La caída y secuestro/detención de Nicolás Maduro debería haber sido, para Europa, una historia sencilla: un autócrata fuera del poder, la posibilidad de una transición democrática y el fin de uno de los regímenes más represivos del hemisferio occidental. En cambio, la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos ha dejado a los líderes europeos divididos, incómodos y conceptualmente desarmados frente a una realidad que contradice sus propios principios fundacionales.
La dificultad no reside en la suerte de Maduro, a quien Europa dejó de reconocer como presidente legítimo tras las elecciones venezolanas de junio de 2024, ampliamente consideradas fraudulentas, sino en el método. Donald Trump no solo expulsó a un dictador, sino que lo hizo fuera del marco del derecho internacional, declarando de facto que Estados Unidos controlará el futuro político y la industria petrolera de Venezuela. Para una Unión Europea que se define como potencia normativa, el precedente es profundamente perturbador.
Europa ha intentado refugiarse en el lenguaje de la transición democrática en Venezuela, evitando pronunciarse directamente sobre la legalidad del uso de la fuerza. Pero esa neutralidad retórica se ha visto erosionada por dos hechos incómodos. El primero es el rechazo explícito de Trump a María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel, a quien descalificó afirmando que carece de apoyo real en su país. Para Bruselas, en cambio, Machado representa precisamente lo contrario: la encarnación de una oposición legítima y civil que debería encabezar el relevo político.
El segundo hecho es jurídico. Abogados internacionales señalan que la negativa estadounidense a reconocer la legitimidad de Maduro abre la puerta a argumentar que no goza de inmunidad soberana ante tribunales nacionales de Estados Unidos. El precedente es inquietante: George H. W. Bush utilizó una lógica similar para juzgar a Manuel Noriega tras su captura en 1989. Lo que entonces se presentó como excepción, hoy amenaza con convertirse en doctrina.
Washington ha justificado la operación apelando a la legítima defensa y al combate contra el narcotráfico venezolano. Pero para juristas como Oona Hathaway, profesora de derecho internacional en Yale, el argumento es endeble. Bajo la Carta de las Naciones Unidas, sostiene, no existe una justificación plausible para el uso de la fuerza. Si el narcotráfico basta para intervenir militarmente en otro país, advierte, la legítima defensa deja de ser una excepción y se convierte en regla.
Ese razonamiento despoja al derecho internacional de cualquier límite operativo. Invadir para cambiar gobiernos en nombre del origen de las drogas, afirma Hathaway, equivale a eliminar los frenos normativos que han contenido, aunque de forma imperfecta, el uso de la fuerza desde 1945. En ese sentido, la acción estadounidense contra Venezuela no tiene precedentes modernos.
La incomodidad europea ha sido evidente. Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego y representante de uno de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, optó por el silencio estratégico: celebró el fin de la “dictadura brutal” de Maduro, pero insistió en que “no es momento de debatir la legalidad” de la operación. Es una fórmula que encapsula la tensión central: celebrar el resultado sin avalar el método.
Los aliados ideológicos más cercanos a Trump, como la primera ministra italiana Giorgia Meloni, han ido más lejos, calificando la captura de Maduro como una “intervención defensiva legítima”. Otros gobiernos, menos convencidos, parecen haber moderado sus críticas por una razón pragmática: la dependencia del apoyo estadounidense a Ucrania. En Bruselas, la realpolitik pesa más que la coherencia jurídica.
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reiteró la posición formal de la UE: Maduro carece de legitimidad, la transición debe ser pacífica y el derecho internacional debe respetarse “en cualquier circunstancia”. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, adoptó un tono similar, concentrándose en el futuro más que en el acto mismo.
Alemania y Francia también buscaron refugio en la ambigüedad. Friedrich Merz calificó la evaluación legal de la intervención como “compleja”, mientras Emmanuel Macron evitó mencionar la operación militar, celebrando únicamente el fin del régimen y defendiendo una transición liderada por la oposición. Fue su ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien rompió el consenso tácito al afirmar que la captura de Maduro viola el principio de no uso de la fuerza, piedra angular del orden internacional.
El Reino Unido, por su parte, expresó alivio por la salida de Maduro y defendió el derecho internacional sin explicar cómo debería aplicarse en este caso concreto. Una defensa abstracta para un mundo cada vez menos abstracto.
Para quienes aún creen en los tribunales internacionales y el multilateralismo, Venezuela puede representar otro entierro en un cementerio ya saturado. Las acciones de Trump consolidan un sistema donde dos o tres grandes potencias deciden según la ley del más fuerte, mientras las normas se invocan selectivamente o se ignoran por completo.
El mensaje no se limita a Caracas. Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, advirtió abiertamente que Cuba podría ser la siguiente. En este nuevo orden, la disuasión se expresa sin ambigüedades diplomáticas.
Paradójicamente, algunos defensores del derecho internacional reconocen ahora los límites de su propio proyecto. Nizar El Fakih, del Atlantic Council, subraya que el multilateralismo fracasó en producir una transición negociada en Venezuela, pese a años de protestas, votaciones y sacrificios civiles. La Corte Penal Internacional, con una investigación abierta desde 2021, no ha emitido una sola acusación, a pesar de la abundante documentación sobre crímenes de lesa humanidad.
Ese vacío de acción ha sido llenado, finalmente, por la fuerza. No como último recurso consensuado, sino como decisión unilateral.
Europa observa con inquietud. No porque Maduro haya caído, sino porque el mundo que emerge tras su caída es uno en el que el derecho internacional ya no actúa como freno, sino como lenguaje ceremonial. Venezuela no es solo un episodio latinoamericano: es un síntoma de un orden global en transición, donde la legalidad importa menos que la capacidad de imponer hechos consumados.
Y en ese mundo, Europa todavía no ha decidido si será actor, árbitro o simple espectador.