La Comisión Europea ha recordado que la regularización extraordinaria prevista en España es una competencia estatal, pero ha subrayado que sus efectos deben gestionarse con responsabilidad comunitaria. El aviso no es una enmienda: es el funcionamiento habitual de una Unión donde la soberanía convive con la interdependencia. En ese equilibrio se mueve una medida que busca sacar de la economía sumergida a cientos de miles de trabajadores y dotar de seguridad jurídica a un fenómeno que ya forma parte del tejido productivo.
Durante el debate en el Parlamento Europeo, el comisario de Migración insistió en una idea conocida: un permiso de residencia no es un cheque en blanco para circular libremente, porque el espacio Schengen combina libertad de movimiento con reglas claras de permanencia. Dicho de otro modo, regularizar no equivale a exportar población, sino a ordenar una situación interna.
España no está inventando una excepción. Las regularizaciones, con distintos formatos, han sido utilizadas en Europa cuando la brecha entre la norma y la realidad se vuelve insostenible. La diferencia ahora es el contexto: mercados laborales tensionados, envejecimiento demográfico y sectores enteros que dependen de mano de obra extranjera.
De la invisibilidad a la legalidad
La advertencia de Bruselas introduce un matiz relevante: solidaridad y responsabilidad deben avanzar juntas. Es una fórmula diplomática, pero también una descripción bastante precisa del dilema europeo. Sin coordinación, cada política migratoria nacional puede tener efectos colaterales. Sin margen nacional, la Unión quedaría paralizada.
Lo significativo es que la Comisión no cuestiona la legitimidad del plan. Al contrario, hace apenas semanas lo describía como una vía legal para responder a necesidades del mercado laboral. El debate real no es si regularizar es aceptable —lo es—, sino cómo hacerlo sin erosionar la confianza entre socios.
Las críticas más duras han llegado desde la derecha europea, que interpreta la medida como una concesión política o un supuesto “efecto llamada”. Es un argumento recurrente y, sin embargo, empíricamente frágil: la mayor parte de las personas que se beneficiarían ya viven y trabajan en España. No llegan con la regularización; la preceden.
Hay además un factor que rara vez se menciona con la misma intensidad: la economía informal. Mantener a cientos de miles de trabajadores fuera del sistema no reduce la migración; reduce la recaudación, debilita los derechos laborales y facilita la competencia desleal. Regularizar es, en gran medida, un mecanismo de transparencia económica.
La propia Comisión ha recordado otro dato incómodo para quienes reclaman únicamente mano dura: solo uno de cada cinco migrantes irregulares es retornado en la UE. Convertir la expulsión en eje exclusivo de la política migratoria no solo es costoso; también es poco operativo. Entre la expulsión masiva —improbable— y la irregularidad permanente —insostenible—, la regularización aparece como una herramienta pragmática.
Conviene observar también la dimensión demográfica. Europa envejece y necesita población activa. España lo sabe bien: agricultura, cuidados, hostelería o construcción dependen en buena medida de trabajadores extranjeros. Formalizar su situación no es un gesto humanitario aislado; es una decisión económica racional.
El debate en Estrasburgo dejó ver dos modelos difíciles de reconciliar. Uno prioriza el cierre y la sospecha. Otro parte de un hecho más prosaico: las sociedades europeas ya son diversas y la cuestión no es impedirlo retroactivamente, sino gestionar esa diversidad con reglas.
La regularización no elimina los retos migratorios ni sustituye a una política europea común —todavía incompleta—, pero sí reduce una anomalía: la de quienes sostienen partes de la economía mientras permanecen en un limbo jurídico.
Bruselas pide que no haya efectos negativos para el resto de la Unión. Es una exigencia lógica. Pero también lo sería admitir que la mayor consecuencia negativa para Europa sería normalizar la irregularidad como estado permanente.
Ordenar no es abrir sin control. Es gobernar lo que ya existe.