En apenas una década, la soledad ha pasado de vivirse en silencio a figurar en informes de salud pública, estrategias nacionales y debates parlamentarios en medio mundo. La evidencia es clara: la soledad crónica se asocia a peor salud física y mental, menor empleabilidad y un coste creciente para los sistemas sanitarios y de protección social, lo que ha empujado a varios gobiernos a tratarla como un “nuevo riesgo social” comparable, en impacto, a factores clásicos como el tabaquismo o la pobreza.
El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea estima que, antes de la pandemia, en torno a un 13% de la población europea se sentía sola “la mayor parte o todo el tiempo”, porcentaje que se disparó en algunos países durante los confinamientos. Esa fotografía ha sido el detonante de una respuesta política que, con matices, recorre ya desde Reino Unido y Japón hasta los nuevos programas experimentales de la UE y, ahora, la estrategia estatal que hoy presenta el Gobierno español.
Reino Unido: el laboratorio político de la soledad
Reino Unido fue el primer gran laboratorio político de este fenómeno: en 2018 creó una figura ministerial específica para la soledad y presentó la estrategia “A connected society” para tejer una “sociedad conectada”. El documento marcó un giro de enfoque: no se trataba solo de hacer más visitas domiciliarias, sino de introducir la dimensión relacional en todo el ciclo de las políticas públicas, del diseño urbano a la educación, y de medir su impacto en términos de vínculos sociales.
El Gobierno británico ha ido consolidando este marco con planes y presupuestos plurianuales, como el informe anual de 2023 que recoge la movilización de hasta 30 millones de libras para reforzar el voluntariado en barrios desfavorecidos, campañas masivas de sensibilización (“Let’s talk loneliness”) y la expansión del llamado “social prescribing”: derivaciones desde atención primaria hacia recursos comunitarios, actividades culturales o redes de apoyo. El objetivo político de fondo es doble: reducir el estigma (que la gente pueda decir “estoy sola” sin vergüenza y obligar a que administraciones y entidades integren la soledad como una variable más a considerar cuando diseñan programas.
Reino Unido ilustra bien la lógica que hoy inspira a otros países: no basta con abrir teléfonos de ayuda, hay que cambiar la forma en que el Estado piensa sus políticas, despliega recursos en el territorio y colabora con el tejido social. Sus informes oficiales subrayan que las respuestas más eficaces son las que cruzan sanidad, servicios sociales, cultura, deporte y comunidad, y las que se basan en evidencia evaluable, no en acciones simbólicas de corto recorrido.
Japón: soledad, aislamiento y suicidio en un país envejecido
Japón se ha convertido en el otro gran referente, aunque desde un contexto muy distinto: un envejecimiento extremo, altas tasas de suicidio y fenómenos de aislamiento como los “hikikomori”. En 2021 el entonces primer ministro Yoshihide Suga nombró un “ministro a cargo de la soledad y el aislamiento” y creó una Oficina de Política sobre Soledad y Aislamiento en la Secretaría del Gabinete, con la misión de coordinar medidas hasta entonces fragmentadas entre varios ministerios.
El Gobierno japonés ha puesto el foco en tres frentes: prevención del suicidio, lucha contra la pobreza infantil y apoyo a personas mayores y mujeres en situación de aislamiento social, integrando la soledad en la agenda de salud mental y cohesión social. Un consejo específico, el Council for the Promotion of Measures for Loneliness and Isolation, se reúne bajo el paraguas de la oficina del primer ministro para definir planes prioritarios y ligar las políticas a los presupuestos anuales.
A diferencia del caso británico, la narrativa japonesa enfatiza la soledad como síntoma de fallos en el modelo económico y comunitario: precariedad laboral, sobrecarga de cuidados y debilidad de las redes vecinales. El reto, claramente explicitado por el propio ministro, es crear un sistema estable de planificación, seguimiento y ajuste de las medidas, apoyado en datos y en la coordinación entre administración central, gobiernos locales y organizaciones cívicas.
Europa: de la alarma estadística a los marcos de política
En el continente europeo, la alarma la encendieron los propios datos. El Joint Research Centre de la Comisión Europea publicó en 2021 la primera comparación sistemática de prevalencia de soledad en la UE, con especial atención a los cambios durante la pandemia. El estudio reveló grandes diferencias entre países, pero un patrón común: jóvenes, personas con menor nivel socioeconómico y quienes viven solos concentran mayor riesgo de soledad crónica.
A partir de ahí han surgido iniciativas coordinadas, como la red “LONELY‑EU”, que trabaja en un índice europeo de soledad y aislamiento y en recomendaciones de política para todos los niveles de gobierno, con el apoyo de la OMS y la OCDE. Paralelamente, varios Estados (entre ellos Países Bajos o países nórdicos) han empezado a invertir recursos específicos desde sus ministerios de salud y cuidados de larga duración para reforzar programas comunitarios, acompañamiento y monitorización de la soledad.
Este movimiento europeo no es solo técnico, sino político: construir un lenguaje compartido (qué entendemos por soledad no deseada, cómo se mide, qué intervenciones funcionan) para evitar que cada país invente su propia definición y dificulte la comparación y el aprendizaje mutuo. Es en ese ecosistema donde encaja la estrategia estatal que aprueba hoy España, que adopta la soledad como categoría de política pública y la cruza con desigualdades territoriales, de género, edad o discapacidad.
España: una estrategia tardía, pero alineada con la nueva ola
El Marco Estratégico Estatal de las Soledades que presenta hoy el Gobierno español llega después de años de debate académico, iniciativas locales y presión del tercer sector, pero aterriza con una arquitectura que bebe de las experiencias de Reino Unido, Japón y la UE. El plan apuesta por un enfoque transversal (once ministerios implicados), por criterios comunes de detección temprana y por un sistema de indicadores que permita seguir la evolución del fenómeno y evaluar las políticas, algo central en todos los modelos internacionales.
Fundación ONCE y el Observatorio Estatal SoledadES han celebrado la aprobación de esta estrategia, que consideran un avance para reducir desigualdades y dotar de coherencia a las actuaciones que ya desarrollan entidades sociales y administraciones territoriales. Su énfasis en la “dimensión relacional” y en la generación de conocimiento, sensibilización y apoyo mutuo conecta directamente con los ejes que vienen marcando las agendas de Reino Unido o de los proyectos europeos más avanzados.
La gran incógnita, como en los otros países, no está tanto en el diagnóstico como en la ejecución: cuánto presupuesto real se pondrá sobre la mesa, qué papel jugarán los gobiernos locales (que son quienes están en la trinchera de la soledad) y cómo se integrará todo ello en un seguimiento riguroso que evite que la soledad se convierta en la “nueva palabra de moda” de la política social sin cambios profundos en el terreno. La experiencia internacional muestra que, cuando las estrategias se quedan en declaraciones, la curva de la soledad apenas se mueve; cuando se sostienen en el tiempo, atraviesan ministerios y se apoyan en la comunidad, el impacto comienza a ser medible.