Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a describir España como si el país estuviera a punto de ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Ante el Círculo de Empresarios Vascos, el líder del Partido Popular habló de decadencia gubernamental, enfermedad aguda, cirugía, extirpación y fallo multiorgánico. El repertorio médico fue tan abundante que, por un momento, pareció menos una intervención política que un parte clínico redactado con aspiraciones electorales.
Su tesis es conocida. España estaría atrapada en una degradación institucional sin precedentes, arrastrada por una supuesta corrupción instalada en el corazón del Estado y necesitada de una intervención urgente. El problema de esa descripción no reside solo en su dureza. Reside en que Feijóo necesita presentar el país como una emergencia permanente para justificar su impaciencia política.
Si España estuviera como dice Feijóo, probablemente las instituciones habrían dejado de funcionar, la economía estaría paralizada, los tribunales no actuarían, el Parlamento habría perdido toda capacidad y la vida pública se encontraría suspendida. Sin embargo, la democracia española continúa operando con sus tensiones, sus conflictos, sus errores y sus controles. La Justicia investiga. El Congreso vota. El Gobierno gobierna. La oposición fiscaliza. Eso no es un fallo multiorgánico. Eso es una democracia funcionando bajo presión.
Feijóo lamenta que España viva instalada en el ruido político. Conviene reconocerle al menos una coherencia involuntaria. Pocas figuras contribuyen con tanta constancia a mantenerlo. Acusa al Gobierno de distraer al país de los grandes debates sobre inteligencia artificial, semiconductores, defensa o autonomía estratégica, pero su intervención terminó girando alrededor de causas judiciales, Begoña Gómez, fiscales, jueces, cuerpos policiales, ministerios, votaciones parlamentarias y diagnósticos terminales sobre el Estado.
Para combatir la distracción, Feijóo propone más distracción. Para reclamar normalidad, utiliza un lenguaje de excepción. Para pedir serenidad institucional, describe España como una comunidad de vecinos al borde de la intervención judicial. El resultado es un discurso que pretende parecer grave, pero acaba revelando la fragilidad de una estrategia basada en exagerarlo todo.
La corrupción debe investigarse hasta el final. Cualquier indicio que afecte a responsables públicos merece transparencia, rendición de cuentas y actuación judicial independiente. Pero una cosa es exigir responsabilidades y otra convertir cada procedimiento abierto en una condena política colectiva. Feijóo habla de separación de poderes al mismo tiempo que utiliza la agenda judicial como combustible electoral.
El caso de Begoña Gómez volvió a ocupar espacio en su intervención. El líder del PP sostuvo que la retirada temporal de su pasaporte daña la reputación exterior de España ante la UE y la OTAN. La afirmación tiene un punto llamativo. Quien dice preocuparse por la imagen internacional del país contribuye a presentarlo, dentro y fuera, como un Estado descompuesto. Es una forma peculiar de patriotismo. Defender España hablando de ella como si fuera irrecuperable exige una notable vocación dramática.
También afirmó que la decencia está por encima de la ideología. La frase suena bien, pero conviene completarla. La decencia democrática también exige respetar los tiempos parlamentarios, la presunción de inocencia y las mayorías surgidas de las urnas. No basta con invocarla cuando sirve para reclamar elecciones. Hay que practicarla cuando la democracia no ofrece el resultado que uno desea en el calendario que uno prefiere.
Feijóo asegura que viene a proponer “lo normal”. Pero su normalidad empieza siempre por declarar anómalo al adversario. No se limita a presentar una alternativa de gobierno. Sitúa al Ejecutivo como una enfermedad que debe ser extirpada. Esa forma de hablar no busca solo desgastar a Sánchez. Busca convencer a una parte del país de que cualquier mayoría que no pase por el PP es una anomalía provisional.
El líder popular acusa al Gobierno de haber instalado la política en la confrontación, pero ha convertido la confrontación en su principal horizonte. Habla de prosperidad ante empresarios, aunque dedica buena parte del discurso a levantar un escenario de alarma. Reivindica estabilidad, pero describe España como un organismo a punto de colapsar. Promete funcionalidad, aunque contribuye cada día a la idea de que nada funciona si no gobierna él.
España tiene problemas serios. La calidad institucional debe protegerse. La corrupción debe perseguirse sin contemplaciones. Los gobiernos deben rendir cuentas y la oposición debe controlar con firmeza. Lo que no necesita una democracia madura es una oposición que confunda fiscalización con demolición permanente.
Si España estuviera como dice Feijóo, tal vez habría razones para convocar una operación de urgencia. Pero España no está como dice Feijóo. Está atravesada por dificultades reales, por tensiones políticas y por investigaciones que deben resolverse en los tribunales. Nada de eso autoriza a presentar el país como un cadáver institucional.
El problema de Feijóo empieza precisamente ahí. Cada día parece convencido de que la realidad todavía no es lo bastante grave para sus intereses políticos y se ve obligado a subir un poco más el tono. Cuando la oposición necesita que el país parezca peor de lo que está, deja de ofrecer una alternativa y empieza a construir un decorado. Ese decorado puede servir para una campaña. Difícilmente sirve para gobernar.
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