El sector agrario europeo se ha convertido en uno de los epicentros del malestar social frente a la globalización, la política comercial de la Unión Europea y la agenda climática. Agricultores y ganaderos denuncian que se les exige producir con los estándares más estrictos del mundo mientras compiten en el mismo mercado con productos procedentes de terceros países que no cumplen las mismas reglas y que, por tanto, llegan a los lineales a precios muy inferiores. Bajo ese desequilibrio percibido late una idea sencilla y contundente: no se pide protección absoluta, sino reciprocidad; si en Europa están prohibidos determinados fitosanitarios, si se imponen exigencias más duras en bienestar animal o en reducción de emisiones, el mínimo aceptable sería que la UE no permita la entrada de alimentos producidos bajo condiciones que aquí estarían vetadas.
En esta tensión entre normas y mercado, muchos productores sienten que se les ha convertido en moneda de cambio de la diplomacia europea. Cada vez que Bruselas anuncia un gran acuerdo comercial (con Mercosur, con Marruecos, con México o con países asiáticos), en el campo se interpreta más como amenaza que como oportunidad. La agricultura mediterránea, en particular, percibe que se sacrifica su rentabilidad para abrir puertas a la industria o los servicios, mientras los compromisos de “salvaguardas” y controles en frontera se quedan cortos en la práctica. Eso explica por qué las movilizaciones con tractores bloqueando autopistas y accesos a grandes ciudades se han vuelto recurrentes: el campo ha descubierto que solo cuando interrumpe la normalidad urbana consigue que su problema salte a la agenda política.
La expresión “competencia desleal” se ha transformado así en una bandera identitaria. El agricultor europeo ya no solo protesta por los precios; denuncia un modelo que le exige más que nunca y le paga menos que antes, mientras ve cómo llegan naranjas, tomates, carne o cereales con costes laborales y ambientales mucho más bajos. La burocracia de la PAC y los nuevos requisitos verdes se viven no como transición ordenada, sino como un cambio impuesto desde despachos lejanos, diseñado por técnicos y políticos que raramente pisan una explotación agraria. En esa brecha entre campo y ciudad, entre periferia rural y capitales europeas, se abre un espacio político que otros se apresuran a ocupar.
La extrema derecha ha encontrado en este malestar un filón narrativo. Su discurso combina tres elementos que encajan a la perfección con el clima de frustración: acusa a Bruselas de traicionar a “los de abajo”, presenta a las élites urbanas como desconectadas de la realidad y señala a las importaciones baratas y, en ocasiones, a la inmigración, como chivo expiatorio. Allí donde las organizaciones agrarias plantean reivindicaciones concretas (reciprocidad normativa, cláusulas espejo, controles estrictos en puertos y fronteras), los partidos ultras convierten esas demandas en una enmienda global al proyecto europeo. Lo que para los agricultores es una cuestión de supervivencia económica se transforma en una batalla cultural contra la Unión, la transición ecológica y la globalización.
Las protestas en Francia, España, Alemania o Países Bajos ilustran esa deriva. A menudo nacen como movilizaciones sectoriales, impulsadas por asociaciones profesionales, pero rápidamente son capitalizadas por dirigentes de extrema derecha que acuden a hacerse la foto sobre los tractores, apropiándose del relato de la “España” o la “Francia olvidada”. El agricultor que pide precios justos y reglas iguales acaba envuelto en una narrativa que habla de invasión de productos extranjeros, de “dictadura verde” y de pérdida de soberanía nacional frente a Bruselas. El resultado es un desplazamiento del eje del debate: del cómo se corrigen las asimetrías comerciales al si merece la pena seguir en este modelo de integración europea.
Mientras tanto, los gobiernos democráticos se mueven en un equilibrio cada vez más frágil. Por un lado, necesitan mantener una política comercial activa para asegurar mercados a la industria y reforzar el papel geopolítico de la UE; por otro, se han comprometido a una transición climática que pasa inevitablemente por cambiar métodos de producción agraria. En medio de esas dos presiones, el campo percibe que su sacrificio es estructural, no coyuntural. De ahí que la reivindicación de igualdad de condiciones frente a los terceros países no sea solo una exigencia técnica, sino una forma de reclamar respeto y visibilidad en un proyecto europeo que muchos agricultores sienten cada vez menos propio.
En este escenario, el sector agrario y ganadero se ha convertido en un termómetro de la legitimidad europea. Si la UE no logra traducir en hechos su promesa de reciprocidad (garantizando que lo que se prohíbe en Europa tampoco se compre fuera), el espacio político de la extrema derecha seguirá ensanchándose en el mundo rural. Lo que hoy se expresa en carreteras cortadas y pancartas contra la “competencia desleal” puede convertirse mañana en una transferencia masiva de votos hacia fuerzas que convierten el legítimo descontento económico en proyecto de ruptura con el marco institucional europeo.