La pobreza energética en España se ha convertido en un indicador silencioso de desigualdad estructural. El nuevo informe de la Cátedra de Energía y Pobreza dibuja un escenario conocido, pero ahora con una precisión incómoda: el alquiler es un factor de riesgo. No por el régimen jurídico en sí, sino por lo que revela sobre ingresos, vulnerabilidad y un parque de vivienda ineficiente que condena a millones a elegir entre pagar la factura o asumir el frío.
El alquiler como frontera invisible
La particularidad del informe presentado este jueves es que, por primera vez, distingue con claridad entre hogares propietarios y hogares inquilinos. La conclusión es contundente: el alquiler amplifica la pobreza energética en todos los indicadores, sin excepción. El dato que más llama la atención —ese 30% de inquilinos incapaces de calentar su casa en invierno— no sorprende a quienes trabajan en el sector, pero sí obliga a poner nombre a una realidad que suele diluirse en promedios nacionales.
A la explicación económica —menores ingresos, mayor precariedad— se suma un elemento técnico: el parque de alquiler presenta peores condiciones de aislamiento y eficiencia, fruto de años de mantenimiento mínimo y rehabilitaciones que se posponen indefinidamente. Las viviendas se calientan mal, se enfrían rápido y consumen más de lo razonable para lograr un nivel básico de confort. Una ecuación insostenible para cualquier bolsillo ajustado.
El informe señala que un 13,3% de hogares en alquiler vive en “pobreza oculta”, esa categoría que describe a quienes dejan de encender la calefacción o apagan luces para cuadrar cuentas. La expresión es pudorosa, casi benévola. La realidad no lo es: hablamos de hogares que renuncian a servicios esenciales para poder seguir habitando un espacio que, aun así, no cumple condiciones mínimas de bienestar térmico.
A pesar del alivio relativo tras la explosión de precios de 2022, la presión sigue donde siempre: en los hogares con menos margen económico. Los autores del informe lo subrayan con un dato revelador: el 16,5% destina más del doble de la mediana nacional a cubrir gasto energético, una carga que condiciona decisiones cotidianas y acelera la desigualdad.
La brecha de pobreza energética, que mide cuánto falta para llegar al nivel de gasto que permitiría un confort térmico mínimo, se reduce este año hasta 150 euros. Sigue siendo abultada, sobre todo cuando se traduce en términos prácticos: facturas impagadas, aplazamientos que se acumulan y 4,8 millones de personas con retrasos en pagos.
El estudio introduce un escenario muy elocuente: qué ocurriría sin el bono social. El resultado es inequívoco. Sin esta ayuda, la pobreza energética se dispararía. El bono social no soluciona, pero sostiene. Evita un deterioro aún más pronunciado en hogares que ya funcionan al límite. Y ese límite no es abstracto: se identifica con regiones donde los salarios son más bajos y los edificios arrastran décadas de atraso en eficiencia. No sorprende que Extremadura y Andalucía encabecen las listas de mayor pobreza energética oculta.
Los investigadores lo resumen con una frase técnica pero precisa: hay más hogares pobres, cada vez más cerca del borde. Ese borde tiene que ver con el grado en que la energía puede arrastrar a un hogar a un estado de privación múltiple, comprometiendo no solo el confort, sino otras necesidades básicas.
La lectura política es inevitable, aunque el informe no la formule. En un país donde el alquiler se ha convertido en la vía obligada para jóvenes y familias de ingresos modestos, la pobreza energética actúa como diagnóstico de un problema mayor: la incapacidad del mercado para garantizar vivienda asequible y de calidad.
Los expertos llevan años insistiendo: aislar, rehabilitar, modernizar consumos no es un gesto ecologista ni un lujo urbano; es una política social. El informe confirma esa tesis con cifras que no admiten interpretación benevolente. El frío —y el gasto que genera combatirlo— no se reparte por igual. Marca una frontera económica, territorial y residencial. Y mientras esa frontera permanezca, la pobreza energética será menos un accidente que una consecuencia previsible.