La transformación del Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo el liderazgo de Pam Bondi no puede entenderse sin analizar la nueva jerarquía de prioridades que define la administración de Donald Trump. El espectacular aumento de los procesos por inmigración, casi triplicados respecto a la etapa anterior, contrasta con la caída generalizada en la persecución de otros delitos federales.
Este desplazamiento no es meramente técnico. Refleja una concepción política de la seguridad donde el control de fronteras se sitúa en el centro del aparato penal, relegando a un segundo plano amenazas tradicionalmente consideradas estratégicas, como el terrorismo o el fraude sistémico. Paradójicamente, mientras el discurso oficial insiste en la necesidad de “hacer América más segura”, el número de casos de terrorismo rechazados supera al de administraciones anteriores.
La contradicción es solo aparente. Desde una lógica política, la seguridad no se define únicamente por el riesgo objetivo, sino por su capacidad de movilización social. La inmigración, en este sentido, funciona como un eje articulador del discurso público, capaz de generar consenso entre determinados sectores del electorado.
El problema surge cuando esta lógica se traslada al funcionamiento interno del sistema judicial. Testimonios de fiscales sugieren que la asignación de recursos responde cada vez más a criterios de visibilidad política que a evaluaciones técnicas de riesgo. La presión por generar estadísticas alineadas con el discurso oficial introduce una dinámica que desnaturaliza el proceso penal, transformándolo en una herramienta de validación narrativa.
Este fenómeno tiene implicaciones profundas. La selectividad en la persecución penal no solo afecta a los acusados, sino también a las víctimas invisibles de los delitos que dejan de investigarse. Casos de fraude sanitario, corrupción sindical o abuso institucional, al ser archivados, desaparecen del radar público, pero no de la realidad social que los sustenta.
Desde una perspectiva sociológica, el efecto acumulativo puede ser significativo. La percepción de impunidad en determinadas áreas, especialmente en delitos económicos o corporativos, puede erosionar la confianza ciudadana en la equidad del sistema. Si la ley se aplica con distinta intensidad según el tipo de delito, la igualdad ante la ley deja de ser un principio operativo para convertirse en una aspiración retórica.