Las normas éticas rara vez desaparecen de golpe. Más bien se debilitan lentamente mediante decisiones administrativas aparentemente técnicas. Sin embargo, el segundo mandato de Donald Trump ha marcado, según numerosos expertos, una ruptura más abrupta con la tradición moderna de supervisión ética.
Uno de los primeros gestos de la nueva administración fue revocar una orden ejecutiva firmada por Joe Biden que obligaba a los altos cargos a aceptar un compromiso ético. Ese documento impedía a los funcionarios participar durante dos años en asuntos relacionados con antiguos clientes o actividades de lobby.
Sin esa restricción, el tránsito entre el sector privado y el gobierno federal se ha vuelto mucho más fluido. Y en algunos casos, peligrosamente indistinguible.
El panorama se volvió aún más incierto cuando la administración despidió a 17 inspectores generales encargados de investigar corrupción y mala conducta dentro del gobierno federal. Poco después también fue destituido el director de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, el organismo encargado de vigilar los estándares éticos en el poder ejecutivo.
El resultado es una administración donde las conexiones financieras entre reguladores y sectores regulados aparecen con frecuencia creciente.
Las investigaciones periodísticas han documentado episodios que alimentan esa preocupación. Altos funcionarios habrían realizado operaciones bursátiles justo antes de caídas del mercado provocadas por anuncios de política económica. Entre ellos figura la fiscal general Pam Bondi, cuya actividad bursátil coincidió con la volatilidad generada por nuevos aranceles comerciales.
En otro frente, la regulación de las criptomonedas también ha generado sospechas. Todd Blanche, ahora número dos del Departamento de Justicia, mantenía inversiones significativas en activos digitales cuando su oficina decidió cerrar investigaciones sobre varias empresas del sector.
La administración sostiene que todos estos casos han sido revisados por asesores éticos y cumplen la ley. Sin embargo, los críticos argumentan que la legalidad no siempre equivale a integridad institucional. La propia retórica del presidente ha reforzado esa percepción. Trump ha defendido públicamente los negocios de su familia durante su mandato y ha minimizado las preocupaciones sobre conflictos de intereses.
En ese contexto, los expertos observan un cambio cultural más profundo: el paso de un sistema que intentaba evitar los conflictos a otro que simplemente intenta gestionarlos. Para una democracia que durante décadas se presentó como modelo de transparencia institucional, la transformación plantea un desafío reputacional considerable.