Sánchez y Feijóo secuestran "la voluntad de los españoles"

La expresión “la voluntad de los españoles” se ha convertido en uno de los comodines más repetidos por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo cada vez que justifican decisiones que rompen la lógica política. Ambos la pronuncian con solemnidad, como si el país les hubiera entregado un mandato claro e inequívoco para pactar con quien sea necesario con tal de llegar a La Moncloa. Sin embargo, detrás de esa fórmula hay una contradicción que el discurso oficial evita deliberadamente: lejos de pedir gobiernos sostenidos por el independentismo o por la extrema derecha, una parte creciente de la sociedad, especialmente la clase media y trabajadora que soporta el peso de la crisis, la inflación y la inseguridad, está reclamando lo contrario: un pacto de gobierno entre el PSOE y el PP que dé estabilidad, rebaje la tensión y se concentre en resolver problemas estructurales.

El problema es que esa solución, aunque políticamente racional, choca de frente con el interés inmediato de Sánchez y Feijóo. Ambos han hecho de la palabra “coalición” un instrumento táctico, pero nunca la han entendido como un ejercicio de responsabilidad compartida. Para el PSOE, la alianza con partidos independentistas o nacionalistas periféricos se ha convertido en el mecanismo para mantener a la derecha fuera del Gobierno. Para el PP, el pacto con Vox es la vía de acceso a poder territorial y a una mayoría parlamentaria bloqueada en el Congreso. En ese tablero, la gran coalición entre socialdemócratas y conservadores no es una opción programática, sino un tabú que amenaza su relato identitario y su capacidad de movilización electoral en el corto plazo.

La tensión es evidente: cuando Sánchez defiende sus acuerdos con fuerzas independentistas, los presenta como la expresión más refinada de la España plural y del mandato que habría surgido de las urnas. Cuando Feijóo justifica sus pactos con Vox, responde que esa es la única forma de materializar la “voluntad de cambio” expresada por los ciudadanos. En ambos casos, la apelación a “lo que quieren los españoles” funciona como paraguas retórico para encubrir una realidad incómoda: el país está fragmentado, ninguna fuerza tiene mayoría suficiente y el mensaje más nítido que se desprende del mapa parlamentario es la necesidad de acuerdos transversales entre los dos grandes partidos. Es decir, lo contrario de lo que ambos están haciendo.

La polarización ha convertido a las elecciones en plebiscitos cruzados: votar al PSOE es, para muchos, una forma de detener a la derecha y a Vox; votar al PP es, para otros, la manera de desalojar a Sánchez y frenar sus cesiones al independentismo. Ese esquema bloquea cualquier posibilidad de convergencia porque reduce la política a un intercambio de vetos. De esta forma, cuando Sánchez y Feijóo hablan de la “voluntad de los españoles”, en realidad se refieren a la voluntad de sus respectivos bloques, y no a la mayoría social que quedaría representada en un acuerdo que integrase a ambos y marginase a los extremos.

El resultado es un fraude semántico. Las urnas han dibujado un escenario donde ninguna de las dos grandes fuerzas puede gobernar sin apoyarse en aliados incómodos o inestables. Ese mismo resultado, leído sin filtro partidista y sectario, sugiere que la fórmula más lógica (y la que podría responder mejor a las expectativas de la mayoría) sería una gran coalición que compartiera responsabilidades, reorientara las prioridades y desactivara la dinámica de guerra cultural permanente. Pero en el discurso de Sánchez y Feijóo, esa lectura nunca aparece. Cuando hablan de la “voluntad de los españoles”, se niegan a reconocer que esa voluntad también implica que el país está cansado de vivir al borde de la ruptura institucional y del colapso parlamentario que genera parálisis en los asuntos que realmente importan a la ciudadanía.

Hay un dato que se repite en encuestas y estudios de opinión: una proporción relevante de ciudadanos vería con buenos ojos un acuerdo entre el PSOE y el PP si eso significara estabilidad, reformas serias y un descenso del ruido político. Es especialmente notable entre quienes se identifican como clase media y trabajadora, los que menos margen tienen para soportar subidas de precios, precariedad laboral, deterioro de servicios públicos y incertidumbre fiscal. Para ellos, la cuestión no es quién gana la batalla ideológica, sino quién se responsabiliza de que el sistema funcione. Sin embargo, ni Sánchez ni Feijóo parecen dispuestos a asumir ese mensaje. Prefieren traducirlo en clave de bloques: o nosotros o ellos, pero nunca juntos.

El argumento principal contra la gran coalición suele ser que diluiría las diferencias ideológicas, dejaría sin alternativa a los ciudadanos y fortalecería a los extremos. Es una objeción legítima, pero solo si se olvida el contexto actual. Hoy, las diferencias entre PSOE y PP, aun siendo reales, conviven con un amplio campo de coincidencias en cuestiones como la pertenencia a la Unión Europea, el compromiso con la economía de mercado, la defensa de la OTAN o la aceptación de la Constitución como marco de juego. Mientras tanto, la agenda de los aliados necesarios, independentismo y extrema derecha, empuja el debate hacia posiciones que sí ponen en cuestión elementos básicos del orden constitucional: unos, cuestionando la unidad del Estado y su arquitectura territorial; otros, tensionando derechos fundamentales y consensos básicos en materia de igualdad, violencia de género o memoria democrática.

En ese escenario, la gran coalición no sería una alianza “antinatural”, como se repite desde los aparatos de ambos partidos, sino una respuesta natural a una situación de bloqueo. Lo antinatural, visto en términos históricos y comparados, es que el país se vea obligado a elegir entre un Gobierno condicionado por fuerzas que quieren reconfigurar el Estado desde la periferia y otro que depende de una ultraderecha que quiere reescribir los consensos democráticos desde la reacción. Que la izquierda acepte gobernar con fuerzas que han hecho del cuestionamiento de la unidad nacional su razón de ser y que la derecha asuma sin rubor compartir poder con quienes desprecian abiertamente la igualdad y los derechos de las minorías, eso sí es un pacto contra la lógica de la democracia liberal.

La voluntad de los españoles, invocada constantemente por Sánchez y Feijóo, se convierte así en un recurso propagandístico que oculta el divorcio entre la agenda de los partidos y las necesidades reales de la sociedad. Cuando el presidente apela al voto popular para legitimar una ley de amnistía que busca sostener una mayoría precaria, está leyendo el resultado en clave de supervivencia gubernamental, no de estabilidad institucional. Cuando Feijóo reivindica su derecho a pactar con Vox porque “así lo han querido los españoles”, está interpretando el voto como cheque en blanco, no como mandato condicionado por la exigencia de respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales.

Si se mirara el escenario con la lógica de los ciudadanos que viven al margen de las burbujas partidistas, la conclusión sería otra: España necesita menos épica de resistencia y más gestión compartida. Menos discursos sobre “nosotros contra ellos” y más acuerdos sobre políticas de largo plazo en materias como sanidad, educación, vivienda, pensiones, empleo de calidad, salarios dignos, energía o transición ecológica. Y para eso, el modelo de Gobierno más viable no es el que se apoya en muletas extremas, sino el que se sustenta en un acuerdo entre los dos partidos que concentran la mayoría del voto y del poder territorial.

El bloqueo tiene, además, una consecuencia silenciosa pero devastadora: la desafección. Cada vez que Sánchez y Feijóo convierten la conversación pública en un intercambio de acusaciones, los ciudadanos perciben que la política está centrada en su propio juego de supervivencia, no en la resolución de problemas. La clase media ve cómo sus salarios pierden poder adquisitivo, cómo el acceso a la vivienda se convierte en una carrera imposible, cómo los servicios públicos se deterioran, mientras el debate parlamentario se enrosca en cuestiones identitarias y simbólicas que, aun siendo relevantes, no pueden ocupar todo el espacio. En esa sensación de distanciamiento, la idea de una gran coalición aparece como una solución de realismo, casi de sentido común: si no puedes ganar solo, gobierna con quien comparte la responsabilidad estructural del sistema y excluye a quienes solo quieren dinamitarlo.

Que esa opción no se plantee seriamente desde la cúpula del PSOE y del PP revela una verdad incómoda: ambos partidos prefieren conservar su relato de confrontación antes que arriesgar su identidad en un acuerdo que podría ser costoso electoralmente en el corto plazo, pero beneficioso para el país en el medio plazo y, en consecuencia, finalmente rentable para ambos partidos en el largo. Sánchez teme que pactar con el PP desmovilice a su base, construida sobre la idea de aniquilar a la derecha. Feijóo teme que acordar con el PSOE erosione su promesa de cambio y dé munición a quienes, dentro y fuera del partido, le acusan de blando. En esa ecuación, el interés general se sacrifica en nombre de la coherencia narrativa y de la lógica de campaña permanente.

La retórica de la “voluntad de los españoles” permite, además, colocar a los ciudadanos como pantalla de legitimación sin reconocerlos como sujetos de derechos concretos. Se invoca a “los españoles” como entidad abstracta, pero rara vez se escuchan las demandas específicas de quienes sufren la precariedad laboral, el encarecimiento de la vida o el deterioro de los servicios públicos. Para la clase trabajadora y la clase media, la gran coalición no es una fantasía de politólogo, sino una fórmula que podría traducirse en acuerdos duraderos sobre salarios, reformas fiscales, políticas industriales, regulación del alquiler o inversión en infraestructuras. Es decir, en decisiones que impactan directamente en su vida cotidiana.

La resistencia a esa opción tiene también una dimensión cultural. El sistema político español se ha construido, desde la Transición, sobre la alternancia entre un gran partido de izquierda y otro de derecha. Esa lógica se ha reforzado con años de relato sobre “los diez años de Gobierno socialista” frente a “los ocho años de Gobierno popular”, como si la alternancia por sí misma fuese garantía de progreso. La aparición de fuerzas como Podemos, Ciudadanos, Vox y el incremento del nacionalismo/independentismo ha roto esa simplicidad, pero el imaginario de la alternancia sigue operando. Una gran coalición supondría reconocer que esa mecánica ha dejado de ser suficiente y que el país ha entrado en una fase donde la estabilidad requiere cooperación estructural entre adversarios.

Las experiencias comparadas en otros países muestran que las grandes coaliciones no son, por definición, traiciones al electorado. En muchos casos, han sido la respuesta a momentos de crisis económica, institucional o geopolítica. Lo que las hace democráticamente legítimas no es la afinidad ideológica entre los socios, sino la transparencia del pacto y la claridad de sus objetivos: garantizar estabilidad, abordar reformas que solos serían imposibles, limitar la influencia de los extremos y abrir espacios de deliberación más serena. En España, sin embargo, la idea sigue atrapada en el relato de la sospecha: se la presenta como una alianza “contra la ciudadanía”, sin preguntarse qué ciudadanía se protege cuando se prefieren acuerdos con quienes cuestionan los pilares del sistema.

En el fondo, la discusión sobre la gran coalición es una discusión sobre el modelo de representación. Sánchez y Feijóo han optado por interpretar el voto como aval de sus respectivas estrategias de bloque, incluso cuando los números les obligan a buscar apoyos que distorsionan su programa o que, directamente, lo incumplen. La alternativa sería entender ese voto como una llamada a la responsabilidad compartida: los ciudadanos han decidido que ninguno de los dos tenga mayoría absoluta, pero sí que ambos concentren suficiente poder como para entenderse. Esa lectura implicaría renunciar a la comodidad del enemigo único y aceptar que el adversario puede ser, al mismo tiempo, socio en la gestión.

Mientras esa lectura no se abra paso, la expresión “la voluntad de los españoles” seguirá siendo un elemento más de la coreografía política. Se invocará en mítines, en ruedas de prensa, en debates parlamentarios, para justificar decisiones que responden mucho más a la lógica de supervivencia partidista que a la de solución de problemas colectivos. Y mientras tanto, la clase media y trabajadora, esa mayoría silenciosa que sostiene el país, seguirá viendo cómo su vida se negocia a golpe de pacto con el independentismo o con la extrema derecha, pero nunca desde el acuerdo entre quienes podrían ofrecerle un horizonte de estabilidad real.

Que el PSOE y el PP decidan algún día ensayar una gran coalición no depende solo de los números, sino de una transformación cultural profunda en la forma de entender la política. Requiere asumir que gobernar no es solo ocupar el poder, sino compartirlo en beneficio de un conjunto social que pide menos ruido y más soluciones. Requiere, también, abandonar la comodidad del eslogan, de la propaganda, y mirar de frente el mensaje que se esconde detrás de cada apelación a “la voluntad de los españoles”: si de verdad se quiere escucharla, el camino ya está trazado, pero no pasa por pactos “antinaturales” con los extremos, sino por el acuerdo que hoy todos niegan porque pone en cuestión lo único que, en realidad, parecen querer conservar a cualquier precio: el poder.