En política no todo es legalidad. Existe también la legitimidad moral, un capital intangible que se construye con coherencia, responsabilidad y memoria. El Partido Popular, al exigir dimisiones inmediatas por el accidente de Adamuz cuando la investigación aún no ha concluido, ha decidido ignorar deliberadamente ese principio. No se trata de defender errores ajenos ni de minimizar responsabilidades potenciales. Se trata de recordar que quien gobierna desde el reproche debe haber rendido cuentas primero por sus propios fracasos. Y eso no ha ocurrido en San Fernando de Henares.
Y pocos fracasos institucionales recientes ilustran mejor esa incoherencia que la gestión de la línea 7B de Metro de Madrid, una infraestructura promovida y ejecutada bajo gobiernos del PP y convertida hoy en una catástrofe social de larga duración que ha destruido viviendas, proyectos de vida y la confianza de cientos de familias trabajadoras en las instituciones.
El accidente de Adamuz es muy grave. Merece investigación, transparencia y, llegado el caso, responsabilidades políticas y penales. Pero la investigación no está cerrada. Reclamar dimisiones, como están haciendo desde el PP, antes de conocer causas técnicas, decisiones administrativas y posibles fallos estructurales no es un ejercicio de rigor democrático. Es oportunismo político.
Cuando el PP exige cabezas de forma preventiva, no actúa como garante de la seguridad pública, sino como actor de una estrategia conocida. Convertir la tragedia en relato inmediato. Ocultar matices. Simplificar responsabilidades. Y, sobre todo, desviar la atención de su propio historial de negligencias no resueltas.
Adamuz es una tragedia que ha dejado 45 muertos. No es equiparable de manera cuantitativa con San Fernando de Henares. Sin embargo, ambos hechos están relacionados con la gestión de infraestructuras ferroviarias. El PP exige responsabilidades políticas sin que haya conclusiones finales. En San Fernando había informes y no se hizo caso de los mismos para que el PP pudiera inaugurar una línea antes de unas elecciones. Es decir, se priorizó el calendario electoral frente a la seguridad de cientos de familias.
La línea 7B: casi dos décadas de hundimiento físico y moral
Mientras el PP señala a otros, San Fernando de Henares se hunde literalmente desde hace más de quince años. La ampliación de la línea 7B de Metro, ejecutada con las prisas electorales de Esperanza Aguirre y sin estudios geológicos adecuados, ha provocado daños estructurales irreversibles, desalojos forzosos, derribos de edificios y una vida cotidiana marcada por el miedo.
Los informes técnicos existían. Las advertencias fueron claras. Universidades públicas alertaron en 2008 de riesgos de colapso, de procesos geológicos activos, de subsidencias inevitables. La Comunidad de Madrid lo sabía. Y, aun así, optó por parches, por inyecciones de hormigón, por soluciones temporales que han multiplicado el coste económico y humano.
Aquí no hubo accidente puntual. Hubo negligencia sostenida, negación institucional y opacidad política.
Ayuso, el arte de no aparecer
Durante años, la presidenta Isabel Díaz Ayuso evitó San Fernando de Henares. No escuchó a los vecinos. No se reunió con los afectados. No ofreció un plan integral cuando pudo hacerlo. Solo apareció cuando la presión mediática, europea y electoral lo hizo inevitable.
Y cuando lo hizo, fue tarde, mal y con una estrategia de marketing político, no de reparación. Visitas sorpresa. Oficinas inauguradas sin avisar. Declaraciones que minimizaban el drama. Cifras que no cuadraban. Indemnizaciones insuficientes presentadas como generosidad histórica.
Mientras tanto, familias desalojadas con lo puesto, realojos improvisados, navidades fuera de casa, vecinos enterándose por la prensa de que su edificio iba a ser evacuado.
Responsabilidad selectiva, memoria corta
Es en este contexto donde el discurso del PP sobre Adamuz pierde toda autoridad moral. No tienen legitimidad ética de exigir dimisiones inmediatas porque no han asumido responsabilidades por una década y media de desastre urbano. El PP no puede hablar de seguridad cuando permitió que cientos de familias vivieran sobre un subsuelo inestable pese a informes técnicos demoledores.
La diferencia es incómoda. En Adamuz, la investigación sigue abierta. En San Fernando de Henares, la responsabilidad política está documentada, advertida y cronificada.
La ética de la dimisión
Exigir dimisiones no puede ser un acto reflejo condicionado por la coyuntura política. Es una decisión ética que requiere coherencia histórica. Quien ha gobernado ignorando informes, despreciando a víctimas y maquillando tragedias con propaganda no puede erigirse en juez moral de los demás.
Antes de señalar Adamuz, el Partido Popular debería mirar a San Fernando de Henares. A sus edificios agrietados. A sus vecinos realojados. A sus informes enterrados. A sus responsabilidades no asumidas, porque mientras el PP convierte los accidentes ajenos en titulares, las consecuencias de su propia gestión siguen viviendo con miedo cada noche. Y esa es una deuda política que no prescribe.