Durante el primer año de su segundo mandato, Donald Trump y los republicanos del Congreso no se limitaron a gobernar. Ejecutaron un experimento político de gran escala. Su objetivo no fue tanto reformar el Estado como redefinir quién merece protección pública y quién debe quedar expuesto al mercado, a la coerción o a la intemperie social. El resultado es una agenda que combina recortes sociales masivos, exenciones fiscales para los más ricos y una erosión deliberada de las capacidades básicas del gobierno federal.
La magnitud del giro es histórica. Decenas de millones de estadounidenses verán reducida su capacidad para cubrir necesidades elementales como alimentación, atención médica, vivienda y energía, mientras los hogares de mayores ingresos reciben beneficios fiscales extraordinarios. La desigualdad no es un efecto colateral. Es el principio organizador.
Estado deliberadamente debilitado
Una de las características centrales de la nueva agenda es el desmantelamiento funcional del aparato estatal. No se trata solo de reducir el tamaño del gobierno, sino de vaciarlo de capacidad operativa. El recorte de casi 220.000 empleados federales en menos de un año ha afectado desde la atención a veteranos hasta el procesamiento de beneficios del Seguro Social y la respuesta a desastres naturales.
Agencias clave como la Administración del Seguro Social, el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Asuntos de Veteranos operan hoy con menos personal que hace una década, pese a atender a una población mayor y más vulnerable. Al mismo tiempo, los organismos de control interno fueron debilitados tras el despido de inspectores generales, reduciendo la supervisión sobre fraude y abuso.
Este vaciamiento no es accidental. Como lo expresó uno de los arquitectos del Proyecto 2025, el objetivo es doblegar o romper la burocracia. En términos prácticos, eso significa que el Estado conserva el poder coercitivo, pero pierde su capacidad de servicio.
Gobernar reteniendo fondos
La administración Trump también ha recurrido a una herramienta más sutil pero igual de disruptiva: la retención y politización de los fondos aprobados por el Congreso. Subvenciones para salud comunitaria, educación, asistencia social y energía limpia fueron congeladas o retrasadas, en muchos casos de forma ilegal, obligando a los estados y organizaciones locales a recurrir a los tribunales.
El mensaje es claro. La financiación federal se convierte en un instrumento de disciplina política. Los estados alineados reciben cooperación. Los disidentes enfrentan escasez e incertidumbre. Esta práctica erosiona el principio constitucional de separación de poderes y dificulta cualquier acuerdo presupuestario futuro.
Salud como privilegio condicionado
El área donde el impacto humano es más inmediato es la salud. Los recortes aprobados en la megalegislación republicana, junto con la negativa a extender los créditos fiscales del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, dejarán a casi 15 millones de personas sin cobertura médica en la próxima década.
La reintroducción de requisitos laborales estrictos y altamente burocráticos para Medicaid ha demostrado históricamente ser menos una política de empleo que un mecanismo de exclusión administrativa. Personas con discapacidad, trabajadores precarios y adultos mayores quedan atrapados en trámites que terminan cancelando su cobertura.
Los estados, además, asumen nuevos costos que muchos no están en condiciones de absorber, lo que acelera la retirada silenciosa del sistema de salud pública en amplias regiones del país.
Hambre, variable política
Quizás el cambio más estructural se produjo en el programa SNAP, durante décadas uno de los consensos más sólidos de la política social estadounidense. Por primera vez, el gobierno federal deja de garantizar asistencia alimentaria uniforme en todo el país.
Los recortes de casi 200.000 millones de dólares y el traslado de costos a los estados abren la puerta a una fragmentación inédita. Algunos estados podrían reducir drásticamente las prestaciones. Otros podrían abandonar el programa. El hambre, que había sido contenida como problema estructural, vuelve a depender del código postal.
La suspensión temporal de los beneficios durante el cierre gubernamental de 2025 marcó un precedente inquietante. La asistencia alimentaria dejó de ser un derecho operativo y pasó a ser una variable negociable.
Un sistema tributario más desigual
Mientras se recortan servicios básicos, la política fiscal avanza en la dirección opuesta. Los hogares con ingresos superiores al millón de dólares reciben recortes promedio de seis cifras, mientras millones de familias trabajadoras obtienen beneficios simbólicos o incluso enfrentan aumentos netos tras el impacto de los aranceles regresivos.
El resultado es una transferencia de recursos hacia la cúspide, financiada con deuda pública y con el debilitamiento de programas que sostenían la movilidad social. El aumento proyectado del déficit, de más de 3 billones de dólares, sirve además como argumento para justificar nuevos recortes futuros.
Inmigración y el uso del miedo
La agenda también convierte a los inmigrantes, incluso a muchos con estatus legal, en chivos expiatorios funcionales. El acceso a salud, alimentos y créditos fiscales se restringe deliberadamente, mientras se utilizan datos fiscales y sanitarios con fines de control migratorio.
El efecto no es solo administrativo. Es psicológico. El miedo disuade a familias enteras de acceder a beneficios para los que califican, incluidos ciudadanos estadounidenses con familiares inmigrantes. La política migratoria se integra así a una estrategia más amplia de disuasión social.
Vivienda y exclusión
En vivienda, la administración ha amenazado programas que combinaban asistencia al alquiler con servicios de apoyo, incluso para personas que habían logrado salir de la indigencia. Al mismo tiempo, se han debilitado las protecciones contra la discriminación, reduciendo investigaciones y retirando fondos a organizaciones especializadas.
Mientras el mercado inmobiliario se vuelve más inaccesible, el Estado se retira como garante mínimo de estabilidad.
Vista en conjunto, la agenda no es caótica. Es coherente con el trumpismo. Reduce el Estado donde protege, lo mantiene donde castiga y lo instrumentaliza donde conviene políticamente. El Proyecto 2025 no fue un accidente ni una exageración retórica. Ha funcionado como un manual operativo. El costo humano es alto. El costo institucional puede ser duradero. Un Estado debilitado es difícil de reconstruir. Y una vez que la desigualdad se normaliza como política pública, revertirla requiere algo más que elecciones.