En cada fecha FIFA y en cada jornada de competiciones europeas, los videomarcadores proyectan consignas inequívocas: “No al racismo”, “Equal Game”, “Football Unites the World”. Los brazaletes multicolores, los parches en la manga y los comunicados solemnes forman parte del paisaje habitual del fútbol contemporáneo.
La FIFA y la UEFA administran un producto global cuyo valor depende de la percepción pública. Los patrocinadores multinacionales, los contratos televisivos y la expansión hacia nuevos mercados exigen una narrativa alineada con valores universales. En ese contexto, las campañas contra el racismo funcionan como blindaje reputacional.
Desde el punto de vista corporativo, el cálculo es evidente: el racismo en estadios desgasta la imagen del espectáculo, combatirlo protege la audiencia y, por tanto, el negocio. Las sanciones, cuando llegan, suelen ser graduales y negociadas. Multas relativamente menores para federaciones poderosas contrastan con la retórica de “tolerancia cero”. El mensaje es claro: el problema es condenable, siempre que no comprometa la estructura económica.
La contradicción se amplifica cuando se observan las alianzas estratégicas de ambas organizaciones. La FIFA adjudicó el Mundial de 2018 a Rusia y el de 2022 a Catar. La UEFA, por su parte, mantuvo durante años vínculos comerciales con empresas energéticas rusas y ha permitido el traslado de finales de algunas de las ligas más importantes a capitales del Golfo.
Estos movimientos encajan en un fenómeno conocido como sportwashing: el uso del deporte para mejorar la reputación internacional de Estados con déficits democráticos o historial de violaciones de derechos humanos. Al otorgar torneos y visibilidad global a autocracias, las instituciones futbolísticas proporcionan legitimidad simbólica a gobiernos cuestionados.
En el caso catarí, las denuncias sobre condiciones laborales de trabajadores migrantes no impidieron que el Mundial se celebrara bajo el lema de la unidad global. En Rusia, el torneo de 2018 fue presentado como una fiesta del fútbol mientras las tensiones geopolíticas se acumulaban. El fútbol, lejos de ser neutral, se convirtió en plataforma diplomática.
Activismo controlado
Las campañas antirracistas de FIFA y UEFA suelen centrarse en gestos visibles: arrodillamientos, pancartas, vídeos institucionales. Pero cuando los jugadores han intentado ampliar el marco con protestas individuales más explícitas o declaraciones políticas incómodas la respuesta ha sido ambivalente.
El activismo es aceptado mientras sea gestionable y no afecte a patrocinadores ni anfitriones estratégicos. Las federaciones hablan de inclusión, pero evitan enfrentarse directamente a gobiernos aliados o mercados emergentes clave. La coherencia ética cede ante la lógica contractual.
En este sentido, el antirracismo institucional se parece más a una campaña de responsabilidad social corporativa que a un programa estructural de transformación. Se condena el insulto en la grada, pero se mantiene el calendario en países donde la discriminación racial, religiosa o de orientación sexual está codificada en la ley o tolerada por el poder.
La economía moral del fútbol global
El fútbol moderno es una industria de miles de millones. La FIFA distribuye ingresos récord tras cada Mundial; la UEFA multiplica el valor de sus competiciones con nuevos formatos, sobre todo en la Champions League y en la Eurocopa. En esa escala, la gestión del riesgo reputacional es tan importante como la gestión deportiva.
Combatir el racismo es, sin duda, necesario. Pero cuando las sanciones parecen calibradas para no incomodar a federaciones influyentes y cuando se otorgan megaeventos a regímenes autoritarios, el mensaje pierde fuerza. El antirracismo se convierte en parte del branding, no en eje rector.
El fútbol posee un poder cultural incomparable. Podría ejercer presión real para promover estándares más altos en derechos humanos. Sin embargo, hacerlo implicaría asumir costes económicos y políticos que sus dirigentes rara vez están dispuestos a pagar.
Aquí es donde el antirracismo institucional convive con intereses comerciales globales. El caso de Vinícius Júnior se ha convertido en el termómetro más visible de la incoherencia del sistema porque añadió un nuevo capítulo a una historia que ya arrastraba tensión acumulada.
Vinícius, Benfica y el límite de la retórica
El partido de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid estuvo marcado por insultos racistas dirigidos al delantero brasileño tanto desde la grada como por el jugador argentino Gianluca Prestianni. No era la primera vez que ocurría algo similar en su carrera, ni siquiera en escenarios de máxima exposición. Pero el contexto europeo intensificó el simbolismo: el torneo que proclama el lema “Equal Game” volvía a enfrentarse a su prueba más incómoda.
El árbitro activó parcialmente el protocolo antirracismo, pero el encuentro continuó. Tras el pitido final, las declaraciones oficiales fueron rápidas en condenar los hechos. La UEFA inició una investigación mientras el Benfica lo negaba todo y apoyaba a su jugador. El guion ya es conocido: incidente, indignación, investigación, multa (si la hay).
Desproporción estructural
Lo que distingue el caso Vinícius no es la novedad del abuso, sino la repetición. El delantero se ha convertido en uno de los futbolistas más mediáticos del planeta y, al mismo tiempo, en uno de los rostros más atacados por comportamientos racistas en estadios europeos.
Si las campañas de “tolerancia cero” fueran más que eslóganes, el castigo sería ejemplar y sistemático. En lugar de ello, el patrón suele derivar en sanciones económicas fácilmente asumibles para clubes con presupuestos multimillonarios o cierres parciales de gradas que rara vez alteran la lógica competitiva. En el caso de Prestianni ni siquiera será sancionado.
En términos empresariales, la ecuación es fría: proteger la integridad del espectáculo es prioritario, pero sin comprometer la continuidad del producto. Suspender partidos o imponer derrotas administrativas tendría un impacto deportivo y comercial significativo. Por eso, el sistema opta por la corrección mínima viable.
El espejo europeo
El hecho de que el episodio ocurriera en un partido de alto perfil continental agrava la contradicción. La UEFA no es una federación periférica, es uno de los motores económicos del fútbol global. Su producto estrella, la Champions League, depende de la narrativa de excelencia, diversidad e inclusión.
Sin embargo, lo sucedido en el estadio del Benfica mostró que los protocolos, aunque existentes, no siempre son disuasorios. Los anuncios por megafonía pueden silenciar momentáneamente a una grada, pero no transforman la cultura que la sostiene. Y cuando la sanción final no altera de manera sustancial el equilibrio competitivo, el mensaje pierde contundencia.
El caso Vinícius refuerza la tesis de que el antirracismo en el fútbol institucionalizado es, en buena medida, una estrategia de reputación. Las campañas son necesarias, incluso valiosas, pero resultan insuficientes cuando coexisten con prácticas que priorizan estabilidad financiera y expansión de mercado.
Es indiscutible que la FIFA y la UEFA deben combatir el racismo. Sin embargo, los hechos hacen dudar de si están dispuestas a aplicar el mismo rigor ético a sus decisiones estratégicas. Mientras las campañas continúen coexistiendo con acuerdos lucrativos con autocracias, la acusación de hipocresía institucional seguirá vigente.