Los que entienden un poco de la vida en general dicen que una persona que ha mantenido una intensa actividad pública, al retirarse debe apartarse del mundo en el que ha estado. Nadie hace caso de esa máxima. Tenemos a políticos que, una vez jubilados, quieren seguir influyendo. Presidentes de gobierno, como Aznar, Felipe González, y Rodríguez Zapatero, que, en momentos determinados, opinan sobre cuestiones que ya no les conciernen. Su momento ha pasado, pero ellos se resisten a quedar en un segundo plano. En la judicatura parece ser que pasa lo mismo, al menos para algunos. En septiembre pasado, el juez Manuel García Castellón se jubiló y, lejos de dedicar su vida a los suyos, ahora vuelve y parece ser con algo que se asemeja a una vendetta. Ha contratado a unos abogados y ha pedido personarse en la causa en la que se investiga a la llamada “fontanera” del PSOE, Leire Díez, la cual, al parecer, habría pedido información del magistrado para elaborar un dossier que pudiera perjudicarle. El extitular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional acaba de presentar un libro, “Habla para que se conozca”, que tiene toda la pinta de ser una plataforma para saltar a la política. Y no es de extrañar. En el mundo jurídico todos recuerdan que el magistrado obtuvo uno de los puestos mas gratificantes durante el gobierno de José María Aznar que le nombró juez de enlace con Francia.
En los perfiles que se publican sobre Manuel García Castellón se olvidan de la instrucción que le elevó a lo más alto de la judicatura, la del caso Banesto. Hace 32 años, obtuvo la plaza de juez de refuerzo del titular número 3 de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras. Por aquél entonces, ese juzgado estaba especializado en la instrucción de los delitos monetarios y Moreiras se encontraba desbordado. El Consejo General del Poder Judicial de la época decidió asignarle un juez de refuerzo que se encargó, nada más llegar, de investigar la actuación del equipo directivo del recién intervenido Banesto.
García Castellón, que carecía de los conocimientos suficientes en materia bancaria, se rodeó de un equipo formado por un fiscal, Florentino Ortí, con poca experiencia en la materia, pero contó con la inestimable colaboración de la inspección del Banco de España con su jefe, José Pérez, al frente. Gracias a ello sacó adelante una de las causas de corrupción más importantes de la historia de la transición en España. Y ello le catapultó a un plano mediático que, de otra manera, jamás había logrado. El “premio” fue el nombramiento por el gobierno de Aznar de juez de enlace con Francia.
García Castellón salió victorioso del reto y, gracias a ello, obtuvo una plaza todavía mas golosa, la de juez de enlace en Italia, mucho más tranquila de la de Francia y con las mismas ventajas económicas. Pero, favor con favor se paga. Y un buen día, ya en este siglo, el Partido Popular le pidió su vuelta. Y no lo dudó. Reclamó su plaza en el juzgado de instrucción numero 6 de la Audiencia Nacional que había obtenido en propiedad después de su singladura como juez de refuerzo que le facultó para sustituir al condenado Baltasar Garzón. Era la época de la ofensiva judicial contra el Partido Popular. En el juzgado que reclamaba el juez se trataban operaciones como Púnica y Lezo que amenazaban con hacer mucho más daño a los conservadores que la que instruía Pablo Ruz, al que, al final, se le “premió” con un destino de segunda categoría en el extrarradio del Madrid.
Antes de jubilarse, Manuel García Castellón tomó decisiones controvertidas. En el caso Kitchen decidió no llamar a declarar a la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, a la que se vinculó con el espionaje del tesorero, Luis Bárcenas. Una decisión recurrida ante la sala de Lo Penal que desautorizó al juez ordenándole que la llamase a declarar. Sus superiores le llamaron la atención en otras dos significativas ocasiones. En una le ordenaron el archivo de una causa contra los fundadores de Podemos que calificaron de “investigación prospectiva” y la última fue el cierre del sumario de Tsunami Democràtic por haber superado el plazo para prorrogar la instrucción.
En este se le acusó de oportunismo político. Era el momento en el que se debatía la ejecución de la Ley Orgánica de la Amnistía para los participes del procès. El legislador había limitado la medida de gracia en los casos de malversación con enriquecimiento personal y terrorismo. El juez número 6 de la Audiencia Nacional desempolvó un viejo caso, la actuación de un movimiento sin articulación ni estructura, al que se llamó Tsunami Democràtic, que, según los jueces de Madrid, lideró las protestas en contra de la condena del Supremo a los dirigentes soberanistas.
García Castellón insistió en que Tsunami había cometido “actos terroristas” argumentando la muerte de un ciudadano francés durante el bloqueo de las terminales del aeropuerto de El Prat a pesar de que la instructora de L´Hospitalet, que se encargó de las actuaciones judiciales, los sanitarios que atendieron a la víctima, y los Mossos manifestaron, en los correspondientes atestados, que había fallecido de un ataque al corazón por causas naturales. Incluso invitó a los familiares, residentes en el país vecino, a personarse en la causa. Al final, el caso se archivó por un defecto de forma. El objetivo de García Castellón, por cierto, muy bien visto por sus superiores de la sala de Lo Penal del Supremo, se quedó en nada y los imputados, Carles Puigdemont y Marta Rovira, exculpados.
García Castellón, ya jubilado, ha vuelto a la carga. Y ahora rompe una lanza en favor de un compañero, el titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en el caso Begoña Gómez. Dice que está sufriendo una “persecución política. Me da mucha pena porque está absolutamente solo y, por lo tanto, me imagino lo que puede estar sufriendo. Es un caso evidente de acoso". Y no contento con esta manifestación denuncia una “campaña de destrucción contra los jueces”. No entiende que se recurra a la palabra “lawfare” cuando lo que se quiere decir tiene una denominación penal, la prevaricación.
El regreso al futuro del juez García Castellón no se esperaba. Todo parecía indicar que se olvidaría de la actividad pública. Lo que no se contaba es con la posibilidad de que intente reivindicar un lugar en la política. Por supuesto en el Partido Popular. Ahora lo puede hacer, ya no está sujeto a la disciplina del poder judicial. Pero no debe olvidar que la sociedad le tiene encasillado en ese mundo.