El salario mínimo interprofesional (SMI) vuelve a situarse en el centro de la confrontación política y económica en España. El Ministerio de Trabajo ha planteado elevarlo un 5,3% en 2027, hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas. Pero la propuesta ha recibido críticas desde dos frentes distintos. Podemos considera que el incremento es insuficiente y reclama que el suelo salarial alcance los 1.800 euros. Los sindicatos habían solicitado una subida del 7%. Mientras, la patronal cuestiona que el Gobierno impulse la decisión antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La discusión parece concentrarse en una cifra. Pero detrás de ella se encuentra un problema mucho más profundo. La distancia entre tener un empleo y disponer de ingresos suficientes para vivir. El debate sobre el SMI ya no puede limitarse a determinar cuánto debe cobrar una persona por una jornada completa. También obliga a examinar cuántas horas trabaja realmente, qué estabilidad tiene su contrato, cuánto cuesta la vivienda y qué capacidad conserva su salario para afrontar los gastos cotidianos.
La propuesta de Trabajo supone 65 euros brutos adicionales al mes respecto a los 1.221 euros actuales. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha situado así su planteamiento por encima del incremento del 4,9% recomendado por la comisión de expertos. Que habría elevado el salario mínimo a 1.281 euros. Sin embargo..., queda por debajo del 7% reclamado por CCOO y UGT. La cifra se encuentra en un proyecto sometido a audiencia pública, cuyo plazo de aportaciones termina el 16 de noviembre.
Podemos cuestiona el alcance de la subida
La reacción de Podemos ha convertido la actualización salarial en un nuevo campo de disputa dentro del espacio político situado a la izquierda del PSOE. Irene Montero, candidata de la formación a las elecciones generales del 29 de noviembre, calificó de insuficiente la propuesta ministerial y defendió que el SMI debe alcanzar al menos los 1.800 euros mensuales.
La diferencia entre los 1.286 euros planteados por Trabajo y los 1.800 reclamados por Podemos supera los 500 euros mensuales. No es una discrepancia menor ni una simple discusión técnica sobre el porcentaje de actualización. Expresa una concepción distinta sobre el papel que debe desempeñar el salario mínimo en la distribución de la renta. Y en la protección de quienes ocupan los escalones inferiores del mercado laboral.
Para Podemos, la subida anunciada no responde suficientemente al encarecimiento de la vida. Se queda corta frente a las dificultades económicas de los hogares. La formación vincula su reivindicación con la necesidad de que trabajar permita salir de la precariedad. En lugar de limitarse a proporcionar una remuneración que apenas cubra los gastos esenciales.
El Gobierno, por su parte, justifica el incremento en la necesidad de compensar la inflación y preservar el poder adquisitivo. La memoria del proyecto añade que la propuesta incorpora tanto la evolución de los precios como la pérdida de capacidad de compra soportada durante 2026. El debate, por tanto, no enfrenta únicamente una cifra moderada con otra más ambiciosa. Enfrenta distintos criterios sobre cuánto debe avanzar el salario mínimo y a qué ritmo debe hacerlo.
Trabajar en España no significa dejar de ser pobre
El argumento más relevante para medir la eficacia del SMI se encuentra en la situación de quienes tienen empleo y, pese a ello, permanecen en riesgo de pobreza. Los datos disponibles muestran que el problema no desaparece cuando una persona consigue un contrato.
Según los indicadores de Eurostat recogidos por el Ministerio de Trabajo, el 11,2% de las personas ocupadas mayores de 18 años en España estaba en riesgo de pobreza en 2025. La proporción se situaba por encima de la media de la Unión Europea, del 8,3% . La cifra revela una realidad incómoda para cualquier estrategia económica que identifique automáticamente empleo con bienestar. Una parte de la población trabaja, recibe ingresos y, aun así, no supera el umbral estadístico de pobreza.
La pobreza laboral tiene causas que no pueden reducirse exclusivamente al salario por hora. Influyen la duración de los contratos, la parcialidad involuntaria, los periodos sin actividad, las responsabilidades familiares y el coste de los servicios básicos. Un trabajador puede percibir una remuneración ajustada a la normativa y terminar el mes con ingresos insuficientes si trabaja menos horas de las que necesita o encadena empleos discontinuos.
Por eso, la discusión sobre los 1.800 euros no debería ocultar otra pregunta. ¿Qué protección recibe quien no puede acceder a una jornada completa? Una subida del salario mínimo beneficia directamente a quienes cobran por debajo de la nueva referencia y trabajan las horas correspondientes. Pero su efecto sobre los ingresos anuales depende también del tiempo efectivamente trabajado.
Menos horas trabajadas, más vulnerabilidad económica
La jornada laboral es una pieza central de este debate. Los datos de la Encuesta de Población Activa reflejan que las horas medias habitualmente trabajadas por los ocupados fueron de 31,7 semanales en 2025, frente a 31,9 en 2024. En el caso de las horas efectivamente trabajadas por el conjunto de ocupados, la media pasó de 36,3 a 36,1 entre ambos ejercicios. Son variaciones moderadas. Pero muestran que el número de personas ocupadas no cuenta por sí solo toda la historia del mercado laboral.
La parcialidad y la distribución desigual de las jornadas también importan. En 2025, según el INE, 452.000 personas trabajaron a tiempo parcial para disponer de más tiempo para cuidar a personas dependientes. La cifra aumentó un 8,3% respecto al año anterior. Este dato no equivale a parcialidad involuntaria. Pero ilustra cómo las responsabilidades de cuidados condicionan el tiempo disponible para trabajar y, por tanto, los ingresos.
En sectores como la hostelería, el comercio o determinados servicios, la combinación de salarios reducidos, horarios variables y jornadas parciales puede generar una vulnerabilidad que no se resuelve únicamente elevando el mínimo mensual. Si la remuneración por hora aumenta, pero la jornada se reduce, el resultado final para el trabajador puede ser más limitado de lo que sugiere la cifra oficial.
La cuestión exige, por tanto, políticas complementarias. Vigilancia del cumplimiento de los horarios. Control de las horas extraordinarias no pagadas. Reducción de la temporalidad injustificada. Y medidas que faciliten la conciliación. Sin esas garantías, el salario mínimo corre el riesgo de convertirse en una referencia legal que no siempre se traduce en ingresos suficientes al final del año.
Proteger salarios sin ignorar el empleo
Las consecuencias de las subidas del SMI sobre el empleo siguen siendo objeto de discusión entre economistas e instituciones. La comisión asesora de Trabajo sostiene que la evidencia científica más reciente apunta a un impacto negativo muy limitado o marginal de los incrementos aprobados desde 2019 sobre la destrucción de empleo. También señala que las subidas pueden reducir la rotación y favorecer la permanencia en los puestos de trabajo.
Sin embargo..., otros estudios han identificado efectos adversos en determinados colectivos y empresas. El Banco de España analizó el incremento de 2019 y encontró un menor crecimiento del empleo entre los trabajadores afectados. Así como reducciones más acusadas de las horas trabajadas y de la creación de empleo para los jóvenes. El propio estudio advertía de dificultades metodológicas para aislar los efectos de la subida. Por lo que sus resultados deben interpretarse con cautela.
No existe, por tanto, una respuesta única que permita afirmar que cualquier subida destruye empleo o que todos los incrementos carecen de costes. Los efectos pueden variar según el sector, el tamaño de la empresa, la productividad y la situación de los trabajadores. El desafío de la política salarial consiste en mejorar los ingresos de quienes menos cobran sin provocar ajustes que terminen perjudicando precisamente a los colectivos que se pretende proteger.
La patronal ha añadido una dimensión política a la controversia. CEOE y CEPYME han criticado que el Ministerio impulse la subida en vísperas electorales y han reclamado que la decisión se adopte después de los comicios. Los sindicatos, por su parte, tampoco respaldan la cifra ministerial. Consideran que la mejora debe ser mayor y que debe garantizarse que el incremento llegue efectivamente a los trabajadores.
Herramienta contra la precariedad
La evolución del salario mínimo desde 2018 ha modificado de manera sustancial el suelo retributivo español. El Gobierno ha defendido las sucesivas subidas como un instrumento para mejorar las rentas más bajas y reducir la desigualdad salarial. Pero la persistencia de trabajadores en riesgo de pobreza demuestra que el salario mínimo no puede actuar de manera aislada.
La vivienda, la energía, la alimentación y los gastos de cuidados condicionan la capacidad real de compra. Una subida nominal puede mejorar la nómina y, al mismo tiempo, perder parte de su efecto si los precios de los bienes esenciales crecen con rapidez. También importa la fiscalidad. El importe bruto no siempre coincide con la cantidad que finalmente llega al bolsillo. Una cuestión que ha acompañado las negociaciones de los últimos años.
La controversia sobre los 1.800 euros abre así una discusión que trasciende a Podemos y al Ministerio de Trabajo. Obliga a decidir qué significa garantizar un salario digno en un mercado laboral donde tener empleo no siempre asegura estabilidad ni suficiencia económica.
El SMI de 2027 será una referencia decisiva para millones de trabajadores. Pero su eficacia no debería medirse únicamente por el porcentaje de incremento aprobado. También habrá que observar si mejora los ingresos anuales, si reduce la pobreza entre quienes trabajan y si se acompaña de jornadas suficientes y condiciones laborales estables.
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