El último cajero del pueblo

Durante mucho tiempo sacar dinero no fue una cuestión sobre la que hubiera demasiado que pensar. Había una sucursal cerca, probablemente varias, y algún cajero en el camino entre casa y el trabajo. La tarjeta servía para pagar y el efectivo estaba disponible cuando hacía falta. La digitalización bancaria ha cambiado esa relación con una velocidad extraordinaria y ha conseguido algo que hace apenas veinte años habría resultado bastante extraño. En muchos lugares de España es más fácil encontrar un comercio en el que pagar con el móvil que un cajero en el que conseguir cincuenta euros.

La transformación aparece con bastante claridad en las estadísticas del Banco de España. En 2008 había 61.447 cajeros automáticos repartidos por el país. Al cierre del primer semestre de 2025 quedaban 37.100, lo que supone una reducción cercana al 40 %. Al mismo tiempo, el número de terminales de punto de venta ha seguido creciendo hasta situarse alrededor de los 4,62 millones y el 98 % permite ya pagos sin contacto.

No estamos simplemente ante la sustitución de una tecnología antigua por otra nueva. El dinero en efectivo conserva una particularidad que durante décadas apenas necesitó ser explicada porque formaba parte de la vida cotidiana. Para utilizarlo no hace falta tener cobertura, batería, una aplicación actualizada ni que una entidad financiera autorice electrónicamente la operación en ese instante. Dos personas pueden intercambiar dinero y completar un pago sin incorporar ninguna infraestructura tecnológica entre ellas.

La paradoja aparece en el paso anterior. Para poder ejercer esa sencillez primero hay que conseguir los billetes y, en una economía donde desaparecen oficinas y cajeros, acceder al efectivo empieza a requerir precisamente la infraestructura que durante años dimos por descontada. 

El efectivo disminuye, pero está muy lejos de desaparecer

Sería fácil contar esta historia como una resistencia nostálgica frente al progreso tecnológico, con el billete de veinte euros enfrentado heroicamente al teléfono móvil. Los datos no sostienen demasiado bien esa caricatura.

España paga cada vez más digitalmente. Durante el primer semestre de 2025, las operaciones realizadas mediante instrumentos distintos del efectivo aumentaron un 8,5 % respecto al mismo periodo del año anterior y durante el segundo semestre el crecimiento llegó al 10,8 %. Dentro de esos pagos, las tarjetas representan aproximadamente dos terceras partes de las operaciones, y el país terminó 2025 con 126 millones de tarjetas emitidas, unas 2,5 por habitante.

Pero esa expansión convive con otra realidad bastante menos comentada. Según el último estudio sobre hábitos de pago del Banco de España, el 57 % de los consumidores seguía considerando el efectivo su principal medio de pago en establecimientos físicos en 2025 y un 55 % afirmaba utilizarlo diariamente. La tarjeta ocupaba el segundo puesto, con un 27 %.

El efectivo pierde terreno, pero todavía no pertenece al museo de las pesetas ni a una generación empeñada en llevar monedas en el bolsillo. Millones de personas lo utilizan todos los días porque les resulta cómodo, porque les permite controlar mejor lo que gastan, porque no dominan las herramientas digitales o sencillamente porque prefieren pagar así. La diferencia respecto al pasado está en que mantener esa elección empieza a resultar mucho más sencillo en unos territorios que en otros.

El último Informe de Inclusión Financiera del Banco de España permite comprobar hasta qué punto la geografía importa. Al finalizar 2024, 2.638 municipios españoles carecían de cualquier punto de acceso presencial a servicios bancarios, el 32,4 % del total. El 96 % eran localidades con menos de 500 habitantes.

La fotografía mejora bastante si contamos personas en lugar de municipios, porque solo el 0,9 % de la población española reside en localidades sin ningún punto presencial. Esa diferencia estadística explica casi toda la historia. La exclusión financiera tiene poca población, pero muchísimo territorio.

En los municipios españoles con menos de 500 habitantes, 338.215 personas carecían en 2024 de acceso presencial a servicios bancarios dentro de su localidad, lo que representa el 46,5 % de quienes viven en municipios de ese tamaño. En las poblaciones mayores de 500 habitantes, el porcentaje se reduce hasta apenas el 0,2 %.

Vivir en una ciudad permite observar el cierre de un cajero como una pequeña incomodidad. Quizá haya que caminar dos calles más o utilizar el de otra entidad. En una aldea o un pequeño municipio, la desaparición del último punto de acceso puede convertir una operación de tres minutos en un desplazamiento en coche hasta otra localidad. Y cuando quien necesita hacerlo tiene ochenta años, no conduce o depende del transporte público, la distancia entre tener dinero en una cuenta y poder disponer físicamente de él adquiere un significado bastante diferente.

Un servicio financiero que empieza a viajar en furgoneta

La situación ha obligado a crear soluciones que hace unos años habrían parecido excepcionales y que progresivamente están formando parte de la infraestructura financiera rural. Oficinas móviles, agentes financieros, retirada de efectivo en comercios, servicios postales y cajeros genéricos están ocupando el espacio que dejaron las sucursales tradicionales.

El resultado ha permitido mejorar la cobertura incluso mientras continúan desapareciendo oficinas y cajeros. Entre 2021 y 2024 se redujo un 18,7 % el número de municipios sin acceso presencial a servicios bancarios, según el Banco de España, y buena parte de esa mejoría se explica por las oficinas móviles.

Solo durante 2024, estas oficinas permitieron recuperar algún punto de acceso en 339 municipios de menos de 500 habitantes, mientras la instalación de cajeros lo hizo únicamente en trece. El dato describe bastante bien hacia dónde se está desplazando el modelo. Allí donde mantener una sucursal o un cajero permanente deja de resultar rentable, el servicio empieza a llegar determinados días y determinadas horas.

España ha desarrollado además compromisos específicos para que los municipios sin servicios financieros dispongan de alguna alternativa. En los de menos de 500 habitantes pueden utilizarse oficinas móviles, agentes financieros, sistemas de retirada de dinero en establecimientos o Correos Cash, que permite llevar determinadas operaciones bancarias hasta territorios donde las entidades ya no mantienen presencia permanente.

La solución mejora indudablemente la situación, pero también revela el cambio que se ha producido. Acceder al propio dinero empieza a parecerse en algunos territorios a otros servicios vinculados a la despoblación, donde ya no existe una instalación permanente y resulta necesario organizar rutas, horarios y soluciones alternativas para garantizar una prestación básica.

Galicia conoce especialmente bien esa lógica territorial. Su dispersión poblacional, el envejecimiento y la enorme cantidad de pequeños núcleos hacen que cualquier proceso de concentración de servicios tenga consecuencias distintas de las que produce en Madrid, Barcelona o cualquier gran área urbana. El Informe de Inclusión Financiera constata que el número global de puntos de acceso en Galicia se mantuvo estable entre 2021 y 2024, aunque esa estabilidad estadística incluye una transformación de los canales mediante los que se presta el servicio.

La pregunta, por tanto, no consiste únicamente en cuántos cajeros quedan, sino a qué distancia está el más cercano, quién puede desplazarse hasta él y qué alternativas existen para quien no puede hacerlo.

Pagar sin que la tecnología tenga que funcionar

La desaparición progresiva del efectivo suele presentarse como una consecuencia natural de nuestras preferencias. Si utilizamos más la tarjeta y el teléfono, habrá menos necesidad de cajeros y oficinas. Desde la lógica empresarial resulta además comprensible que mantener una máquina utilizada unas pocas veces al día en un municipio pequeño sea mucho menos rentable que instalarla en una calle comercial.

Sin embargo, el dinero no es exactamente un producto de consumo cualquiera y por eso el debate ha empezado a trasladarse desde la rentabilidad hacia la garantía de acceso.

El Banco Central Europeo defiende expresamente que los ciudadanos deben conservar la libertad de utilizar efectivo y considera que garantizar un acceso fácil y cómodo a billetes y monedas forma parte de la protección de su condición de moneda de curso legal. La Unión Europea discute precisamente un marco destinado a reforzar tanto su aceptación como su disponibilidad.

Hay razones sociales evidentes. Las personas mayores, quienes tienen menos competencias digitales, determinados colectivos vulnerables y quienes viven en zonas rurales encuentran más dificultades en un sistema financiero completamente digitalizado. El Banco de España lleva años advirtiendo de que la reducción de sucursales y la mayor distancia hasta los puntos de retirada pueden convertirse en obstáculos reales para esos ciudadanos. Pero el efectivo conserva además características que van más allá de la brecha digital.

Una tarjeta necesita una cuenta, una entidad emisora, un terminal, comunicaciones, electricidad y una infraestructura capaz de comprobar y procesar la operación. El sistema funciona extraordinariamente bien y por eso apenas somos conscientes de todo lo que ocurre durante los segundos que transcurren entre acercar el móvil al terminal y escuchar el pitido que confirma el pago.

Con un billete, buena parte de esa arquitectura desaparece. El BCE destaca que el efectivo permite liquidar un pago sin necesidad de terceros y considera esa característica, junto con su valor propio y la facilidad para comprobar su autenticidad, una de las razones que explican por qué seguirá siendo relevante incluso en una economía profundamente digitalizada.

Existe también una diferencia en materia de privacidad. Los pagos electrónicos generan necesariamente información para que la operación pueda procesarse, aunque el tratamiento posterior de esos datos esté sometido a una legislación cada vez más exigente. El efectivo permite realizar pequeños pagos cotidianos sin producir un registro digital individualizado de cada café, periódico o compra que hacemos.

No hace falta convertir esa característica en una batalla contra bancos, tarjetas o teléfonos móviles. La inmensa mayoría de los ciudadanos combina distintos medios de pago según las circunstancias y probablemente seguirá haciéndolo. La cuestión relevante es si esa combinación continuará siendo una elección real o si el efectivo seguirá siendo legalmente universal mientras su disponibilidad se vuelve territorialmente selectiva.

La libertad de elegir también necesita un cajero

Europa parece haber detectado el riesgo. El BCE insiste en que efectivo y futuro euro digital deben convivir y ha respaldado una regulación europea destinada a garantizar que los billetes y monedas continúen siendo aceptados y estén suficientemente disponibles. Su planteamiento resulta significativo porque ya no presenta el efectivo como una reliquia que debe tolerarse durante la transición digital, sino como una parte de la libertad de elección del ciudadano sobre la forma en que utiliza su propio dinero.  Esa libertad depende de algo tan material como poder encontrar un lugar donde retirar cincuenta euros.

España ha mejorado durante los últimos años la cobertura financiera de los pequeños municipios mediante soluciones alternativas y sería injusto ignorarlo. El número de localidades sin acceso presencial ha disminuido, las oficinas móviles han llegado donde había desaparecido la banca tradicional y diferentes mecanismos permiten obtener efectivo sin disponer necesariamente de una sucursal convencional.

Al mismo tiempo, la infraestructura clásica continúa reduciéndose. Desde los 61.447 cajeros de 2008 hasta los 37.100 contabilizados a mediados de 2025, España ha perdido alrededor de cuatro de cada diez máquinas mientras los pagos digitales crecían hasta convertirse en un gesto casi automático.

Las dos tendencias pueden convivir durante mucho tiempo. Podemos pagar cada vez más con el móvil y seguir necesitando efectivo. Podemos celebrar la comodidad de Bizum sin considerar atrasado a quien quiere utilizar un billete. Podemos cerrar sucursales que ya no tienen sentido económico y, al mismo tiempo, exigir soluciones para que vivir en un pueblo no convierta el acceso al dinero en otra de las desventajas asociadas al código postal.

Porque el debate interesante no consiste en decidir si dentro de veinte años llevaremos monedas en el bolsillo. Consiste en determinar si una forma de pago que sigue utilizando diariamente más de la mitad de la población puede depender exclusivamente de que resulte rentable mantener cerca la infraestructura necesaria para obtenerla.

El último cajero del pueblo cuenta así una historia bastante mayor que la desaparición de una máquina. Habla de digitalización, envejecimiento, despoblación, privacidad y servicios básicos, pero sobre todo plantea hasta qué punto una sociedad puede considerar universal una forma de dinero cuando para una parte de sus ciudadanos conseguirla requiere cada vez más kilómetros.