La sanidad pública ocupa un lugar singular en la conciencia colectiva de este país. No es solo un servicio. Es una de las grandes conquistas democráticas de España, una infraestructura moral que permite que la enfermedad no dependa de la renta y que la atención médica no sea un privilegio reservado a quien puede pagarla.
Por eso resulta tan llamativo escuchar al Partido Popular presentar la sanidad como prioridad nacional cuando en distintos territorios donde gobierna sus decisiones han ido precisamente en sentido contrario. Cantabria aparece ahora como ejemplo de una tendencia que se repite con nombres distintos en varias comunidades. Externalizaciones, deterioro de servicios, falta de profesionales, listas de espera y una creciente presencia del sector privado en espacios que deberían ser reforzados desde lo público.
La sanidad pública no se desmantela únicamente cerrando hospitales. También se debilita cuando se vacían sus capacidades poco a poco. La privatización de cribados vinculados al cáncer de colon o de mama no puede tratarse como una cuestión a la ligera. Los cribados son una herramienta esencial de prevención, detección temprana y equidad sanitaria. Afectan directamente a la vida de las personas. Convertirlos en objeto de externalización abre un debate profundo sobre qué partes del sistema público se consideran irrenunciables y cuáles pueden entregarse al mercado bajo el argumento de la eficiencia.
El lenguaje es importante. Rara vez se habla abiertamente de recortes o de privatización. Se prefiere hablar de colaboración, agilización, optimización o refuerzo temporal. Son palabras suaves para decisiones que tienen consecuencias muy concretas. Cada vez que el sistema público pierde capacidad propia, aumenta su dependencia de operadores privados. Cada vez que una administración renuncia a fortalecer plantillas, tecnología o servicios internos, deja más espacio a quienes entienden la sanidad como oportunidad de negocio.
El problema no es que existan empresas privadas. El problema es que la salud pública termine funcionando como un mercado subsidiado con dinero de todos. La derecha española suele moverse con habilidad en esa ambigüedad. Defiende la sanidad pública en abstracto, porque sabe que la ciudadanía la valora de forma mayoritaria, pero gobierna demasiadas veces con políticas que la erosionan en la práctica. Reivindica los hospitales cuando hay campaña electoral, pero luego administra el sistema como si lo público fuera siempre sospechoso de ineficiencia y lo privado siempre sinónimo de solución.
Esa contradicción tiene efectos políticos, pero también efectos sociales. Cuando una familia espera meses por una prueba diagnóstica, cuando una persona mayor no consigue cita en atención primaria, cuando un paciente acaba recurriendo a un seguro privado porque no puede permitirse seguir esperando, el deterioro ya ha cumplido su función. No necesita proclamas ideológicas. Basta con que la gente se acostumbre a que lo público llegue tarde, y ahí está la verdadera amenaza.
Una sanidad pública debilitada empuja silenciosamente a quienes pueden permitírselo hacia la privada y deja atrás a quienes no tienen alternativa. Ese es el camino hacia una sociedad a dos velocidades. Una para quienes pueden pagar rapidez, especialistas y pruebas. Otra para quienes dependen exclusivamente de un sistema público que ha sido tensionado, infrafinanciado o externalizado hasta perder parte de su capacidad de respuesta.
Por eso la sanidad no puede convertirse en un eslogan de fin de semana. Tampoco en una bandera oportunista que se agita desde Madrid y se contradice desde los gobiernos autonómicos. La defensa real de la sanidad se mide en presupuestos, contratación de profesionales, reducción de listas de espera, fortalecimiento de la atención primaria y rechazo a privatizar servicios esenciales.
El PP sabe que la sanidad pública es un terreno sensible porque forma parte de la identidad democrática del país. Por eso intenta apropiarse del discurso. Pero la credibilidad no nace de una declaración, sino de una trayectoria, y en esa trayectoria pesan demasiado las decisiones adoptadas allí donde gobierna.
La política puede permitirse matices. Lo que no puede permitirse es tratar a la ciudadanía como si no tuviera memoria.
Decir que la sanidad pública es una prioridad nacional y contribuir a debilitarla en los territorios es una contradicción demasiado grande para esconderla bajo una frase bien diseñada. Porque la sanidad pública no se defiende diciendo que se defiende, se defiende cuidándola.