Sánchez deja a once comunidades infrafinanciadas para potenciar a las más ricas y a Cataluña

El debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica ha dejado de ser una discusión técnica sobre coeficientes, población ajustada y reparto de recursos para convertirse en una radiografía del sanchismo en estado puro. Lo que afloran no son solo cifras, sino una forma de ejercer el poder que ha convertido cada concesión al independentismo catalán en una moneda de supervivencia política. Y en esa lógica, el acuerdo con Esquerra Republicana sobre Cataluña aparece como mucho más que una reforma fiscal: es la demostración de que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer lo que haga falta, aunque el precio sea la fractura territorial, el agravio comparativo entre comunidades y el deterioro definitivo de la idea de igualdad entre españoles.

Porque el problema del nuevo modelo de financiación autonómica no es únicamente que redistribuya recursos de una manera que Castilla-La Mancha considera injusta. El problema es que confirma una pauta que ya se ha convertido en marca de gobierno: ante cada dificultad parlamentaria, el Ejecutivo vuelve a buscar oxígeno en las cesiones al independentismo. Y cuando eso sucede, el interés general deja de ser el criterio rector. Lo sustituye una matemática política más brutal y más simple: cuánto cuesta mantenerse en el poder y quién paga la factura.

Los cálculos remitidos por el Gobierno de Castilla-La Mancha al Ministerio de Hacienda, según publica El Mundo, tienen una virtud incómoda para La Moncloa: desmontan el relato oficial. Frente a la idea de que “nadie pierde”, la aritmética territorial dibuja un escenario muy distinto, con una mayoría de comunidades autónomas por debajo de la media en financiación per cápita y con Cataluña convertida en la gran beneficiada del sistema. No se trata, por tanto, de una mejora generalizada de la suficiencia financiera, sino de una reordenación política del reparto en la que el Ejecutivo central premia a quien más capacidad de presión tiene en el Congreso y castiga, en la práctica, a quienes menos margen de negociación poseen.

Ese es el fondo del asunto. La financiación autonómica no se presenta aquí como una herramienta para corregir desequilibrios, sino como el precio de una dependencia. Cataluña obtiene más porque Sánchez necesita a ERC. Y ERC obtiene más porque ha entendido que el presidente del Gobierno no negocia desde la fortaleza institucional, sino desde la necesidad política. El independentismo ha convertido su apoyo en un mecanismo de captura del Estado, y el sanchismo, lejos de resistirse, parece haber asumido ese intercambio como una regla natural del juego.

Por eso el debate sobre la ordinalidad importa tanto. No porque sea un concepto técnico menor, sino porque funciona como la coartada ideológica de una operación de gran calado. Bajo la apariencia de justicia distributiva, el principio de ordinalidad introduce una lógica que, según denuncia Castilla-La Mancha, consolida a las comunidades con mayor renta en posiciones privilegiadas de financiación. Dicho de otro modo: se presenta como solidaridad lo que en realidad puede operar como una corrección regresiva del sistema. Y ese matiz, en un Estado descentralizado y desigual como el español, no es menor. Es la diferencia entre compensar diferencias estructurales o cristalizarlas en una arquitectura permanente de privilegios.

La gravedad política del movimiento no está solo en el resultado, sino en el método. Sánchez no ha impulsado una reforma de consenso amplio, ni un pacto de Estado, ni una revisión transparente del modelo entre territorios. Ha preferido una negociación bilateral con ERC, una formación que no representa el interés general de España sino un proyecto político que aspira, precisamente, a desenganchar a Cataluña del marco común. En ese contexto, cada avance en financiación singular, cada cesión competencial, cada guiño al relato independentista deja de ser una medida administrativa para convertirse en un gesto de sometimiento político.

Y es ahí donde el episodio revela su verdadera dimensión. Lo que está en juego no es solo que Cataluña reciba más. Lo que está en juego es que la presidencia de Pedro Sánchez ha convertido la gobernabilidad en una subasta permanente. Si para aprobar un modelo de financiación necesita romper el equilibrio entre comunidades, lo hará. Si para sostener su mayoría parlamentaria debe asumir que unas regiones queden infrafinanciadas mientras otras se colocan por encima de la media, también lo hará. Si la consecuencia es una erosión profunda del principio de igualdad, el Gobierno tratará de envolverla en lenguaje técnico, pero el hecho político ya estará consumado.

No es casual que Castilla-La Mancha, con Emiliano García-Page al frente, haya decidido plantar batalla con cifras en la mano. Page sabe que esta discusión no es solo económica, sino también orgánica y moral dentro del propio PSOE. El presidente castellanomanchego encarna una de las últimas resistencias internas frente al sanchismo más obediente al independentismo. Y por eso su oposición tiene una lectura que va más allá del desacuerdo técnico: es una advertencia sobre lo que ocurre cuando un partido renuncia a sostener una idea mínima de equidad territorial para abrazar una estrategia de poder sin límites.

Las estimaciones de Toledo dibujan un país partido en dos velocidades. Por un lado, las comunidades más ricas, con Cataluña a la cabeza, situadas en una posición ventajosa. Por otro, la mayor parte del mapa autonómico, incluyendo territorios como Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana, condenados a seguir por debajo de la media o a integrarse en el grupo de las infrafinanciadas. El resultado no es solo una distribución desigual, sino una jerarquía política nueva, en la que la influencia negociadora pesa más que la necesidad social.

Ese es el verdadero mensaje del modelo: no financia más al que más lo necesita, sino al que más fuerza tiene para arrancarlo. Y cuando el Estado acepta ese principio, deja de actuar como árbitro de la solidaridad para convertirse en gestor de asimetrías. La consecuencia es devastadora para la cohesión territorial, pero útil para quien gobierna con una mayoría precaria y necesita comprar tiempo legislativo. Sánchez no parece estar pensando en el medio plazo institucional; está pensando en el siguiente voto, en la próxima votación, en el siguiente chantaje parlamentario. El largo plazo, si existe, será para otros.

Hay además un elemento que hace todavía más inquietante esta reforma: su naturaleza irreversible. Una vez introducido un modelo que reconoce privilegios estructurales a una comunidad concreta, revertirlo sería políticamente costoso y jurídicamente complejo. Es decir, el Gobierno no solo estaría concediendo una ventaja coyuntural a Cataluña, sino asentando una nueva arquitectura de financiación más favorable a quien mejor negocia. Y eso, en la práctica, equivale a elevar a rango de norma la dependencia del Ejecutivo respecto del independentismo.

La frase de Sánchez sobre que “ninguna comunidad va a recibir menos de lo que ya recibe” puede sonar tranquilizadora para el relato oficial, pero pierde fuerza en cuanto se confronta con el criterio per cápita. Porque ahí es donde se revela la verdadera distribución del daño. No importa solo cuánto entra en términos absolutos, sino cómo se reparte ese dinero en relación con la población y las necesidades reales. Y si en ese terreno varias comunidades pierden posición relativa, el discurso del Gobierno queda reducido a una operación de maquillaje semántico.

La cuestión, en el fondo, es que Pedro Sánchez ha convertido el ejercicio del poder en una secuencia de concesiones acumulativas cuyo objetivo último no es reformar España, sino conservar el mando sobre ella. Esa lógica atraviesa toda su relación con el independentismo catalán. Primero fue el indulto, luego la amnistía, después la negociación política y ahora una financiación singular que consolida la idea de que el bloque soberanista recibe más cuanto más presiona. Cada paso ha sido presentado como pragmatismo, pero el resultado conjunto dibuja otra cosa: una rendición progresiva ante quienes han hecho del desafío al Estado una industria política.

Por eso el nuevo modelo de financiación autonómica no debe leerse como un episodio aislado, sino como una pieza más de una estrategia más amplia. Sánchez ha demostrado reiteradamente que no gobierna para cerrar conflictos, sino para administrarlos de manera que siempre dependa de él la siguiente solución. Y cuando una presidencia se construye así, cada crisis se convierte en oportunidad para reforzar el control sobre la agenda, aunque sea a costa de debilitar el marco institucional que la sostiene.

La paradoja es que esta maniobra puede servirle a corto plazo y dañarle a medio plazo. A corto plazo, porque ERC obtiene lo que busca y mantiene viva la mayoría de investidura. A medio plazo, porque el coste político de este desequilibrio puede ser enorme: desgaste en territorios socialistas, pérdida de credibilidad en el discurso de igualdad y consolidación de la idea de que el PSOE ha renunciado a ser un partido de Estado para convertirse en una fuerza de gestión táctica del poder.

El fondo del problema es de naturaleza moral antes que contable. Cuando un Gobierno acepta que el reparto de recursos públicos dependa de su necesidad parlamentaria, la frontera entre política y mercadeo se difumina. Y cuando además ese reparto favorece a un territorio que mantiene una pulsión secesionista activa, el mensaje que se envía al resto del país es demoledor: la lealtad al Estado no se premia; la presión al Estado sí.

En ese sentido, la reforma de financiación es la mejor metáfora del sanchismo: un sistema que prioriza la permanencia sobre el principio, la conveniencia sobre la coherencia y la supervivencia sobre la igualdad. Sánchez ha demostrado que hará lo que haga falta para seguir en el poder. Y si el precio es remodelar el mapa financiero de España en beneficio de quienes más han tensionado el país, la Moncloa da por asumido el coste. Esa es la señal política más clara del momento: no estamos ante una corrección técnica del modelo autonómico, sino ante la confirmación de que el presidente ha convertido la continuidad personal en la brújula exclusiva de su mandato.

En un país normal, una reforma así exigiría consenso, transparencia y una justificación sólida desde el interés común. En la España de Sánchez, basta con que sea útil para la aritmética parlamentaria. Y esa diferencia lo explica casi todo. El sanchismo no concibe el poder como una responsabilidad que deba limitarse por la nación; lo entiende como una estructura que debe adaptarse a sus necesidades. El resultado es un modelo de financiación que puede ser técnicamente defendible en algunos aspectos, pero políticamente nace viciado por su origen: una cesión más al independentismo para prolongar la vida de un Gobierno que ha hecho del cálculo táctico su único ideario.