama, comisionista, imputado en los casos hidrocarburos, Koldo, y Ábalos, sigue en libertad sin haber aportado esas pruebas por las cuales el juez Santiago Pedraz le sacó de la cárcel. Se está cachondeando de la justicia y el mejor ejemplo de ello lo pone su abogado defensor, Ramón Bermejo, quien, en declaraciones a un medio conservador, dice que “nadie le ha llamado para que responda” cuando ya ha comparecido efectuando acusaciones no contrastadas. Ahora, su letrado señala que “el sabe de donde procede el dinero” de las mordidas presuntamente cobradas por los dirigentes socialistas y, al mismo tiempo, insinúa que hay financiación irregular del PSOE. Las principales empresas que pagaban son de todos conocidas y Bermejo insinúa, sin concretar, que “hay hasta chinos”. Y lo dice precisamente unos días después de que otro medio conservador publicase que una corporación tecnológica con sede en Suzhóu tiene en nómina a José Luis Rodríguez Zapatero para expandirse por Europa. Las falacias sin demostrar contra el expresidente del gobierno han llegado a tal extremo que entre el sector de residentes venezolanos en Madrid se asegura que “tiene intereses en las minas de oro gestionadas por los bolivarianos”.
Los instructores de la Audiencia Nacional y del Supremo apenas han hecho caso de sus testimonios. Es más, el magistrado Leopoldo Puente insinúa, en su última resolución, que está preparando un auto de procesamiento para abrir juicio oral a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, en el que aparecerán, también, los representantes de las empresas que pagaron a cambio de la concesión de obra pública, y varios comisionistas, entre ellos Aldama. Este, si no está en prisión es gracias al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que fue quien se mostró partidario de su excarcelación cuando manifestó estar dispuesto a colaborar con la justicia estando interno en Soto del Real por el presunto fraude fiscal de 180 millones de euros en el caso Hidrocarburos. Se dice que Luzón fue el que dio las órdenes a su subordinado, Luis Pastor, quien dio el visto bueno para la puesta en libertad del comisionista.
Las decisiones de Alejandro Luzón están siendo cuestionadas por un sector de la judicatura. De tendencia conservadora, se le critica haber ordenado a la fiscala del caso Montoro que dejase de investigar unos supuestos correos del despacho de abogados Equipo Económico que demostrarían tráfico de influencias en la etapa del ministro al frente de Hacienda. Ahora vuelve a estar en el disparadero por considerar que Ábalos y García no deben entrar en prisión “porque no se dan los supuestos” para decretar esta medida cautelar. En cambio, considera que Santos Cerdán sí debe permanecer en prisión porque “todavía tiene capacidad de destruir pruebas”. Pero el fiscal jefe anticorrupción no es el responsable directo de la puesta en libertad de Víctor de Aldama. A su subordinado, Luis Pastor, se le mira con lupa porque fue asesor de dos gobiernos de José María Aznar.
El comisionista fue puesto en libertad cuando declaró ante el juez, Ismael Moreno, por el caso Mascarillas. Entonces dijo estar dispuesto a “contar toda la verdad” sobre el pago de comisiones al asesor del ministro y a José Luis Ábalos. Hizo acusaciones sin pruebas contra medio gobierno de Sánchez y logró su objetivo. Un exfiscal libre de toda sospecha de pertenencia a la izquierda porque, incluso, colaboró con Génova en su día, Ignacio Gordillo, se pregunta qué pruebas puede tener Víctor de Aldama: “que no me diga que va a aportar, apórtelo ya, cuéntenos. Son unas calumnias muy graves. La puesta en libertad no la entendemos nadie". Por su parte, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, dice que "una confesión del investigado que incrimina a otras personas sin pruebas no tiene apenas efectos jurídicos y eso la fiscalía lo sabe. Si se aportasen llamadas telefónicas o mensajes esto cobraría una relevancia enorme".
La única prueba documental presentada por Aldama en su declaración voluntaria ante el juez es una foto en la que aparece con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez quien, según su versión, le llamó para “darme las gracias por lo que estaba haciendo” y se dejó hacer esa fotografía de escaso valor jurídico. Otra de las “pruebas” aportadas por Aldama apuntan a José Luis Ábalos. Según el conseguidor, hubo un supuesto pacto entre ambos para entregarle un piso de 1,9 millones en el paseo de la Castellana de Madrid a cambio de contratos de obras y otros datos sobre el pago de comisiones. También dice haberle entregado un sobre con 250.000 euros, pero de todas estas manifestaciones no existe constancia documental.
Tampoco hay pruebas de una supuesta cena con la vicepresidenta bolivariana, Delcy Rodríguez, ni de los sobres que dice haber entregado al ministro Ángel Víctor Torres. El fue el que manifestó haber dado la orden a la empresaria, Carmen Pano, también imputada en el caso Hidrocarburos, para llevar a Ferraz 90.000 euros. Pano fue llamada a declarar ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Una vez allí se acogió a su derecho a guardar silencio, pero asintió con la cabeza cuando le fue preguntada si había llevado esa cantidad a la sede del PSOE. No se sabe nada más. Ni a quien entregó ese dinero ni en concepto de qué.
Víctor de Aldama quiere que estemos atentos hoy a un anuncio que va a hacer. Es la manera que tiene de reaccionar contra las declaraciones de Koldo García en las que manifiesta su extrañeza porque esté en libertad mientras Santos Cerdán permanece en prisión. En un mensaje difundido a través de las redes sociales, adelanta que volverá “a llevar pruebas y daré luz a parte del informe de la UCO de cómo se pagó el garaje de tu jefe".
La realidad es que el empresario, al que los investigadores consideran “el nexo corruptor” de la trama, lo único que está haciendo es copiar los informes elaborados por la Guardia Civil, pero sin aportar soportes documentales que sólo obran en poder de la UCO y del juez.