El Gobierno está a punto de aprobar la norma que ordenará la contratación eléctrica durante los próximos años. Llega con vocación de modernizar un sistema que ha cambiado más en una década que en las tres anteriores. Pero el dictamen del Consejo de Estado introduce una cautela que conviene leer despacio: reformar no es solo publicar un decreto; es hacerlo comprensible, aplicable y jurídicamente sólido.
Hay leyes que nacen con fecha de caducidad y otras que nacen tarde. Esta parece pertenecer a la segunda categoría.
El mercado eléctrico europeo lleva años mutando, renovables, electrificación, nuevas figuras comerciales, mientras España trataba de ordenar un entramado normativo cada vez más difícil de seguir incluso para quienes trabajan dentro del sector. El nuevo reglamento intenta poner fin a esa sensación de mosaico regulatorio.
Pero el Consejo de Estado, con ese lenguaje sobrio que suele esconder advertencias importantes, ha dejado caer varias preguntas que sobrevuelan todo el texto: ¿puede entrar en vigor una regulación incompleta? ¿Se está legislando con la claridad suficiente? ¿Llega España otra vez tarde a Europa?
El mercado se sofistica más rápido que la norma
Uno de los puntos donde el dictamen se detiene es la figura del agregador independiente, llamada a ser clave en el nuevo modelo energético. Estos operadores permiten gestionar la demanda eléctrica, equilibrar el sistema y facilitar la integración de energías renovables.
Su regulación era urgente —Bruselas la pidió hace ya varios años—, pero el Consejo advierte de algo elemental: aparece en el reglamento sin un régimen sancionador claro ni condiciones plenamente delimitadas.
Traducido: sin reglas completas, el terreno se vuelve resbaladizo. No es una exageración jurídica. La historia del sector eléctrico está llena de conflictos nacidos en zonas mal definidas de la regulación.
Cuando la norma se vuelve ilegible, el mercado gana ventaja
Hay un reproche que atraviesa todo el dictamen y que rara vez ocupa titulares: la dificultad para entender la norma.
El Consejo pide una revisión profunda del lenguaje. No por capricho académico, sino porque la complejidad excesiva actúa como barrera de acceso a los derechos. Por eso se sugiere incluso separar la regulación específica de los usuarios en un texto más claro. La transparencia, en sectores liberalizados, no es pedagogía institucional: es equilibrio de poder. Cuando la ley necesita intérpretes permanentes, algo falla.
Otra vez Europa marcando el reloj
El dictamen también recuerda —sin dramatismo, pero sin rodeos— el retraso español en la trasposición de la Directiva europea sobre el mercado interior de la electricidad. Lo inquietante no es solo la demora. Es que esa directiva ya ha sido superada por otra posterior que España aún tampoco ha incorporado. Es la sensación conocida de correr para no quedarse atrás… mientras el sistema sigue avanzando.
En un momento en que la electricidad define desde la política industrial hasta la autonomía estratégica del continente, llegar tarde no es solo un problema técnico; es una forma silenciosa de perder capacidad de decisión.
Plazos optimistas, riesgos previsibles
El Consejo cuestiona también el calendario dado a la CNMC para desarrollar partes esenciales del reglamento. Tres meses parecen pocos para ordenar la entrada de nuevos actores en un mercado de enorme complejidad.
La experiencia administrativa enseña algo sencillo: los plazos demasiado ajustados rara vez aceleran las reformas; suelen complicarlas. Más aún cuando el propio dictamen reconoce la dificultad técnica y jurídica inevitable de este tipo de disposiciones.
Legislar sin escuchar siempre pasa factura
Hay una observación final que merece más atención de la que probablemente recibirá: la escasa participación de las entidades locales.
Puede parecer un detalle procedimental, pero basta mirar cualquier ciudad para entender que la transición energética —puntos de recarga, redes, planificación urbana— ya no se decide solo en despachos ministeriales. Ignorar ese nivel institucional es diseñar la política energética con un mapa incompleto.
Entre la prisa y el rigor
El reglamento intenta, además, anticipar el crecimiento del vehículo eléctrico mediante cambios tarifarios. El Consejo no discute el objetivo, pero sí el método cuando esas medidas no han pasado por los cauces de participación pública.
La advertencia es clásica y siempre vigente: las reformas rápidas pueden ser necesarias; las reformas sin contraste suelen ser frágiles. Nada en el dictamen sugiere un bloqueo. Más bien refleja esa tensión permanente entre la urgencia política y la precisión jurídica.
España necesita una regulación eléctrica moderna. La necesita para competir, para proteger a los consumidores y para sostener una transición energética que ya no admite marcha atrás. Pero también necesita evitar un error frecuente: confundir publicar normas con gobernar el mercado.
Porque al final, en sectores tan técnicos como este, la verdadera pregunta no es quién escribe la regulación. La pregunta es quién puede entenderla. Y, sobre todo, quién queda fuera cuando no se entiende.