La retórica del irredentismo marroquí reaparece con la regularidad de las mareas. Cada cierto tiempo, desde los palacios de Rabat o mediante declaraciones calculadas de su estamento político, se proyecta la ambición de un "Gran Marruecos" que aspira a engullir las plazas soberanas de Ceuta y Melilla, así como a extender su influencia marítima sobre el archipiélago canario. Sin embargo, cuando se disecciona el mapa geopolítico con el rigor del derecho internacional y el peso de los anales históricos, la narrativa expansionista se desmorona de manera categórica. Ninguna de estas reivindicaciones posee el menor sustento jurídico, histórico ni geopolítico, pues tanto las ciudades autónomas en el norte de África como las islas Canarias forman parte del entramado constitucional e histórico de España desde mucho antes de que el propio Estado moderno marroquí fuera concebido.
Para comprender la vacuidad de las pretensiones de la monarquía alauita, es imperativo remontarse al mapa del siglo XV. Ceuta y Melilla no son, bajo ninguna doctrina legal internacional, colonias ni vestigios de un proceso imperialista del siglo XIX o XX, sino territorios soberanos cuya integración en las coronas peninsulares antecede por siglos al surgimiento del Marruecos contemporáneo. Melilla se incorporó a la Corona de Castilla en 1497, trazando un vínculo ininterrumpido de más de cinco siglos. Por su parte, Ceuta pasó a formar parte de la Corona portuguesa en 1415 y decidió mantener de forma voluntaria su fidelidad al rey de España en 1640, tras la separación de ambos reinos peninsulares, acto ratificado solemnemente en el Tratado de Lisboa de 1668.
En aquellas fechas, la entidad estatal de Marruecos, tal como la conocemos hoy, sencillamente no existía. El territorio del actual Marruecos estaba fragmentado en sultanatos dinásticos y confederaciones tribales, a menudo inmersos en profundas guerras civiles y sin una estructura administrativa centralizada capaz de proyectar soberanía estatal sobre esos enclaves costeros. La dinastía alauita, que hoy gobierna desde Rabat, no consolidó su autoridad sobre el territorio marroquí hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XVII, más de un siglo después de que la bandera castellana flameara en Melilla. Pretender la devolución de territorios a un Estado que no ejercía potestad alguna sobre ellos en el momento de su consolidación soberana constituye un anacronismo histórico insostenible en el derecho de gentes.
La distinción entre el estatus de las plazas soberanas españolas y los procesos de descolonización es un pilar fundamental dentro de la Organización de las Naciones Unidas. A diferencia del territorio de Gibralta, la Carta de las Naciones Unidas y la célebre Resolución 1514 sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales nunca han incluido a Ceuta y Melilla en la lista de territorios no autónomos sujetos a descolonización. La doctrina de la ONU reconoce de forma implícita que ambas ciudades forman parte integrante de la estructura territorial de un Estado soberano, en perfecta analogía con cualquier otra provincia peninsular. Su población, española de pleno derecho y diversa en sus orígenes, ejerce la soberanía democrática a través de un estatuto de autonomía garantizado por la Constitución de 1978.
El discurso de Rabat sobre las ciudades autónomas suele activarse como un instrumento de presión táctica para chantajear a Madrid en momentos de tensión bilatetal, o bien para desviar la atención de sus propias contradicciones internas y del contencioso del Sáhara Occidental. Sin embargo, desde la perspectiva de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica, Ceuta y Melilla representan la frontera sur del espacio europeo. Su estatus no es negociable, y cualquier vulneración de su integridad territorial equivaldría a una agresión contra la soberanía de la propia Unión Europea, cuyas directivas y tratados se aplican plenamente en ambas latitudes.
El caso de las islas Canarias resulta aún más tajante si cabe desde la perspectiva del derecho del mar y la geografía política. Conquistado e integrado en la Corona de Castilla a lo largo del siglo XV, el archipiélago canario ostenta una hispanidad incontestable de más de quinientos años, vertebrada en una identidad socioeconómica y cultural profundamente arraigada en el espacio europeo y atlántico. Canarias nunca ha estado bajo el dominio de ninguna dinastía marroquí ni de ninguna entidad política norteafricana previa. La soberanía española sobre el archipiélago es un hecho plenamente consumado y reconocido por la totalidad de la comunidad internacional.
La fricción en el frente canario no proviene de un reclamo territorial directo sobre las islas, una postura que carecería de la más mínima viabilidad en los foros internacionales, sino de la expansión unilateral de las fronteras marítimas y de la Zona Económica Exclusiva proyectada por Marruecos sobre las aguas atlánticas. En su afán por apoderarse de los recursos pesqueros, energéticos y mineros del lecho marino, incluidos ricos yacimientos de telurio y otros minerales raros en los montes submarinos al suroeste de las islas, Rabat ha promulgado leyes que solapan sus pretensiones marítimas con la demarcación legal de Canarias.
Esta maniobra choca de frente con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La delimitación de las zonas marítimas en espacios donde las costas de dos Estados se encuentran frente a frente no puede ejecutarse de manera unilateral, sino que exige acuerdos mutuos basados en el principio de equidad y la línea media. Las pretensiones marroquíes de extender su plataforma continental sobre las aguas de Canarias ignoran la presencia de un archipiélago habitado y dotado de plena proyección marítima, vulnerando el marco normativo internacional que rige los océanos.
La narrativa irredentista de Marruecos hunde sus raíces en la ideología del "Gran Marruecos", formulada a mediados del siglo XX por el partido ultranacionalista Istiqlal y asumida cíclicamente por la monarquía. Esta doctrina postula que las fronteras históricas del Reino Alauita deberían abarcar no solo Ceuta, Melilla y el Sáhara Occidental, sino también la totalidad de Mauritania, partes de Argelia e incluso las islas Canarias. Este expansionismo geográfico carece de rigor cartográfico e histórico; es el producto de un mito fundacional construido para cohesionar a la nación marroquí tras la etapa de los protectorados francés y español.
Desde un punto de vista estrictamente analítico, ceder el más mínimo margen a estas pretensiones sentaría un peligroso precedente para la estabilidad geopolítica global. El orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial se fundamenta en la inviolabilidad de las fronteras y en el respeto a la integridad territorial de los Estados. Si se aceptaran los argumentos de contigüidad geográfica que Marruecos esgrime de manera falaz para reclamar Ceuta y Melilla, se desmantelaría el mapa de Europa y de buena parte del mundo, legitimando reclamos análogos en incontables regiones fronterizas donde la geografía y la historia no coinciden con las fronteras continentales.
La realidad demográfica y democrática de Ceuta y Melilla desmonta por sí sola cualquier retórica de "ocupación". Sus ciudadanos, de un crisol cultural que abarca a cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes, participan activamente en las instituciones democráticas españolas y europeas. No existe en estas ciudades ningún movimiento social ni político de entidad que aspire a la integración en el Reino de Marruecos, un país caracterizado por un régimen de monarquía absoluta donde los derechos fundamentales y las libertades cívicas distan sustancialmente de los estándares exigidos por la Unión Europea. La población de Ceuta y Melilla ha expresado reiteradamente su voluntad inquebrantable de continuar formando parte de la nación española.
Por todo ello, la diplomacia española y la Unión Europea deben mantener una postura firme y sin fisuras ante las pretensiones de Rabat. La cooperación bilateral en materia de gestión migratoria, lucha contra el terrorismo o intercambios comerciales es deseable y necesaria para la estabilidad del Mediterráneo, pero jamás debe instrumentarse a costa de comprometer la soberanía nacional o aceptar chantajes sobre la integridad del territorio. Ceuta, Melilla y Canarias no son piezas de cambio en ningún tablero de negociación geopolítica.
Por tanto, los intentos de Marruecos por reclamar soberanía sobre Ceuta, Melilla y las aguas de Canarias chocan de manera insuperable contra la muralla de la historia y el derecho internacional. Las ciudades autónomas eran españolas antes de que existiera el Marruecos moderno, el estatus territorial de las islas Canarias es indiscutible desde hace más de cinco siglos, y las reglas que rigen la delimitación de las aguas internacionales impiden cualquier apropiación unilateral. La soberanía española sobre estos territorios no es el resultado de un privilegio colonial, sino un hecho histórico, legal y democrático plenamente consolidado que la comunidad internacional reconoce y apoya sin ambigüedades.
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