En las entrañas del palacio de La Moncloa, el silencio ya no es de espera, sino de trinchera. Según ha publicado VozPópuli, a una persona del círculo más íntimo del presidente del Gobierno le preguntaron esta semana si se sentían pesimistas con el devenir procesal del caso de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, cuya instrucción penal en un juzgado de Madrid se arrastra ya desde hace dos años. La respuesta, formulada con esa sequedad desprovista de impostura que solo se da en privado, fue que el adjetivo pesimista se le quedaba "cortísimo".
Esa misma atmósfera de desasosiego y asedio psicológico ha terminado de cristalizar tras conocerse la condena penal a David Sánchez, el hermano del jefe del Ejecutivo, por las irregularidades detectadas en el puesto que ocupaba en la Diputación de Badajoz. La reacción del aparato estatal ha sido tan fulminante como predecible, calcada al milímetro en su retórica defensiva: se recurre, se confía en las instancias superiores, se invoca al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y a la Audiencia Provincial de Madrid porque, en la pirámide de la fe gubernamental, la alternativa de admitir el fallo equivaldría a “dejar de creer en la Justicia”.
Sin embargo, detrás de la obligada apelación al formalismo procesal y de la insistencia técnica de que David Sánchez no ostentaba la condición formal de funcionario público (lo que, según sus juristas, imposibilitaría el delito de prevaricación), el sanchismo ha dado un paso de gigante hacia un abismo discursivo de consecuencias inquietantes para la salud democrática. Al argumentar de manera sistemática que cada revés judicial, cada imputación y cada condena de su entorno íntimo no es el resultado del normal funcionamiento del Estado de Derecho, sino una monumental conjura diseñada por una camarilla de jueces, fiscales y medios de comunicación confabulados para derribar al Ejecutivo, el relato oficial de Moncloa ha terminado por mimetizarse con el populismo paranoico que se mimetiza demasiado con el debate político en los Estados Unidos. Al articular una cosmovisión donde las instituciones del Estado están secuestradas por un poder oculto y hostil, el sanchismo se sitúa, paradójicamente, en el mismo nivel metodológico y retórico que las organizaciones conspirativas de la extrema derecha norteamericana, los movimientos como QAnon o las ideologías ultras del trumpismo que fueron viralizadas globalmente gracias al sofisticado manejo de los algoritmos de Steve Bannon.
La trampa de la infalibilidad
La sentencia contra David Sánchez ha caído sobre el Gobierno con la fuerza de un jarro de agua fría porque, sencillamente, nadie en el Ejecutivo contemplaba ese escenario. En el entorno presidencial daban el juicio por ganado de antemano. No se trataba de una mera expresión de deseos o de propaganda de consumo interno, sino de una lectura pormenorizada de lo que había acontecido dentro de la sala de vistas. Quienes siguieron el proceso de cerca sostenían con vehemencia que “las acusaciones se fueron desmontando” sesión a sesión, hasta dejar la mesa del tribunal sin una sola prueba material encima. Conscientes de cómo suena hoy haber apostado todo a la absolución y haber perdido el envite, admiten ahora, más allá de quinielas o sensaciones primarias, que para ellos era evidente que la acusación carecía de sustento.
El veredicto condenatorio ha obligado por tanto al Gobierno a verbalizar en público lo que ningún Ejecutivo se siente cómodo pronunciando: la afirmación tajante de que un tribunal de justicia se ha equivocado de medio a medio al condenar a "un inocente sin pruebas". Para sostener esta tesis sin que parezca una enmienda a la totalidad contra la judicatura española, los portavoces gubernamentales recurren a una obviedad corporativa: "no hay ninguna profesión infalible", resuelven en el entorno del presidente, añadiendo que "hay jueces que se equivocan y hay sentencias injustas". El mismo esquema defensivo ha sido desplegado para proteger a Miguel Ángel Gallardo, el dirigente socialista extremeño condenado en la misma causa y que también recurrirá la resolución.
El problema de esta línea de defensa es que ha dejado de ser un recurso excepcional para convertirse en una plantilla burocrática de aplicación automática. Se empleó de manera idéntica cuando Begoña Gómez fue imputada inicialmente a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, se repitió cuando el instructor decidió ampliar el objeto de la investigación y se ha vuelto a desempolvar cada vez que un juzgado de cualquier rincón de España dicta una resolución desfavorable contra algún miembro del círculo íntimo de Pedro Sánchez. Al repetir el patrón de forma indefinida, la crítica legítima a una resolución judicial concreta se transforma en una impugnación global y sistemática del sistema de garantías del país.
Abrazar la lógica conspirativa
En la meticulosa ingeniería verbal que se practica en los despachos de la presidencia existe una directriz clara: evitar a toda costa pronunciar una palabra maldita. "Nosotros no usamos la palabra lawfare", advierten los asesores del presidente antes incluso de que el periodista tenga tiempo de ponerla sobre la mesa. Esta renuncia terminológica obedece a razones estrictamente pragmáticas y de supervivencia parlamentaria. El término lawfare quedó indisolublemente ligado al polémico acuerdo de investidura firmado en Bruselas con los independentistas de Junts, y el PSOE ha intentado desde entonces mantener una prudente distancia física y verbal de un concepto que despierta un profundo rechazo en la inmensa mayoría de la carrera judicial española.
Sin embargo, la fobia a la palabra no impide que Moncloa abrace con entusiasmo la lógica que encierra. En lugar de referirse a la "guerra jurídica", los estrategas del Gobierno prefieren aseverar con solemnidad que nos encontramos ante "una causa política" cuyo único y exclusivo motivo de existencia es el acoso y derribo sistemático de la familia del presidente, un supuesto atropello que, según su lectura, "lo está viendo toda España". Al sustituir el tecnicismo jurídico por la denuncia de una persecución de tintes casi bíblicos, el sanchismo entra de lleno en el terreno de la postverdad conspirativa.
Esta pirueta argumental es idéntica a la que estructura el pensamiento de los movimientos de la extrema derecha que apoyan a Donald Trump. El núcleo duro de la ideología trumpista, amplificado hasta el paroxismo por la maquinaria propagandística de Steve Bannon, se sostiene sobre la premisa de que las investigaciones judiciales que acorralan a sus líderes no son el resultado de la aplicación de la ley, sino operaciones coordinadas por un "Estado profundo" (Deep State) compuesto por funcionarios desafectos, jueces politizados y agencias de seguridad corruptas. Al asimilar este marco mental, el sanchismo sustituye el debate sobre los hechos y las pruebas de los sumarios por un relato de buenos y malos, de servidores del pueblo frente a conspiradores togados, dinamitando el consenso básico sobre el que se asienta la legitimidad de las instituciones democráticas.
El manual de Steve Bannon y la viralización de la sospecha
La contradicción más amarga para el progresismo español es que, al intentar defender la continuidad de su proyecto político frente al acoso de la oposición, ha terminado por adoptar las mismas herramientas de agitación de sus peores adversarios ideológicos. El gran descubrimiento de Steve Bannon a la hora de diseñar la arquitectura digital del populismo de ultraderecha no fue la creación de mentiras sofisticadas, sino la inoculación de una sospecha generalizada y permanente en el torrente circulatorio de la sociedad. A través del uso de algoritmos y de la saturación de los canales de información (estrategia conocida en la jerga de la propaganda moderna como flood the zone with shit (inundar la zona de basura)), Bannon logró que millones de ciudadanos dejaran de creer en la posibilidad de que existieran árbitros neutrales en la vida pública.
Bajo este prisma, ya no existen sentencias basadas en derecho, informes policiales rigurosos o decisiones judiciales independientes; solo existen intereses ocultos y voluntades compradas. El sanchismo, al verse acorralado por los reveses judiciales de David Sánchez y Begoña Gómez, ha comenzado a operar bajo esta misma lógica de la sospecha total. Cuando el aparato de comunicación de Moncloa acusa al Partido Popular de "convertir las causas judiciales en su principal argumento parlamentario" y de dar pábulo a denuncias falsas para ocultar que, si no fuera por estos casos, se estaría hablando del excelente estado de la economía nacional, no está haciendo una crítica política convencional. Está sugiriendo que la realidad judicial es una farsa tridimensional diseñada de forma exclusiva por sus enemigos para hurtar al ciudadano el debate sobre la gestión pública.
Este mimetismo con el populismo de corte conspirativo despoja al sanchismo de su pretendida superioridad moral frente a los movimientos reaccionarios que dice combatir. No hay diferencia sustancial entre los seguidores de QAnon que asaltaron el Capitolio convencidos de que las instituciones democráticas estaban dominadas por una red de pedofilia estatal y la narrativa de un Ejecutivo europeo que sostiene que los juzgados de instrucción de su capital están operando de forma coordinada como una célula de guerrilla política destinada a derrocar a un presidente legítimo. En ambos casos, el resultado es el mismo: la destrucción de la confianza de los ciudadanos en la existencia de un terreno de juego neutral y la consagración de la polarización extrema como único motor de la acción política.
La instrumentalización mutua de la justicia
En esta guerra de desgaste, la oposición y el Gobierno se retroalimentan en una espiral de degradación institucional que amenaza con paralizar la actividad legislativa del país. Es indudable que el Partido Popular ha encontrado en el frente judicial de la familia de Pedro Sánchez un filón de incalculable valor electoral que explota sin tregua en cada sesión de control parlamentario, convirtiendo los autos de los jueces de instrucción en munición de primera línea. Sin embargo, la respuesta del Gobierno de elevar la anécdota procesal a la categoría de conspiración de Estado ofrece a la oposición la justificación perfecta para seguir tensando la cuerda de la confrontación institucional.
Moncloa insiste en que una sentencia injusta, por dura que parezca, no va a cercar a este Ejecutivo y desde luego “no es motivo para que caiga”. El propósito implícito de este mensaje es proyectar una imagen de resiliencia y fortaleza frente a la adversidad, convenciendo a su base de votantes de que la continuidad de la legislatura es la mejor respuesta frente a lo que consideran una agresión ilegítima del poder judicial. No obstante, al blindarse detrás del relato del acoso sistemático, el Gobierno renuncia a ofrecer explicaciones transparentes y detalladas sobre las conductas de su entorno, prefiriendo el refugio cómodo pero destructivo del victimismo conspirativo.
El peligro a largo plazo de esta deriva no es la caída de un Gobierno o la derrota electoral de unas siglas políticas, sino el envenenamiento irreversible del debate público español. Cuando la izquierda gobernante adopta los marcos conceptuales de la extrema derecha que teorizó Bannon, la democracia se queda sin defensas inmunitarias frente a la mentira y la sospecha. Si cada resolución de un tribunal es leída únicamente en clave de trinchera y lawfare, la justicia deja de ser el último recurso para la resolución pacífica de los conflictos colectivos para transformarse en un arma arrojadiza más de la refriega diaria. En este tablero de juego diseñado a la medida de la polarización absoluta, la verdad y las pruebas de los sumarios importan ya muy poco; lo único relevante es mantener viva la hoguera de la conspiración para que la maquinaria del poder no deje de girar.
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