En la sede del Tribunal Constitucional no siempre ganan las teorías más brillantes de los manuales de Derecho; muchas veces manda la pura y dura aritmética de los votos. Y esta vez, las cuentas le han salido a la mayoría.
El fallo para perdonar el delito de malversación al exconseller Jordi Turull no es un papelote más que se archiva en un legajo. Qué va. Es un auténtico terremoto que reescribe el guion político del país y le desmonta al Tribunal Supremo la última trinchera donde mantenía acorralada la Ley de Amnistía.
Y claro, con este movimiento, el contador se pone a cero para Carles Puigdemont.
Después de siete años largos viviendo en Bélgica y de ver cómo las órdenes europeas de detención iban y venían como un bumerán, el regreso del expresident parece ya inevitable. La escena en el pleno lo dice todo: el magistrado conservador José María Macías, que hasta hace dos días defendía a capa y espada la postura dura del Supremo, levantó la bandera blanca. Retiró su borrador y aceptó redactar un texto totalmente nuevo para alinearse con el bloque progresista. Una rendición en toda regla ante el peso de los hechos consumados.
Pero ojo, que esta guerra de togados viene de lejos y ha costado ríos de tinta.
Apenas una semana antes, el juez Pablo Llarena, el hombre que ha llevado las riendas de la causa del procés en el Supremo con pulso de hierro, volvió a cerrar la puerta. Dijo que no, que la amnistía no se podía aplicar a la malversación porque, según él, los líderes independentistas se habían ahorrado su propio dinero al usar fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre. Vamos, que se habían beneficiado a título personal.
Sin embargo, en el propio Supremo sabían que aquel enroque tenía fecha de caducidad. Llarena miraba de reojo al Constitucional, sabiendo que la última palabra la tendría el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido.
Pues bien. El próximo seis de octubre se votará el texto definitivo. Y la doctrina que va a salir de allí es clarísima: el dinero gastado en las urnas del procés no entra en la categoría de enriquecimiento ilícito. Asunto concluido.
Según ha publicado EFE, en cuanto las sentencias salgan publicadas en el Boletín Oficial del Estado, la pelota volverá al tejado de Llarena. Y el instructor no va a marear la perdiz: bien de oficio o porque se lo pida la defensa, le tocará desactivar la orden de detención nacional que pesa sobre Puigdemont. Lo mismo para los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, que llevan compartiendo el exilio belga desde aquel convulso otoño de 2017.
Por supuesto, la trastienda de este movimiento tiene su miga. Para la sesión del seis de octubre no solo está la ponencia corregida de Macías; Conde-Pumpido ha preparado otra paralela sobre la exconsellera Dolors Bassa. En los pasillos ya no se discute si hay perdón o no, sino cómo redactar el fallo con tiralíneas para que quede blindado ante Europa y ningún juez ordinario pueda ponerle peros.
Para la defensa de Puigdemont, la jugada ha salido redonda. La acusación por malversación era el único obstáculo real, el único delito con penas de cárcel que le impedía cruzar la frontera de vuelta a casa sin terminar con las esposas puestas.
Lo que se nos viene encima ahora es un choque de trenes de los que hacen época. El regreso a España del líder de Junts sin riesgo de ser arrestado desarma el discurso del bloqueo judicial y traslada de golpe toda la presión al Congreso de los Diputados. Ahí donde cada voto cotiza a precio de oro y la gobernabilidad depende de un hilo.
Sin embargo, al corregirle la plana de esta manera al Tribunal Supremo, el Constitucional liquida los flecos del procés, sí, pero deja abierta de par en par una herida enorme sobre quién manda realmente en la justicia española. Y eso, en el clima que respiramos hoy, es dinamita pura.
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